La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibirá una denuncia de las centrales sindicales de Costa Rica contra el gobierno por intervenir el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), una empresa estatal del sector portuario en la región de Limón, en el Caribe.

El gobierno del presidente Oscar Arias impuso una nueva directiva para facilitar los planes de privatización de los puertos de Limón. “Que por ser el Estado costarricense contumaz violador de las libertades sindicales, e incumplidor en la aplicación de la Declaración de los Derechos Fundamentales en el Trabajo, se le suspenda toda asistencia, hasta tanto no demuestre un cambio de conducta, respecto a la aplicación efectiva de normas internacionales del trabajo”, dice la declaración enviada a OIT.

Pero los trabajadores no van a esperar una decisión de la OIT. La lucha sigue por la autonomía sindical. El viernes, hubo una victoriosa asamblea general con 300 personas, más numerosa que una reunión de trabajadores afines a los planes del gobierno donde se designó una nueva directiva. El encuentro se hizo por la tarde, contra la orden del gobierno para no participar de la asamblea.

Además del golpe contra la directiva del sindicato, el gobierno ofertó en enero el pago de 137 millones de dólares a los trabajadores con el fin de privatizar los dos puertos del Caribe, Moín y Limón.