A raíz del sangriento "baguazo" que dejó 34 muertos, decenas de desaparecidos y otros tantos heridos en la mayor masacre de los últimos tiempos, y ante la grave crisis que abrió en el país, una vasta propaganda promovido desde Alan García hasta nuestro "laureado" escritor Mario Vargas Llosa y todos los medios de prensa burgueses, pretenden explicar lo ocurrido y hasta lo que hay detrás de la más pequeña manifestación que se sucede en el país, como producto de la existencia de "intereses extranjeros" asociados con agitadores locales. El plan sería "derrocar" a García para luego encumbrar en el poder a Ollanta Humala (como ocurrió con Sánchez de Lozada el 2003).  

El ala "izquierda" de este sector, que de pronto descubrió que en nuestra selva existía un mundo indígena con culturas y lenguas propios capaz de hacer valer sus derechos y luchar hasta poner contra la pared al gobierno, asume a una posición crítica contra García y lo acusa de haber tratado "mal" el problema, y plantea como gran receta para éste y todos los conflictos que como reguero de pólvora se extiende por el país, el "diálogo" y las divinas "mesas de concertación" que hagan "inclusivos" a los marginados.

No vamos a perder tiempo discutiendo con esta sarta de cuentos y cantos de sirena que no por viejos son inocuos. Menos aún vamos a responder a la montaña de agravios lanzados desde la derecha cavernaria para quien mundo andino e indígena es visto como una horda de primitivos que traban el tren del "progreso y la prosperidad" en que, gracias a ellos, se habría convertido el país.

Acá intentamos una explicación de los hechos y del contexto nacional desde el campo del marxismo, es decir de militantes comprometidos con la lucha por el socialismo. Deseamos aportar a la vanguardia una reflexión que nos permita avanzar en la comprensión de los acontecimientos y en las tareas que se deducen de ella para así asumir con plenitud de conciencia nuestra responsabilidad y nuestro puesto de combate.

Por supuesto que acá no vemos que esté en juego los destinos electorales de Ollanta Humala ni nos preocupa, como interesadamente se acusa desde la derecha y se reconoce desde las orillas de "izquierda" que apoyan a este candidato. Acá está en juego la legitimidad de las reivindicaciones indígenas, de su problemática y de sus luchas. Y más: está en juego la continuidad del plan económico que dicta el imperialismo y que aplica servilmente García y que está trayendo horrores de miseria, explotación, saqueo de nuestros recursos naturales y ahora ríos de sangre, y que ha sido puesto en cuestión por una gigantesca masa indígena, popular y obrera que ha dicho basta.

Un giro represivo

Es ya un hecho indiscutible que se abrió una nueva situación política en torno a la masacre de Bagua. Con la orden de desalojo represivo el gobierno reveló un intento de giro autoritario (o bonapartista) en una desesperada búsqueda de restablecer el "orden" y la "estabilidad política" con balas y sangre.

60 días de huelga amazónica mantenían bloqueados las principales carreteras y ríos que comunican a la selva afectando importantes operaciones de empresas petroleras; y la propia población veía empeorar sus condiciones de vida, aunque la solidaridad con la lucha indígena mostraba ser más grande que sus propias penurias.

La huelga amazónica era la vanguardia de un rechazo más general a la contraofensiva desatada por el gobierno desde que estalló la crisis internacional en setiembre pasado: puso el pié en el acelerador del ajuste "neoliberal" y aplicó los dispositivos para la implementación del TLC, entre ellos los cuestionados decretos que atentan contra la propiedad sobre la tierra y el agua en la amazonía y la sierra para entregarlos a la voracidad de multinacionales del petróleo, el gas, la minería y el etanol, con graves implicancias sobre el medio ambiente. La selva se encuentra lotizada y concesionada en un 70%, operaban en ella 150 empresas y hay en trámite solicitudes de concesión por cuatro millones de hectáreas para destinarlos a la producción de etanol. La lucha amazónica y la de los pequeños agricultores y comunidades campesinas, era la respuesta a esta ofensiva.

