El cuarto de hora de un gobernante que ordena matar y reprimir a un pueblo en su empeño por entregar el Perú al imperialismo y a los explotadores

Una gigantesca movilización recorrió el país entero el jueves 11 de junio en el marco de un llamado a la solidaridad con la lucha indígena y en repudio al gobierno de Alan García responsable de los hechos de sangre producidos en Bagua, región amazónica del nororiente peruano.

La imponente movilización fue acompañada de paros en Yurimaguas, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Apurimac y otras localidades, y abarcó a amplios sectores campesinos y populares, sobre todo de la juventud universitaria, conmovidos por la masacre perpetrada por García contra indefensos indígenas en lucha desde hace 60 días en protesta contra diez decretos que afectan la soberanía sobre sus tierras y su medio ambiente.

En Lima la marea humana intentó llegar a Palacio de Gobierno, pero fue impedido por un verdadero ejército policial que prácticamente selló el ingreso al centro y repelió con una lluvia de bombas lacrimógenas produciendo heridos y detenidos, en un hecho que trajo a la memoria de muchos la gran marcha de los "Cuatro Suyos" (en alusión las cuatro regiones en que se dividió administrativamente el antiguo imperio incaico) que en julio del 2000 enfrentó la re reelección del dictador Fujimori iniciando con ella el fin de su régimen.

Mientras el pueblo desahogaba su indignación en las calles, en Palacio el gobierno recomponía su gabinete en un afán por mostrar que acá "no pasa nada", y en el Congreso la espuria mayoría de derecha: Apra, Fujimorismo y Unidad Nacional, votaba la suspensión por 120 días de siete congresistas opositores del partido nacionalista que protestaban contra la decisión no menos arbitraria, de declarar en "suspenso", y no derogar, los decretos cuestionados por los indígenas.

García retrocede, pero mantiene la pierna alzada

La masacre de Bagua desató la indignación popular, indignación ya incubada por los 200 mil despidos que se han producido desde que se inició la crisis, el congelamiento de los sueldos y salarios que ubican a estos como uno de los peores del continente, la privatización de los puertos, la privatización del agua y la violentación, también con el mismo propósito de entregarlas a las multinacionales, de las tierras de las comunidades campesinas. Bagua fue la gota que colmó la paciencia de un pueblo cansado de tanto atropello e impunidad, de un pueblo mestizo y originario que sintió en carne propia el dolor y sufrimiento propinado contra sus hermanos de la amazonía.

Ante estos hechos una Cumbre Amazónica declaró la huelga indefinida desde el 11 de junio, y el "Frente por la Soberanía y la Vida", formado en solidaridad con la lucha amazónica por todos los organismos sindicales y populares, convocó para la misma fecha una jornada nacional de lucha. Claramente se venía venir una oleada que amenazaba rebasar el control de los dirigencias y de las propias fuerzas represivas, poniendo en verdadero riesgo la estabilidad y continuidad del mismo gobierno.

Para evitarlo, el gobierno se vio obligado a dar un paso atrás. En las horas que siguieron a la masacre de Bagua el gobierno el había desplegado una amplia campaña denunciando a los indígenas como "salvajes" y "criminales", y desató una cacería de brujas, entre ellos contra el dirigente indígena Alberto Pizango quien se vio precisado a asilarse por el riesgo que corría su vida, y dispuso un mayor despliegue represivo, tensando más la situación. Para ello incluso se valió de avisos pagados donde sin importarle la sensibilidad humana mostraba los restos de los policías muertos, a fin de restarle importancia a la masacre de los indígenas y de colocar a la opinión pública contra ellos. Pero ya nadie escuchaba a un gobierno prepotente y abusivo.

Ante la inevitabilidad de una convulsión social, desde los gremios patronales y sus partidos de derecha se presionó al gobierno por un retroceso ordenado. De este modo mostró la cara la verdadera alianza que gobierna el país: el APRA, el Fujimorismo y la derechista Unidad Nacional. La triple alianza decidió aprovechar su espuria mayoría parlamentaria para decidir nuevamente de espaldas al pueblo, la "suspensión" de los decretos de marras, y para que se abriera el "diálogo" con los representantes indígenas a través de mediadores de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. Demás está decir que la "suspensión" mantiene pendiente como una espada de Damocles las normas que atentan contra los derechos de la amazonía. Además, los cuestionados decretos que son productos del autoritarismo, llevan la carga de 33 vidas humanas y decenas de heridos.

La medida por supuesto no satisfizo a nadie y fue tomado más bien como una nueva burla del gobierno, y enardeció más a los indígenas en huelga y a los sectores populares que salieron a manifestarse con más rabia al día siguiente.

