En las últimas semanas, 259 trabajadores de las cuatro sucursales de la Petroecuador fueron despedidos bajo la figura de la “despido intempestivo”, y se suman a los 300 trabajadores que ya habían sido despedidos por la empresa, desde el inicio del mandato del presidente Rafael Correa.

La Marina, que se hizo cargo de la dirección de la empresa, garantiza que esos despidos se deben a un proceso de “depuración”, ya que se está realizando un plan de restructuración de la Petroecuador, alegando que los trabajadores despedidos no poseen el “perfil” para la actividad que desempeñan.

Sin embargo, ¿qué perfil pueden tener los señores de la Marina para asumir la dirección de una empresa cuya actividad es extraer, industrializar, transportar y vender petróleo?

Para tener una idea de la magnitud de los despidos, basta observar que en las cuatro sucursales de la Petroecuador trabajan cerca de 5.700 trabajadores. Esos despidos constituyen aproximadamente 10% del total.

Son casi 600 trabajadores despedidos, sin ninguna argumentación técnica, ni jurídica, bajo la figura del “despido intempestivo”. Eso constituye una política del gobierno para acabar con la organización sindical en el sector público, sobre todo en la Petroecuador, ya que entres estos 600 despedidos están dirigentes sindicales de las cuatro sucursales de la empresa. Quieren eliminar dentro de la empresa la objeción contra la privatización y la entrega de campos de explotación a las compañías extranjeras.