Desde el Partido de los Trabajadores (PT) condenamos la aprobación en el senado del proyecto de ley “antiterrorista” presentado por Fernando Lugo.

La propuesta luguista, que la derecha rancia aprobó “a las corridas”, no es otra que aquella que fuera derrotada por las masivas movilizaciones durante los mandatos de González Machi y Nicanor Duarte y que se enmarca en las exigencias del imperialismo norteamericano sobre el supuesto “combate al terror” post 11 de septiembre del 2001.

 

El proyecto de ley, que ahora deber ser tratado en la cámara de diputados, establece duras penas por “actos terroristas, asociación terrorista y financiamiento al terrorismo” que van desde 5 a 30 años de cárcel.

 

La definición de “acto terrorista” sería establecida como toda acción realizada con el “fin de infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. No es difícil advertir que, con este criterio, cualquier juez podría catalogar de “obligar o coaccionar” a cualquier manifestación social. Entre los delitos que “infunden terror”, por ejemplo, se encuentran aquellos contra “la seguridad de las personas en el tránsito” o “contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles”. Un corte de ruta, la toma de una fábrica o un acto frente a alguna “instalación imprescindible” serían fácilmente penados como “actos terroristas” y los miembros de las organizaciones podrían ser encarcelados por “asociación terrorista”.

 

Como se afirma en la nota remitida al senado en fecha 6 de mayo 2010 y que el PT firma con otras organizaciones: “La definición del crimen de Terrorismo que adopta el proyecto de ley, infringe el principio de legalidad penal (…) pues deja al arbitrio de los jueces determinar cuándo un hecho es terrorista”.  (…). De este modo, conductas tan simples como una manifestación o una marcha de protesta, si el juez así lo considera, puede ser declarada como terrorista. (…). La redacción facilita la interpretación discrecional del derecho utilizado por los sistemas autoritarios para perseguir a sus enemigos políticos e ideológicos, violando el principio de legalidad”.  

Considerando el carácter burgués del Estado, es decir con su gobierno a la cabeza y las demás instituciones como el parlamento y el poder judicial al servicio de la minoría y en contra las mayorías, el peligro para las organizaciones del pueblo trabajador es extremadamente grave.

 

Sin duda estamos frente a un grado muy superior de criminalización de las luchas sociales. Y todo bajo el manto del bendito “estado social de derecho”, que puede tener una apariencia algo más “blanda”, pero que está siempre ajustable en lo represivo en función de intereses y correlaciones de fuerza.

 

El contexto en el que se otorga media sanción a esta ley está marcado por un decidido ajuste de tuerca en materia represiva de parte del gobierno de Lugo-PLRA y la derecha tradicional en el Congreso. En cinco departamentos del país recientemente Lugo declaró estado de excepción al más puro estilo de la dictadura militar de Stroessner y anunció sus intenciones de promover la modificación de la Ley de Defensa, a fin de que los militares puedan estar presentes en las calles con armas de guerra sin necesidad de declarar estado de excepción. Todo esto sin contar el abierto proceso de colombianización de las fuerzas represivas, acuerdo firmado con Uribe mediante, y el reciente anuncio de la embajadora norteamericana de que una brigada de militares yanquis irán a Concepción en “misión humanitaria” por pedido expreso del gobierno.

 

Un lobo vestido de cordero

 

El hecho de que el gobierno de Lugo-PLRA logre aplicar con relativa facilidad medidas claramente neoliberales o represivas, se debe en gran medida a la confianza y el apoyo que tiene de amplios sectores populares y las izquierdas luguistas, como los integrados al Frente Guasu.  

 

Anteriores gobiernos colorados, “gobiernos burgueses normales”, no consiguieron imponer tales medidas represivas, como esta ley “antiterrorista”, debido al rotundo rechazo organizado de las masas. La historia enseña que esta una de las nefastas características de los llamados gobiernos “progresistas”, el “hacer pasar” medidas contra el pueblo trabajador que los otros gobiernos burgueses normales no pudieron.

 

Los servicios prestados a la derecha y a la clase dominante por el presidente Fernando Lugo son inmensos e inestimables. Sin embargo, su defensa de la ley terrorista es una de las muestras más elocuentes de su carácter burgués y pro-imperialista que se esconde tras ciertas apariencias “progresistas”.

 

Lugo utiliza y humilla a la izquierda

 

El hipócrita consumado de Lugo, hace el gesto de retirar el proyecto de ley “antiterrorista” el día de los DDHH, pero lo vuelve a presentar semanas después.

 

Se llena la boca de un “proceso de cambio”, de un “nuevo Paraguay” y de la “profundización de la democracia” en el acto del 20 de Abril y días después declara estado de sitio y militariza el norte.

 

Sus seguidores dentro de la izquierda, los Richer, Belarmino, Aguayo, Rocío y el PCP, ya han tragado varios sapos. Ya han bebido hieles. ¿Hasta cuándo veremos a estos y otros conocidos dirigentes de izquierda haciendo tan triste como lamentable papel?

 

Muchos compañeros y compañeras se sienten decepcionados por los rumbos del gobierno. A estos compañeros/as les decimos que es preciso dar un paso adelante y que toda la izquierda le retire su apoyo a Lugo y que unidos construyamos un “tercer espacio” con independencia de clase y en oposición a los planes represivos y neoliberales del gobierno y la derecha tradicional (colorados, oviedistas, patriaqueridistas).

 

No es posible apoyar a un gobierno que reprime, colombianiza, declara estado de sitio y promueve leyes que ya fueron rechazadas por las luchas populares a costa de muertos y heridos.

 

Hay que evitar la aprobación de la ley “antiterrorista”

 

Es urgente, a fin de evitar la aprobación de esta ley terrorista y pro-imperialista, que todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, estudiantiles, de DDHH y los partidos de izquierda podamos articular protestas conjuntas en el marco de la más amplia unidad de acción.

 

Sólo con la fuerza de la unidad será posible volver a derrotar los planes del gobierno, del Congreso y de la embajada norteamericana como en el 2002 y en el 2005.

 

 Comité Ejecutivo

 

Asunción, 7 de mayo de 2010

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