Las razones de fondo

En realidad el gobierno dio un paso atrás pero mantuvo la pierna alzada. Han continuado las amenazas represivas, la intimidación contra dirigentes y Bagua está sitiada por tropas del ejército. El eje del discurso oficial sigue siendo acusar a los indígenas como responsables del baño de sangre, como enemigos del diálogo, como ignorantes. Alan García ha dicho recientemente, reiterando una vez más su particular visión excluyente del mundo indígena y popular: "qué se creen esos, ¿ciudadanos de primera clase?". La esencia de su política de rematar al país entero y sus recursos naturales están expuestos en tres artículos de su autoría ("El síndrome del Perro del Hortelano") donde basándose en el concepto de que ".hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos", propicia la entrega de la amazonía a las multinacionales del petróleo y del gas; la tala masiva de bosques, y propicia la concesión de territorios amazónicos para la industria del etanol, el negocio del siglo. El gobierno se ufana de haber lotizado y concesionado el 70% del territorio amazónico, el llamado pulmón del mundo, para estas lucrativas actividades, en momentos que la humanidad atraviesa la más grave crisis ambiental de su historia. Y va por más, mientras las comunidades indígenas tan al igual como los obreros y pobladores de las grandes ciudades, siguen mordiendo la miseria día a día.

Lo que está en juego, entonces, es la derrota de esta política al servicio de las multinacionales del petróleo, el gas y también la minería, y sus planes de seguir saqueando nuestros recursos naturales aun a expensas de la destrucción del medio ambiente, cuyos intereses encarna y defiende el gobierno aprista y sus aliados de la derecha. Que este es un gobierno servil y que los que mandan son las multinacionales lo vemos también claramente en el caso de Doe Run, una importante metalúrgica que acaba de cerrar sus operaciones y dejar en la calle a 3 500 trabajadores, simplemente como chantaje para que el gobierno le permita postergar (una vez más) la remediación de los daños ambientales que producen sus operaciones en la ciudad de La Oroya, la quinta ciudad más contaminada del planeta.

Esta política desnuda la esencia autoritaria y represiva del régimen cuando tiene que lidiar o responder a la resistencia obrera y popular. A García, denunciado por la Comisión de la Verdad por cometer genocidio durante su primer gobierno, no le tiembla la mano cuando se trata de ordenar tirar a matar contra la población que lucha. Para ello promulgó un decreto que a la letra garantiza impunidad para sus autores directos: "se encuentra exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte." (D.L. 982).

¿Qué pasó en Bagua?

Informes de todo tipo se entrecruzan respecto a lo que ocurrió en Bagua el fatídico viernes 5 de junio. Primero corrió la denuncia de decenas de muertos indígenas cuyos cuerpos flotaban en el río Marañón y de otros tantos cuyos restos yacían en los montes, y de importantes bajas en la policía. Luego de varios días de indagación hoy varias fuentes coinciden en señalar como saldo a 23 policías muertos y uno desaparecido, y a 9 entre nativos y civiles, además de decenas de heridos de bala y desaparecidos. El "saldo" es presentado por el gobierno como la "prueba" de que las verdaderas víctimas fueron las fuerzas del orden, y no la población como se ha denunciado ante la consternación del mundo, para seguir desacreditando la lucha amazónica. Sin embargo, tendrían que explica cómo una población que sólo disponía para defenderse de palos y piedras puede ocasionar tantas bajas a un cuerpo especial de la policía y armado hasta los dientes? Es "normal" que siempre las bajas se produzcan en un solo frente, en el lado de los que luchan, y no en el lado de las fuerzas represivas, y menos en la magnitud que se ha producido. Han hablado de terrorismo y hasta de narcotráfico, pero son burdas mentiras.

Pero antes hay otra pregunta: ¿Quién ordenó la represión? Alan García en persona, desesperado porque no lograba acabar con la huelga y ante el advenimiento de otros conflictos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió la matanza, el abaleamiento y la persecución de los cientos que ocupaban la Curva del Diablo. Ahí están los muertos y los heridos, el sentimiento de impotencia y la desesperación que aún embarga a la población de Bagua. Sin embargo, ocurre que los indígenas tenían retenidos a 38 policías en la estación Nº 6 del Oleoducto de Petroperú ubicada a  diez minutos del lugar de los acontecimientos, desde hace varias semanas. Eso lo sabía el gobierno. Al ordenar la represión en los hechos lo que hizo fue entregar a estos policías como carne de cañón a los nativos que, al enterarse de la matanza de sus hermanos, obraron en venganza. Desde algunos sectores se acusa al gobierno de absoluta ineficiencia en este operativo, nosotros simplemente pensamos que era una manera justificar después la matanza de los indígenas. En cualquier caso lo que salta a la vista es que el único responsable de estos hechos de sangre que también enlutan a humildes familias de policías configurando una carnicería fratricida, es el gobierno de García.