A la clase obrera también se le vino inflingiendo duros golpes: "oficialmente" se reconoce el despido de más 200 mil desde el inicio de la crisis, el salario mínimo sigue congelado desde hace nueve años, los trabajadores precarizados (contratados y services) están expuestos a despidos diarios y la ofensiva patronal ha escalado más burlando la solución de pliegos y otros reclamos, mientras las ganancias capitalistas han seguido creciendo aun en medio de la "crisis". El ajuste presupuestal del gobierno afecta hasta a las madres del Vaso de Leche que han salido a protestar masivamente. Como si esto fuera poco, al segundo trimestre del año la economía muestra una contracción real de los índices del PBI y la absoluta inoperancia del llamado "Plan Anticrisis" es tal que hasta la propia patronal lo denuncia. De este modo, el gobierno, servil de los ricos, se ve en la necesidad de ajustarnos más la tuerca.

En este contexto la huelga amazónica era el desencadenante de una nueva ofensiva del movimiento popular y obrero. Su lucha ya había dado un fuerte impulso a la jornada que se realizó el 27 de Mayo, y era una presión real para que el tantas veces anunciado Paro Nacional tuviera fecha. Hasta ese momento la política del gobierno para contrarrestar la huelga había fracasado. La declaratoria de emergencia en varias regiones de la selva, la presencia de fuertes contingentes policiales y militares, la vasta campaña desatada para desacreditarla, e inclusive las "mecidas" de Yehude Simon, no solo resultaron un fracaso completo sino antes bien encendieron más la bronca de los indígenas y de la población solidaria con su lucha.

Tal era la situación que, desde el campo patronal y por diversos medios se exigía a García una acción decidida que restableciera el "orden" y que liberara las carreteras. Obviamente la derogatoria de los cuestionados decretos no estaba ni en las peores pesadillas del gobierno porque era, como alguna vez dijo García, "coronar a los indígenas" y dar pie a otros reclamos populares.

Es esta situación de conjunto la que determina la decisión del gobierno de dar un giro represivo. La masacre de Bagua sería la primera escalada de un plan dirigido a derrotar en sangre la huelga amazónica y al movimiento popular. La "Mesa de Diálogo" de Simon, a la que confusamente se prestaron algunos dirigentes actuando a espaldas de sus bases, sólo era la pantalla. La orden dictada desde Palacio se hacía jugando en pared con la espuria mayoría parlamentaria Apra-Fujimorismo-Unidad Nacional.

La orden represiva salida de Palacio un día antes del fatídico 5 de Junio no era ni podía ser una represión más de las que cotidianamente se aplica contra los que luchan. Tenían al frente a una fuerza de 2 ó 3 mil pobladores con de palos y lanzas entre los que se contaban muchos reservistas que mantenían bloqueado un largo trecho de la carretera Fernando Belaúnde, y de otros 2 ó 3 mil en la estación Nº 6 de Petroperú. Se trataba de llevar a cabo una verdadera masacre, como efectivamente ocurrió, utilizando equipamiento y planes de guerra (fusiles AKM, helicópteros, etc.). Pero el tiro les salió por la culata.

La reacción internacional y nacional

En Bagua se perpetró una verdadera masacre, una decena de muertos, nativos quemados, otros tirados al río y un sinnúmero de abaleados (aunque el balance final aun no es definitivo porque aun se reportan numerosos desaparecidos). Pero también se produjo una fuerte baja policial, la mayor de la que se tenga memoria en estos operativos: 23 muertos (más uno desaparecido), entre ellos de los oficiales a cargo de la acción. Las muertes civiles están siempre en los cálculos oficiales; nuestros muertos son "bajas" y sobre ellos no solo se echa tierra sino infinidad de agravios como lo hemos visto. Pero la gravedad de las bajas policiales no entraba en ningún cálculo, y las condecoraciones y reconocimientos póstumos no hicieron más que evidenciar la tremenda herida abierta en el frente burgués.

Esta catástrofe produce una doble reacción nacional y mundial no esperada por el gobierno. En  el mundo la reacción es apabullante: Se suceden protestas oficiales (la OTI, la OEA, la ONU, lo mismo ocurre con otros gobiernos) y se realizan numerosas manifestaciones en las embajadas y consulados del Perú en el exterior, denunciando el genocidio del gobierno peruano.  

