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| Otra activista baleada en Ciudad Juárez |
| Escrito por Cecilia Toledo |
| Martes 17 de Enero de 2012 00:41 |
¡Inmediato castigo a los agresores de Norma Andrade! Pero el gobierno mexicano, sin ningún pudor o vergüenza por cargar a cuestas a ese símbolo mundial del desprecio por las mujeres, insiste en decir que Norma sufrió fue víctima de un inocente intento de robo. ¡Querían robar su carro! Pequeño detalle: el carro de Norma era un Ford Escort de 1990, viejo y sin ningún valor comercial.
Pidió protección, pero no se lo dieron
Norma Andrade salía del trabajo el pasado 2 de diciembre, cuando fue alcanzada por cinco tiros en el tórax y en el hombro, disparados por un supuesto grupo de delincuentes. Ella es una de las fundadoras y dirigentes del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que denuncia a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Ella está hospitalizada en estado grave. Ciudad Juárez, de 1,3 millones de habitantes, en el Estado de Chihuahua, es considerada una de las ciudades más violentas de México, justamente porque está cerca de la frontera con Estados Unidos. La ciudad fue conocida en la década de los 90 justamente por los constantes ataques a las mujeres, la mayoría de ellas jóvenes trabajadoras de las maquilas. La policía atribuyó el ataque a un intento de robo, pero Norma ya venía siendo perseguida hace días, lo que comprueba que la versión de la policía no corresponde a la realidad. Ante el agravamiento de la situación, Norma había solicitado, hace una semana, un pedido de protección a la policía, que no hizo absolutamente nada para protegerla y ella acabó siendo baleada.
¿Quién es Norma Andrade?
Norma Andrade se convirtió en activista de los derechos de las mujeres después del secuestro y asesinato, en febrero del 2001, de su hija Lilia García, de apenas 17 años, por supuestos narcotraficantes. El crimen jamás fue investigado. Ella es, también, madre de Malú García, directora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Bajo constante amenaza, Malú es obligada a vivir exiliada con sus hijos en la capital mexicana; ella tomó esa opción después de recibir amenazas de muerte por parte de los cárteles de la droga y de que su casa fuese incendiada por hombres armados. La organización que ella dirige viene denunciando insistentemente, ante las autoridades de Chihuahua, la existencia de una red de tráfico de adolescentes ligada al cártel de Juárez. Hace poco más de una semana, Malú también solicitó un pedido de protección policial para ella y su familia.
La policía de Chihuahua confirmó que la madre de Malú, Norma Andrade, había recibido varios tiros cuando salía del trabajo y atribuyó el ataque a una tentativa de robo del carro en que ella se encontraba. Sin embargo, su hija Malú garantizó que el ataque fue un verdadero intento de asesinato por parte del crimen organizado. "La agresión fue intencional y los responsables son los mismos que me amenazaron y están ligados al cártel de Juárez", dijo ella. Malú también esclareció que el carro de su madre, un Ford Escort de 1990, es viejo y de poco valor.
Maquilas, inferno para las mujeres
Desde los años 90, se han realizado ciento de campañas para que el gobierno mexicano resuelva la situación de violencia en la región. Innumerables activistas fueron asesinadas, se han escrito muchos libros, se realizaron filmes con artistas famosos, surgieron varias organizaciones para defender a las mujeres, entran a la justicia varios procesos. Pero de nada sirvió.
En aquella época se vivía el boom de la feminización del trabajo, con la invasión de multinacionales, sobre todo de la industria de confecciones, en los países centroamericanos y en México, que ofrecían empleos precarios a mujeres jóvenes que trabajaban en un régimen de semiesclavitud. En uno de esos libros, escrito por una de las abogadas que trabajan en el caso, se dice que “Ciudad Juárez es un lugar donde abundan las maquiladoras, que consiguen mano de obra barata, principalmente de mujeres jóvenes, sin otorgar ningún tipo de seguridad social. Una ciudad en la cual los flujos migratorios y el boom de las maquiladoras, en las décadas de 1970 y 1980, contribuyeron a un crecimiento espectacular de la población fronteriza, en asentamientos irregulares, en especial de población femenina”. (Diana Valdez, Cosecha de Mujeres).
El gobierno, en la época de Vicente Fox, hacía campañas de propaganda afirmando que su gobierno estaba ampliando la oferta de empleo para las mujeres. Pero, el hecho es que las maquilas se convirtieron en un inferno para ellas. Ante la falta absoluta de opción mejor, ellas sirvieron de única alternativa de trabajo para mujeres jóvenes, obligadas a soportar una explotación brutal, trabajando largas jornadas y siendo constantemente asediadas y violentadas por los capataces y políticos de la región. También eran comprometidas en el tráfico de drogas y redes de prostitución, que son comunes en la región de frontera, entre México y Estados Unidos. Cuando resistían, las jóvenes eran asesinadas y sus cuerpos aparecían mutilados en un terreno baldío; otras, simplemente, desaparecían, sin que nadie supiese nunca su paradero.
El resultado de eso es que, en su informe del 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que 260 mujeres estaban desaparecidas y, entre 1993 y el 2004, fueron cometidos 440 homicidios en la región. Ante tamaño escándalo, el gobierno mexicano, incluso, se conmovió, permitiendo, además, que el propio FBI participase de las investigaciones. Pero, curiosamente, nada se “descubrió”. El hecho es que todos los descubrimientos hechos por los abogados encargados llevaron a nombres de políticos poderosos, lo que hizo que todo fuese rápidamente encarpetado y nadie salió castigado.
