Pocos días antes de cumplir siete meses de injusto encarcelamiento el dirigente minero Pedro Condori salió libre, pero ahora para vivir a salto de mata porque debe afrontar otra injusta orden de captura. 

El caso Condori ha sonado internacionalmente porque es el mayor abuso y violación contra las libertades sindicales que se comete en el Perú, y ha motivado múltiples pronunciamientos de organismos de derechos humanos, personalidades y organizaciones sindicales de diversos países.

Acusado sin prueba de “homicidio culposo” por el solo hecho de ser el más alto representante del Sindicato cuando en circunstancias de una paralización de protesta se produjo la muerte accidental de un oficial de la policía, es más, y yendo contra de toda evidencia porque Condori en el momento que se produjo el trágico suceso se encontraba reunido con las autoridades de Trabajo en Lima, el dirigente fue detenido y permaneció largamente encarcelado como una represalia de claro tinte antisindical.

Después de 200 días y ante la contundencia de los hechos y la presión internacional, el 27 de marzo el juez resolvió su libertad. Sin embargo, Pedro no puede transitar libremente ni retornar a su centro de trabajo, en Minera Casapalca, porque se ha dictado otra abusiva orden de detención contra él y otros siete dirigentes del Sindicato.

Esta vez se lo acusa del “bloqueo de la Carretera Central” que habría ocurrido en setiembre del 2009. En realidad no se trató de ningún bloqueo sino de una manifestación espontánea de protesta de los trabajadores en rechazo a una provocación montada por la empresa que había infiltrado a uno de sus agentes dentro de una reunión obrera, con cámara filmadora y armado de una pistola. El hecho indignó a los obreros que lo detuvieron, se manifestaron y entregaron al sujeto con los bienes incautados a la policía, y ahí terminó todo.

La denuncia obrera fue archivada y en cambio los agresores --la patronal— hicieron una denuncia que si fue aceptada con el beneplácito de las autoridades. De este modo la patronal busca extender la detención de Condori y librarse de su liderazgo sindical que es incómodo para mantener sus políticas de abuso, las mismas que la han llevado hasta a ser expulsada del gremio empresarial minero. Con el mismo cargo ya fue detenido el dirigente Antonio Quispe Tamayo el 22 de marzo, quien permanece recluido en el Penal San Jorge de Lima.

La acusación de “bloqueo de la carretera” se ampara en las normas que el gobierno ha dictado para criminalizar las luchas obreras y populares en un intento por frenarlas, y es un embuste más que utiliza la patronal para seguir impidiendo el ejercicio de la libertad sindical en esta base minera.

La causa de Pedro Condori y la de sus compañeros es llevada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y demanda mantener viva la solidaridad más amplia de las organizaciones sindicales y populares del Perú y del mundo.

¡Basta de persecución al dirigente Pedro Condori! ¡Libertad para Antonio Quispe!

Pronunciamientos a:

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