En el país recorre una ola de repudio al gobierno y de solidaridad con lo indígenas. Los universitarios se colocan a la vanguardia. La Cumbre Amazónica reunida los días siguientes a los hechos decide iniciar una huelga indefinida en toda la amazonía a partir del 11 de Junio. La dirigencia de la CGTP, hasta ese momento haciendo la política del avestruz frente a la huelga indígena, es obligada a aceptar la unidad con AIDESEP, CNA y CCP, y forma el "Frente Nacional por la Vida y la Soberanía", que llama a realizar una Jornada de Lucha para el mismo 11.

En estas circunstancias el gobierno decide dar medio pasado atrás, y en acuerdo entre su bancada, el fujimorismo y Unidad Nacional decide suspender la aplicación de los cuestionados decretos, pero para continuar adelante en su ofensiva. Da un segundo paso cuando aplica una drástica suspensión por 120 días a siete miembros de la bancada "nacionalista" que protestaban contra la decisión arbitraria de la mayoría de no a poner en debate la derogatoria de dichas leyes.

El 11 de Junio

El 11 de Junio el país es sacudido por la Jornada Nacional de Lucha y la extensión y profundización de la bronca con el gobierno. La Selva Central se suma a la huelga, Andahuaylas y Canchis también, y se suceden nuevos bloqueos de carreteras y la toma de un aeropuerto. En Lima, considerada hasta entonces la plaza fuerte del gobierno, decenas de miles copan las calles volcando su cólera contra el gobierno e intentan ingresar a Palacio ante la impotencia de las fuerzas represivas. El gobierno es los hechos es colocado contra las cuerdas por una gigantesca movilización de solidaridad con la lucha indígena. Hasta un fuerte sector de la democracia burguesa y pequeñoburguesa (Toledo, sectores de la prensa, ONGs), asustados por el escalamiento del conflicto y ante la inminencia de una convulsión social, se distancian del gobierno y reclaman una pronta solución al problema. Encerrado en su soberbia, en un primer momento García insiste en culpar a los indígenas a quienes acusa de genocidas (por los policías muertos), mientras dispone una mayor represión. Pero este acto solo le echará más leña al fuego.

El 11 fue el día en que se jodió el gobierno. Pudo haberse convertido en una huelga general y haber propiciado su caída si realmente hubiera habido esta decisión de las direcciones. El sentimiento de las masas en las calles era muy claro: "¡Fuera García Ladrón y Genocida!" era lo que más se vitoreaba, y Andahuaylas se puso de pie reclamando claramente que se fuera el presidente. La hoguera crujía. ¿Pero quién puede esperar una decisión firme de Mario Huamán? La cúpula de la CGTP y de la Coordinadora Político Social (CPS) se opusieron tenazmente a convertir el 11 siquiera en un Paro Nacional. Y en la manifestación de ese día se negaron a sacar a los contingentes de Construcción Civil y del SUTEP que hubieran bastado para que, junto al torrente humano que había copada las calles, cercáramos Palacio y hecho posible que el cerdo de García saliera huyendo en helicóptero, como ocurriera con De la Rúa en Argentina (2001) y Sánchez de Lozada en Bolivia (2003) en procesos muy similares. No hay ninguna duda: Mario Huamán le salvó el pellejo a García.

La bronca se extendió tanto que el "Frente por la Vida", pese a la rémora de la burocracia de la CGTP, acordaba impulsar un paro para los días 7, 8 y 9 Julio. Es así que el gobierno decide retroceder derogando los decretos cuestionados, aun cuando en la forma no lo hace negociando con los dirigentes de AIDESEP, si no "dialogando" con los Apus de la Selva Central. En realidad una suerte de knock out técnico de García y un triunfo contundente del movimiento obrero y popular.

El fracaso del "baguazo"

El giro autoritario fue derrotado por el movimiento de masas que escaló a un nivel no esperado por nadie. Pero hay otro elemento que explica la profundización inesperada de la crisis, y es que la enorme baja policial y las condiciones en la que ocurrió produjeron una desmoralización general en la policía y profundizó el drama de sangre impactando en toda la población que sin duda alguna responsabilizó al gobierno del fratricidio ocurrido.