¿A dónde vamos?

Se abrió en el país una situación de extrema polarización política y social. El gobierno da medio paso atrás para burlar la demanda de los indígenas y mantener su ofensiva contra los sectores obreros y populares, y el movimiento obrero y popular, por su lado, además de haber hecho suyo la exigencia de derogatoria de los diez decretos de la selva, hoy hace carne de la demanda de que se vaya García. Las condiciones para una huelga general que lleve a la derrota definitiva y destitución de García, crecen. El problema es que la dirección del movimiento de masas, la Coordinadora Política Social, CPS, que es una alianza de la burocracia sindical que dirige la CGTP, y los viejos partidos de izquierda (PC y Patria Roja) con el partido de Ollanta Humala, hacen todos los esfuerzos por desmontar la movilización para buscar un acuerdo con el gobierno. Desde la CGTP, por ejemplo, durante los 60 días ellos dejaron a su suerte la huelga indígena, solo reaccionaron después de los hechos de Bagua. Pero aún ahora que el gobierno responde ofensivamente su orientación es mediatizar la lucha y sus objetivos. En la jornada del 11, por ejemplo, brillaron por su ausencia los emblemáticos gremios que dirigen: Construcción Civil y el SUTEP (magisterio), y ahora han programado el tantas veces anunciado Paro Nacional, pero para el 8 de julio, cuando la lucha está en ascenso y en momentos en que la poderosa Federación Minera anuncia el inicio de una nueva huelga general el próximo 15 de junio. Sus pretextos de siempre: "no hay condiciones", "hay que acumular fuerzas" solo sirven para encubrir su política conciliadora que va a contramano de la disposición de lucha y la aspiración de amplios sectores populares.

En coherencia con esta política la CPS, y Mario Huamán y Ollanta Humala, demandan: "Que renuncie el premier Yehude Simon", al que apoyaron y saludaron con efusividad desde el primer día que fue nombrado por su pasado izquierdista. Simon es apenas una pobre figura sacrificada en nombre de García, que es el genocida, además de ladrón, y el responsable de la barbarie a la que está siendo empujado el país. ¿Paz? Por supuesto. Los trabajadores, los campesinos y la juventud desean paz y tranquilidad. Los violentistas están en Palacio que son los que ordenan disparar contra el pueblo, los que oprimen, explotan y sumen en la pobreza extrema a millones de peruanos para llenarle el bolsillo a unos cuantos capitalistas y depredadores. Queremos paz, pero no habrá paz mientras en palacio siga el genocida de García. Todos sienten que así como ayer produjo la masacre de Bagua mañana hará lo mismo con los que salgan a luchar. Por eso la demanda general es que se vaya. La posición de la CPS y de Ollanta Humala se explica porque no quieren hacer "mala nota" ante la burguesía y las multinacionales con cuyo consentimiento aspiran a llegar a Palacio, respetando el calendario electoral del 2011 aun cuanto se haga al costo de producir un mayor derramamiento de sangre.  

Hoy todo depende del curso que siga la huelga indígena. Si sigue firme es posible que la actual ola de movilizaciones siga creciendo. Los activistas y luchadores tienen el deber de extender el apoyo a esta lucha formando comités unitarios de solidaridad, como las que se han formado en varias universidades, para mantener la movilización. Los organismos regionales deben seguir el ejemplo del heroico Frente de Defensa del Alto Amazonas, declarado en huelga indefinida en apoyo a sus hermanos indígenas. Las bases del magisterio y los sectores obreros de Lima, deben realizar asambleas de base y decidir extender el apoyo. Y en el mundo, llamamos a las organizaciones sindicales y populares a mantener y extender la solidaridad que han comenzado a desarrollarse en muchos países para aislar completamente al gobierno de García.

Pero sobre todo significa que el Frente Por la Soberanía y la Vida y en particular la CGTP que tiene en él la principal responsabilidad, trabaje de manera decidida por un plan de lucha que amplíe la actual movilización en la perspectiva de hacer del 8 de Julio una verdadera huelga general que definitivamente ponga fin al nefasto gobierno de Alan García.

Si vamos a seguir con el paralizante discurso de la burocracia sobre la ausencia de condiciones, definitivamente no avanzaremos en ese camino sino se le dará oxígeno al gobierno y se mediatizará los alcances de la actual lucha que debe tener como objetivo fundamental "¡Fuera García, ladrón y genocida!", para despejar el camino para el triunfo de las reivindicaciones obreras y populares.

Partido Socialista de los Trabajadores - PST

PERÚ, Lima, junio 12 del 2009