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| Que se cumpla ya la ley y que no prescriba ningún delito |
| Escrito por Mónica Gomez |
| Jueves 24 de Noviembre de 2011 00:55 |
 La “ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, más conocida como la “ley de impunidad” sigue siendo uno de los temas centrales que divide a los uruguayos.
Por esa ley, hay cientos de asesinos, torturadores y secuestradores libres.
Por esa ley, miles de uruguayos que conocieron el horror de la tortura, la violación, la desaparición de algún familiar o el exilio, sienten la impotencia que significa la injusticia de no conocer la verdad de dónde están los cuerpos de sus familiares asesinados.
Por esa ley, era posible que la mayoría de los crímenes cometidos prescribieran al 1º de noviembre; de este modo, las investigaciones quedarían truncas. Peor aún, muchos de los torturadores hoy encarcelados –aunque en cárceles de lujo-podrían quedar sueltos.
Mientras los juristas discuten y apelan a dos, tres o más bibliotecas, los luchadores que quieren verdad, justicia y castigo a los culpables no pueden ni tienen por qué entender de vericuetos legales. Bastante dolor e impotencia nos causó a todos el comprender que por el voto vergonzante del diputado frenteamplista Semproni no se avanzó algo con el proyecto de la “ley interpretativa”, si bien sabíamos que no era la anulación sino solo una derogación a partir de la fecha de su eventual aprobación.
En esta instancia, la nueva ley aprobada finalmente tiene el consenso de todos los senadores y diputados del Frente Amplio. Ahora es necesario que el Poder Ejecutivo la promulgue antes de fin de mes, para que entre en vigencia el mismo 1º de noviembre. A partir de entonces, la tortura, la desaparición y la ejecución serán considerados como lo que son según el derecho internacional: crímenes de lesa humanidad.
A dos años del voto rosado, a 23 del voto verde y a 26 años de la aprobación de esta funesta ley 15.848, por fin parece que va a caducar la caducidad. El Estado recupera su derecho a investigar y su pretensión punitiva. Sin embargo, será la Suprema Corte de Justicia –que hace dos años declaró a la ley de caducidad como inconstitucional- la que tendrá que definir si, como es de prever, los abogados defensores de los militares presentan recursos de inconstitucionalidad, en un intento de extender la vigencia de la ley de impunidad.
Queda mucho por hacer. Se sabe que desde la derecha se va a intentar trancar el nuevo proyecto. Es necesario ir forjando entonces la más amplia unidad de acción para organizar la lucha contra quienes lo intenten, vengan de donde vengan. Habrá que llenar nuevamente las calles, como cada 20 de mayo, exigiendo se cumpla esta nueva ley en forma inmediata y no se admita la prescripción de los delitos.
Tiene que haber Verdad, Justicia y Castigo
Para terminar con la impunidad de torturadores, asesinos y violadores de los Derechos Humanos, es necesario poner en marcha una gran movilización unitaria que tenga continuidad. No habrá ley, ni gobierno que lleve esta tarea a fondo si no hay grandes movilizaciones que impongan la cárcel a estos asesinos. Terminarán siendo unos pocos los que vayan a la cárcel VIP, como ya hemos visto.
Las organizaciones de DDHH, los estudiantes y trabajadores si queremos que los milicos y civiles que participaron del golpe de Estado sean juzgados, condenados y vayan a la cárcel común, debemos organizarnos y dar una larga pelea de fondo.
Debemos exigir al PIT-CNT que rompa la conciliación con el gobierno y se ponga a la cabeza de esta lucha. Pero no debemos quedarnos solo en eso, hay organizarnos por lugares de estudio de trabajo y en los barrios populares, para discutir y organizar la lucha, para que los asesinos y torturadores, civiles y militares, no queden impunes.
Fuente: Rebelión nº 15, Noviembre-Diciembre 2011 
 
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