¿Pero por qué resultó un fracaso total el "baguazo"? ¿Qué ocurre que el gobierno no puede dar un giro ordenado y ejecutar un plan represivo? El "baguazo" mostró una cadena de errores que en esencia pusieron de manifiesto la crisis del gobierno y de las mismas fuerzas policiales para llevar a cabo con éxito un operativo como el que "planificaron". El problema es que quien lo intenta es un gobierno y un régimen en crisis, lo que involucra a la propia institución policial (en estos días se vocea hasta una huelga policial). El mismo Yehude Simón era producto de una crisis anterior y había ingresado al gobierno con la finalidad de poner paños fríos a los diversos reclamos con la "estrategia" del "diálogo" y las mesas de negociación. Durante 60 días de huelga el gobierno solo había mostrado impotencia, y cuando intenta el giro represivo lo hace con improvisación, como un acto desesperado y sin saber exactamente cómo medir ni controlar sus consecuencias.

Pero aún así, suponiendo que eran capaces de organizar un operativo "exitoso" (es decir, con un mínimo de bajas en su sector), tenían que haberlo hecho al costo de producir un saldo más elevado de muertes en el lado indígena, disparando a discreción como dicen los voceros de la derecha. Y esta matanza hubiera desatado una indignación aun mayor que no hubiera parado hasta la caída del gobierno, que es precisamente lo que ellos querían evitar.

El acuerdo APRA-UN-Fujimorismo también naufraga

El intento de giro autoritario se apoya en una triple alianza: APRA, fujimorismo y Unidad Nacional. Aunque el bloque ya venía funcionando garantizándole mayoría parlamentaria al oficialismo, de hecho estábamos ante un acuerdo explícito del sector más comprometido con las multinacionales, que había decidido acompañar al gobierno en darle una salida autoritaria a la crisis. Los unía el interés de defender a vida o muerte la vigencia de normas que permiten la operación y el ingreso de las multinacionales de los hidrocarburos y de la minería, y con ellos de defender la continuidad de su modelo "neoliberal", y de derrotar la huelga indígena y a los sectores populares alzados en lucha contra dichas medidas. Al naufragar el proyecto el frente se deshizo, profundizando la crisis en el bloque de derecha y al interior de sus propias componentes.

Se cierra una crisis y se abre otra

Luego de la derogatoria de los decretos de marras la lucha se ha planteado en un terreno aparentemente más difuso. El frente burgués busca reordenase en torno a la defensa del gobierno y del régimen y a la continuidad del plan económico con una política defensiva en torno a políticas de diálogo y de otros mecanismos políticos, pero colocado en la perspectiva de darle una salida a la crisis encaminando todo al proceso electoral del 2011. Todos los partidos patronales le dan con palo a García buscando capitalizar su crisis, o para que ésta no les alcance a ellos, pero no confundamos esto con el hecho de que hoy están más unidos que nunca en la defensa del régimen y del plan y en contra del ascenso de las luchas.

Como salida buscan realizará cambios en el gabinete, colocar a otro primer ministro más mecedor, reanudar sus acuerdos con la derecha, pero en esencia intentan continuar la aplicación del mismo plan y seguir golpeando al pueblo y a la clase obrera. La ministra Mercedes Araoz, muy suelta de huesos acaba de declarar que alistan otro decreto igual que el que se acaba de derogar. Un gobierno manifiestamente débil que debe hilar fino para sostener la "gobernabilidad", pero que sabe exactamente lo que quiere.

De otro lado, el movimiento popular está más envalentonado que nunca y conciente de su fuerza y de la extrema debilidad del gobierno. Desde diversos sectores demandando soluciones se declaran paros y continúan los bloqueos, en una suerte de incendio social que el gobierno sigue viendo como obra de "infiltrados", cuando en realidad hay un desembalse de demandas insatisfechas, donde todos mucha razón creen con que ha llegado el momento de ir por lo suyo.