Muchas madres de familia se convirtieron en activistas para exigir informaciones sobre sus hijas, para exigir del gobierno castigo a los responsables y, también, para luchar por el fin de esa situación en Chihuahua. Para impedir que llegasen a los verdaderos culpables, esas activistas se convirtieron en el blanco preferencial de los criminales, sin que el gobernador de Chihuahua, César Duarte y, tampoco el presidente de México, Felipe Calderón, muevan un dedo para hacer una investigación seria y castigar a los culpables, justamente porque eso alcanzaría, fatalmente, a los todopoderosos policías y autoridades “antidrogas” norteamericanos.
Como dice Maristela Ortíz, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa: “todos los días desaparecen mujeres en Chihuahua y nunca más se tienen noticias de ellas. A menos que sus raptores decidan hacer que aparezcan, con sus cuerpos sin vida, con claras evidencias de haber sido brutalmente torturadas y asesinadas, violadas de manera tumultuosa y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas. La desesperación y el miedo de las familias de vivir en esa inseguridad, al ver a sus hijas salir de casa sin saber si van a regresar, no son motivo suficiente para que alguien ponga un freno a esa situación.
Hasta hoy, esos crímenes están impunes y nadie está buscando a las mujeres desaparecidas. Los asesinatos y desapariciones continúan, sin que los responsables aparezcan. Llamamos al gobierno a tomar alguna previsión y dejar de continuar ignorando que en esta frontera ocurre algo sumamente grave”.
En los últimos dos años, cinco activistas fueron asesinadas por el crimen organizado y doce abandonaron el país, según la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua. El caso más reciente fue el de Susana Chávez, poeta y activista, creadora del lema Ni una más, para protestar contra los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, más de 500 desde 1993, la gran mayoría está impune. Susana Chávez fue violada, mutilada y asesinada el 11 de enero del 2011, por tres hombres, uno de ellos menor de edad.
Un mes antes, Maristela Escobedo, fue asesinada ante la sede del gobierno de Chihuahua. Ella estaba allí para pedir justicia por la muerte de su hija, cuyo asesino confeso fue liberado por los jueces. Otro caso que sacudió a Ciudad Juárez fue el de Josefina Reyes, que había sido alcaldesa de un municipio vecino a Ciudad Juárez. Considerada una militante de izquierda, Josefina participaba de la lucha contra la violencia a las mujeres hace más de veinte años y fue ametrallada por un grupo de hombres en una calle próxima a su casa. En noviembre del 2010 le tocó a Flor Alicia Gómez, de la organización Justicia para Nuestras Hijas, aparecer violentada y asesinada.
La participación de la DEA
Esos crímenes, que permanecen impunes, tienen relación directa con la situación explosiva que existe en la región, dominada por los traficantes de drogas y donde la DEA (Agencia norteamericana de Combate a las Drogas) tiene tránsito libre. La estrategia norteamericana es infiltrar agentes disfrazados, con millones de dólares y armas pesadas, entre los traficantes, como forma de descubrir cómo las organizaciones criminales mueven sus recursos.
Ese tipo de política no ha ayudado en nada a reducir la violencia y el poder de los traficantes. Por el contrario, amplía y fortalece la impunidad, el poder del tráfico, con dinero y armas, contribuyendo al aumento de la violencia en la región. La ineficacia de esa política de la DEA de infiltrar agentes entre los traficantes, para descubrir su paradero y su accionar, ya quedó clara en otros países, como fue el caso de Colombia, donde se comprobó que la mayoría de los traficantes son ex policías infiltrados por los norteamericanos.
De hecho, se está generando el efecto contrario: una situación de extremo poder en manos de los cárteles, que pasan a contar, también, con el dinero, las armas y los propios agentes infiltrados por la DEA que, al revés de combatirlos, acaban, en realidad, incorporándose al tráfico.
La clase trabajadora necesita sumarse a esa lucha
Es necesario exigir del gobierno mexicano la inmediata solución para ese problema. Y eso tiene que comenzar por la investigación rigurosa de esa serie de crímenes que vienen ocurriendo y su ligazón con los cárteles. Al mismo tiempo, las mujeres activistas, familiares de las víctimas y la clase trabajadora mexicana, de conjunto, no pueden depositar su confianza en el gobierno de Calderón, que permite que el gobierno norteamericano, con la coartada que sea, coloque armas y dólares en manos de los traficantes. También no pueden confiar en un gobierno que militariza la región y pone al ejército en las calles, poniendo en riesgo a los trabajadores en sus luchas, en tanto deja que los verdaderos asesinos actúen libremente.
Si la clase trabajadora entra con peso en esa lucha, tendremos más condiciones de revertir el poder de los narcotraficantes. Por eso, es fundamental que los sindicatos de trabajadores se unan a las entidades feministas para exigir, del gobierno, la expulsión de los agentes de la DEA que violan la soberanía del país y dar un combate riguroso contra los cárteles. Es necesario fortalecer la lucha en defensa de los derechos humanos en México y de la vida de las mujeres que vienen siendo amenazadas por el tráfico. Y eso tiene que comenzar acabando con la impunidad en el país, poniendo en la cárcel a los agresores de Norma, no sólo porque otras mujeres pueden aparecer muertas en cualquier momento, como la propia Norma puede ser asesinada en el hospital en que está internada.
Traducción: Laura Sánchez 
 
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