Si bien es correcto impulsar estas luchas y sus demandas, más necesario es impulsar su centralización y unidad en torno a la solución de una plataforma de reivindicaciones. Las luchas aisladas por más relevantes que sean están mostrando un límite para alcanzar sus demandas, y pueden alimentan la sensación de caos y "violencia" que precisamente quiere mostrar el gobierno para justificar el inicio de una nueva escalada represiva. El mayor problema acá no son los sectores que salen a luchar, sino la dirigencia de la CGTP que no quiere unificar, ni centralizar ni llevar a buen término esta movilización. Es la mayor traba incluso para la clase obrera que hoy tiene la oportunidad de salir a pelear para poner fin a la embestida patronal.

La política traidora de las direcciones sufre un golpe

Es evidente que la lucha indígena no fue el producto de "agitadores" que se aprovechan de indígenas "ignorantes", como dice el gobierno, sino vino desde lo más profundo de las bases donde se siente y sufre en carne propia las consecuencias de las operaciones de petroleras que destruyen los territorios y el medio ambiente donde habitan las comunidades nativas. En el camino Ollanta Humala se montó en ella a fin de encausarla para sus propios objetivos electorales, y lo hizo teniendo como eje lograr una salida por la vía del Parlamento: Esta política se mostraría un fracaso. Es ocioso recordar que el Parlamento esta se sujeto a las órdenes de Palacio, y no podíamos esperar nada de ella si no de la lucha en las calles. Esta apuesta al juego parlamentario tuvo su epílogo lamentable en dos actos, una de cuasi comedia y otra de drama: Luego de los sucesos de Bagua a Ollanta Humala se lo comió la tierra, mostrando que cuando las papas queman se corre y no desea asumir ninguna responsabilidad y menos jugarse con las masas cuando salieron a las calles a enfrentar al genocida García. El episodio de drama lo pusieron sus parlamentarios que en medio de lloriqueos y pataletas protestaban contra las arbitrariedades de la mayoría parlamentaria comandada por el APRA y sufrían sanciones abusivas. ¿Esperaban otra actitud de estos mercaderes de la política?

Mario Huamán y la CPS responden a las directivas políticas de Ollanta Humala porque están unidos en el proyecto electoral del 2011. Su orientación fue desentenderse en los hechos de la huelga amazónica por la que no movieron un dedo durante 60 días. Tuvo que producirse el "baguazo" e iniciarse el desborde social para que dichas cúpulas salieran de sus anaqueles. El PC y Patria Roja hace rato que pretenden disciplinar a todos los organismos de masas y de izquierda con el pretexto de la "unidad" (electoral por supuesto), detrás de la Coordinadora Político Social (CPS), pero tuvieron que dar marcha atrás para aceptar la conformación de un Frente con AIDESEP, CCP y CNA, entre otros. Este Frente permitió la exitosa gran Jornada del 11 de Junio, aunque en ella también dichas cúpulas hicieron lo posible para frenar sus alcances, como ya dijimos, se negaron a movilizar a Construcción Civil y al SUTEP.

Después del triunfo del 11 las luchas han seguido (Canchis, Andahuaylas y Puno). La misma jornada del 7, 8 y 9 de Julio impulsada por los sectores campesinos e indígenas muestra que hay mucha voluntad de lucha. Sin embargo, Mario Huamán, en la última asamblea de la CGTP, se negó a convocar al Paro Nacional aduciendo que "ya se resolvió" el problema indígena. No señor. El problema no está resuelto. Hay un paquete de decretos que sigue en pie. Hay decenas de indígenas que siguen perseguidos y otros encarcelados. Hay innumerables demandas de la clase trabajadora y el pueblo que esperan solución. Y en Palacio García sigue atacando y amenazando. Para las bases la situación es absolutamente clara: hoy vamos por más y no hay que parar hasta sacar al gobierno, al verdadero responsable.

Sin embargo, por qué Mario Huamán y la CPS siguen de espaldas a esta situación? Es un error? No. Su política es frenar la actual oleada y tratar que se encamine pacíficamente hacia las elecciones del 2011 donde piensan encumbrarse con Ollanta Humala. Toda su política, repitiendo lo dicho por su candidato, se reduce a demandar la  "renuncia del gabinete", de un gabinete fantasma cuyos días están contados y cuando para todos es claro que el que ordenó la matanza y el que viene comandando todo es el propio García. La actitud de este sector es exactamente opuesto al papel de agitadores que le asigna la campaña oficial. Ellos dicen expresamente "no queremos" seguir el camino de los pueblos de Argentina, Bolivia y Ecuador que derrocaron gobiernos serviles al imperialismo. Alberto Moreno, líder de Patria Roja, lo dice de manera enfática en una entrevista de El Comercio: a la pregunta de si "avalan el pedido de vacancia presidencial como exigen algunos sectores", él responde: "No, de ninguna manera. ¿Qué ganaríamos con eso? Eso es absurdo e ilógico. Nuestro proyecto va por las elecciones del 2011." (E.C. 24 de Junio).

La "lógica" de este señor no alcanza para comprender que si quisiera asegurarse la presidencia no hay camino más seguro que comandar las actuales luchas, si no es hacia la derrota del gobierno que es precisamente lo que ocurrió en Bolivia y que permitió el abrumador triunfo de Evo Morales, por lo menos para lograr la solución de las demandas que tanto reclama la clase obreras y el pueblo. No, lo "lógico y correcto" para esta gente hoy es mostrar buena conducta ante sus grandes electores, que no son las masas, sino la burguesía.

Una lucha democrática

La lucha indígena desnudó nuevamente los grandes problemas democráticos y nacionales que están en la base de la grave crisis que atraviesa a la sociedad peruana. En primer lugar reveló la esencia autoritaria y represiva del Estado burgués. Es cierto que la caída de la dictadura no trajo una auténtica democratización del país: conquistamos libertades pero el Estado mantuvo su esencia autoritaria emanada de la Constitución fujimorista del 93 que sigue vigente y se encarna en instituciones (las Fuerzas Armadas, Poder Judicial) y en personajes que tuvieron responsabilidad en crímenes y violaciones de los derechos humanos durante la guerra contrasubversiva, muchos de los cuales, como el mismo García, siguen ejerciendo cargos públicos. Esta situación, inclusive, da base para que desde la ultraderecha, con absoluta impunidad, se pregone xenofobia y métodos fascistas contra las luchas populares, lo que finalmente desembocó en el "baguazo" que tanto pedían. Definitivamente, necesitamos una profunda transformación institucional y política que restituya los plenos derechos democráticos de la población, que implique castigue severo para los responsables de crímenes y  violaciones de los derechos humanos, que repare a las víctimas, y que también haga justicia para las víctimas de Bagua poniendo en la cárcel a los responsables.

La otra característica de esta lucha es su componente étnico, puesto de manifiesto en la rebelión de las minorías étnicas selváticas y andinas en defensa de sus derechos ancestrales, e inclusive a su derecho elemental a ser escuchadas y reconocidas. Pero estas exigencias caen como letra muerta frente al Estado que tenemos. Un Estado que pertenece a las multinacionales y los grandes capitalistas y que desde tiempos de la colonia utiliza la opresión étnica y cultural como uno de sus mecanismos de explotación de clase y acumulación de riqueza. Y un país con múltiples minorías étnicas y pluricultural con lazos comunes con una población mayoritariamente mestiza que además de la explotación sufren la opresión y discriminación racial a través del Estado controlada por la burguesía y el imperialismo.

El conflicto de la selva colocó al rojo vivo esta gran fractura de la sociedad peruana, entre las  mayorías étnicas, obreras y populares,  y la burguesía y el imperialismo que controlan el Estado como instrumento de opresión, discriminación y explotación.

.. y antimperialista

Sin embargo, por el carácter de las reivindicaciones indígenas contra los decretos que fueron impuestos en el marco del TLC con EEUU, se trataba también de una lucha antiimperialista. Lo mismo ocurre con las luchas de las comunidades afectadas por las actividades mineras que se extienden en todo el país, las que enfrentan la privatización de los puertos, las que resisten el ataque a la propiedad de la tierra y del agua; todo ellas también plantea una lucha central contra el imperialismo. El plan del imperialismo se traduce en un plan económico, que es lo que trae superexplotación de la clase obrera, privatización de la educación y la salud, recorte del presupuesto del vaso de leche y de otros programas sociales.

¿Qué salida tenemos frente a esta lucha? ¿Es posible, por ejemplo, lograr que el imperialismo respete los derechos de las comunidades indígenas, respete nuestro medio ambiente, respete los derechos laborales y que traiga desarrolla al país? No. Creer que existe un imperialismo "bueno" es como hacerle creer a un adulto que existe Papá Noel. La lucha actual nos plantea ir hasta el final, hasta romper con el imperialismo como única manera de defender nuestra soberanía y nuestro futuro como país, y luchar por cortar los tentáculos que nos atan a él mediante la nacionalización sin pago del gas, el petróleo y la minería, fuente y razón de su poder y riqueza.

Pero la lucha antiimperialista nos plantea una tarea más concreta aun: Derrotar al plan económico y al gobierno que lo ejecuta. No hay ninguna posibilidad de reforma, ni de cambio de política como hace rato viene implorando el compañero Mario Huamán. Todo el discurso "nacionalista" que nos ofrece Ollanta Humala es para ganar votos, es una farsa que avergonzaría hasta al mismo general Velasco Alvarado porque no plantea una sola nacionalización. Son los indígenas, los obreros y el pueblo pobre, los que hoy con su lucha enfrentan el plan económico y al gobierno, quienes hoy comienzan a tomar en sus manos la lucha antiimperialista, los únicos que pueden llevar hasta el final esta pelea.

La salida de la Asamblea Constituyente

Frente a esta complejidad de problemas, desde algunos sectores que incluyen a la CPS se viene planteando como salida una Asamblea Constituyente. Aunque pocos dicen qué es lo que debería resolver esta AC, para que sea realmente democrática como mínimo debería derogar tener por finalidad derogar la Constitución del 93, reconocer los derechos democráticos del pueblo y los derechos de las minorías indígenas, y recuperar la soberanía sobre sus recursos y bienes nacionales.

Solo así la AC deviene en una reivindicación democrática y antiimperialista justa del pueblo trabajador. Por supuesto, nada más lejos de la AC de Hugo Chávez que luego de asegurar los negocios de los capitalistas aseguró su reelección indefinida. Tampoco como lo ha planteado la CPS y Ollanta Humala, esto es útil como "oferta electoral" para engañar al pueblo trabajador porque en el fondo no plantean nada nuevo.

¿Pero es posible una AC que atienda los reclamos democráticos y nacionales del pueblo pobre y la clase trabajadora? Es difícil, por no decir imposible. Una AC convocado bajo el actual Estado, aunque Ollanta Humala esté en el poder, no va a producir los cambios esperados. Este Estado tiene un carácter de clase burgués y proimperialista y nadie por más "buena voluntad" que manifieste podrá cambiarlo. La experiencia reciente confirma esta afirmación.

La AC de 1979 en nuestro país surgido en medio de un fuerte ascenso revolucionario apenas alcanzó para reconocer algunos derechos democráticos, dentro de un marco donde se preservó lo esencial del carácter del Estado que hoy seguimos cuestionando, por eso mismo fue correcto que ninguno de los constituyentes de izquierda de entonces llegara a suscribirla. En tiempos recientes, hasta la experiencia más avanzada de AC que es la de Bolivia (impuesta con un profundo proceso revolucionario y donde Evo Morales obtuvo el 80% de los votos), nos muestra los límites que impone el Estado y el poder de la burguesía y del imperialismo, pues apenas llegó a introducir algunas "reformas" dejando irresueltos todos los grandes  problemas democráticos, nacionales y antiimperialistas de esa nación hermana.

Definitivamente, ninguna AC convocada bajo el actual régimen logrará una verdadera transformación democrática y nacional del país. No hay ninguna posibilidad que la burguesía acepte ceder sus privilegios a través de las herramientas de la democracia. Primero hay que destruir al Estado burgués y semicolonial y llevar a cabo una profunda revolución expropiando a los capitalistas y a las multinacionales y establecer en su lugar un nuevo Estado basado en el poder de las mayorías obreras, campesinas, indígenas y populares, para dar pie a las transformaciones democráticas y nacionales que requiere el Perú. Pero una revolución de este tipo contra la burguesía y el imperialismo sólo puede ser una revolución socialista. No hay otra alternativa. Esto es realismo, lo contrario, la ilusión reformista, no sólo es utópico sino un engaño conciente.

Las luchas actuales, incluida la demanda democrática de Asamblea Constituyente, mantienen toda su justeza y legitimidad pero ubicados en esta perspectiva correcta que es la lucha por el poder para el pueblo trabajador que es el único que puede llevarlo a término.

Fuera García, huelga general

La crisis se ha profundizado y tenderá a profundizarse más en el marco del agravamiento de la crisis económica y la incapacidad del gobierno para darle salida. El estallido de nuevas crisis sigue abierta. Ya hay elementos de doble poder en las formas organizativas y de control territorial que ejercen las luchas del interior, y en las formas de autodefensa que se dotan. La clase obrera aunque viene de muy atrás por los golpes que se le ha inflingido y por la parálisis que le impone la dirigencia de la CGTP, no ha sido parte de esta nueva oleada pero es probable que salga o comience a salir a la pelea estimulada por la manifiesta debilidad del gobierno y el cuadro general de luchas que conmueve al país.

En este contexto, el "baguazo" planteó la tarea de echar al genocida García y así fue tomado por amplios sectores del pueblo movilizado. Haciendo un parangón, podemos decir que la situación peruana se acercó al octubre boliviano que derrocó al ex presidente Sánchez de Lozada el año 2003; no por casualidad desde el gobierno se agita todos los días este fantasma. La denuncia se apoya en el hecho cierto: una amenaza real del movimiento de masas, pero al presentarlo como una maquinación extranjera o de Humala, lo que busca es paralizar el accionar de las direcciones para obligarlos a colaborar con el gobierno en el apaciguamiento de la actual situación, que es lo que viene ocurriendo.

El cuestionamiento a la continuidad de García sigue estando en el centro de la actual situación. García es el pivote de la aplicación del plan del imperialismo y es el responsable directo de que no haya posibilidades de solución a las actuales demandas. Los trabajadores y el pueblo tenemos la tarea impostergable de luchar hasta derrocarlo.

Para ello tenemos la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero y popular en torno al "Frente por la Vida", a fin de que se convierta en un verdadero Comando Unitario de Lucha, y no quede preso de las políticas de los conciliadores y burócratas que tratan de paralizarlo, dividirlo y controlarlo para sus propios fines.

Los días 7, 8 y 9 se llevará a cabo una gran Jornada Nacional de Lucha combinado con paros en varios sectores que significarán otro gran paso en la lucha por acabar con el gobierno. Hay que colocar esta medida en la perspectiva de la Huelga General de Todo el Pueblo, que es el método de lucha demandado por amplios sectores que permita coronar con éxito esta etapa de lucha hasta poner fin al nefasto gobierno de García y a su plan económico.

¿Qué demandamos?

La lucha indígena ha puesto en agenda un nuevo conjunto de reivindicaciones que obligan a actualizar la plataforma de lucha del pueblo trabajador:

- Libertad a todos los detenidos y cese de la persecución, entre ellos de Alberto Pizango para que retorne al país con plenos derechos.

- Comisión de la Verdad auténticamente independiente que investigue lo ocurrido en Bagua.

- Juicio político a García, el único responsable de las muertes de pobladores y policías, y absolución de toda responsabilidad a los indígenas en los hechos de sangre ocurridos.

- Derecho a autodeterminación de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan.

- Nacionalización sin pago de las multinacionales petroleras, del gas y la minería para ponerlos al servicio del desarrollo de las comunidades indígenas y de todo el pueblo, y con respeto al medio ambiente.

- Abajo el TLC y sus decretos. No a la privatización de los puertos.

-  Derecho a autodefensa de las organizaciones campesinas y populares contra la represión del Estado. Derecho a organización sindical de la policía y los subalternos de las fuerzas armadas. Abajo los decretos que criminalizan las luchas.

- Aumento de 100% de los salarios y pensiones

- Ni services ni contratas. Estabilidad laboral y reposición de todos los despedidos.

- ¡Fuera García! Por un Gobierno Obrero, Indígena y Popular.