Declaración de la UST

Al final del mes de mayo, el presidente Chávez anunció la nacionalización de importantes empresas básicas de Ciudad Guayana, en el Estado Bolívar.

Fueron Nacionalizadas las compañías Tavsa y Matesi y las empresas de briquetas Orinoco Iron, Venprecar y Comsigua. También se anunció la nacionalización de Cerámicas Carabobo, que viene de un largo conflicto obrero.

En particular, es importante destacar los casos de Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa) y de Materiales Siderúrgicos (Matesi), ambas con participación mayoritaria del grupo Techint, el antiguo propietario de la Siderurgica del Orinoco (Sidor). Techint poseía 70% de las acciones de Tavsa (los otros 30% pertenecían a la Corporación Venezolana de Guayana - CVG) y 50,2% de Matesi (los demás 49,8% estaban en manos de Sidor).

Pocos días después, el presidente anuncia la nacionalización de 74 contratistas petroleras, en la Costa Oriental del lago Maracaibo, en el Estado Zulia. Hasta la fecha de esta declaración, PDVSA ya había asumido el control de 76 empresas en áreas de servicios acuáticos (lanchas y barcazas), de inyección de agua y gas y de compresión de gas.

La Unidad Socialista de los Trabajadores, sección venezolana de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional (LIT-CI) reivindica estas nacionalizaciones como una conquista de los trabajadores y del pueblo.

Más aun, defendemos la extensión de la nacionalización a todo el sector petrolero y petroquímico así como de toda la siderurgia y extracción mineral, en particular de aluminio, en el camino de la expropiación del conjunto de los recursos productivos en manos de la burguesía venezolana o de empresas transnacionales. Esta es una medida clave para garantizar el monopolio estatal de los sectores estratégicos de la economía y la defensa de la soberanía nacional frente al imperialismo. La producción de riquezas del país no puede quedarse rehén de empresas contratistas privadas o transnacionales que actúan en estas áreas.

De otra parte, estas nacionalizaciones no se tratan de regalos del gobierno, como tampoco lo fueron las nacionalizaciones de Sidor, Cantv y Electricidad de Caracas. Ellas son sobretodo, el reflejo indirecto de la lucha de los trabajadores de las industrias básicas de Ciudad Guayana que siguieron peleando duro por sus salarios, puestos de trabajo y derechos laborales y sociales después de la nacionalización de Sidor. Son también el resultado de sucesivas peleas de los trabajadores tercerizados de PSVSA contra la súper explotación y precarización impuesta por las empresas contratistas y transnacionales "asociadas".

Además, no podemos dejar de denunciar las gravísimas limitaciones y los problemas de estas nacionalizaciones planteados por la política del gobierno Chávez y exigir una serie de medidas en defensa de los intereses y reivindicaciones de los trabajadores.

Una vez más: nacionalizaciones con indemnizaciones

Todas estas empresas, en verdad, están siendo compradas por el gobierno. Todo indica que el gobierno una vez más, como ya lo hiciera en el pasado reciente, comprará estas empresas a precios de mercado de mayorías accionarias, tal como fue el caso de la siderúrgica Sidor y del Banco de Venezuela, en las cuales la transnacional Techint y el Banco Santander fueron sobradamente recompensados por la mayoría accionaria adquirida por el Estado venezolano. Hecho similar ocurrió en los casos de las menos recientes nacionalizaciones de CANTV y Electricidad de Caracas, en las que para entonces resultaran beneficiadas por las gordas indemnizaciones, las transnacionales Verizon Inc y A&T respectivamente.

La UST defiende, como lo hizo en relación a Sidor y al Banco de Venezuela, CANTV y Electricidad de Caracas que estas nuevas nacionalizaciones sean hechas sin indemnizaciones. Ello obedece a dos razones fundamentales.

Primero, como empresas capitalistas, ellas se han construido sobre la explotación de los trabajadores, explotación que constituye un robo legal del trabajo aportado y no pagado por los dueños de dichas empresas, quienes deben resarcir dicho robo continuado con la entrega de las empresas sin indemnización alguna.

Segundo, según informaciones en la región, muchas de las instalaciones y equipos de las empresas nacionalizadas son chatarra o cuando menos obsoletas, por lo que pagar indemnización por algo que pronto deberá ser sustituido por equipos nuevos constituye un fraude a los venezolanos y un excelente negocio para los dueños de dichas empresas.

De otra parte, exigimos al gobierno que no transforme estas empresas nacionalizadas en empresas mixtas, como plantearon recientemente Alejandro Uzcátegui y Hugo Hernández Rafalli de Empresarios por Venezuela (Empreven), gremio que reúne a capitalistas que apoyan el gobierno, sobre las nacionalizaciones de las contratistas de PDVSA. Según Hernández Rafalli, lejos de ser medidas revolucionarias, "lo que viene es una integración entre Petróleos de Venezuela y la empresa privada, a través de unas empresas mixtas, que van a continuar prestando servicio a la Costa Oriental del Lago y el país". (Laclase.info, 22 de mayo de 2009).

La UST defiende la completa nacionalización de estas empresas y no solamente la compra de su mayoría accionaría, que permite incluso a los capitalistas mantener la cualidad de socios accionarios minoritarios.

Al lado de la completa nacionalización, planteamos el control obrero de la producción, distribución y administración de todas las empresas nacionalizadas. No deben ser la burocracia estatal ni sus socios capitalistas minoritarios quienes determinen lo qué y cómo se produce, cómo se distribuye la producción y se administra la empresa, sino los propios trabajadores y sus organizaciones.

La fórmula de "empresas mixtas" y "cogestión" entre Estado, capitalistas minoritarios y trabajadores en todas las empresas nacionalizadas hasta ahora sólo llevó al desgaste de las nacionalizaciones anteriores frente a los trabajadores, en la medida que no se garantizó innumerables conquistas salariales, laborales y sociales e, incluso, en muchos casos, se retiraron derechos y no se cumplieron los contratos colectivos.

¿Los taladros de perforación de PDVSA no serán nacionalizados?

De otra parte, no se nacionalizaron los taladros de perforación, algunos de ellos en manos de empresas transnacionales. El ministro Rafael Ramírez dijo en entrevista al El Universal de 08 de junio que: "los taladros de perforación no envuelven actividad monopólica", lo que no justificaría su nacionalización. Solamente la Corporación Nacional de Petróleo de China opera 15 taladros en el Oriente del país.

Irónicamente, recién, en el Estado Monagas, fue la Transnacional Ensco la que suspendió sus actividades de perforación alegando incumplimientos de pago por parte de PDVSA.

El retiro de Ensco afecta el trabajo de 200 empleados directos y perjudica las operaciones de producción en el golfo de Paria, a cargo de la empresa mixta Petrosucre, dijo Dionela Martínez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Delta del Orinoco. "PDVSA no ha aclarado cuál es la situación laboral y lo único que se ha hecho es militarizar uno de los taladros", dijo Martínez. (El Nacional, 09 de junio de 2009).

La situación en El Tigre tiende a agravarse pues a la paralización de 9 unidades de perforación, ayer, se podrían sumar las otras 6, informó Luís Díaz, secretario de organización del Sinutrapetrol en el sur del estado Anzoátegui. "Se trata de negligencia por parte de las autoridades de PDVSA Servicios", dijo. (El Nacional, 09 de junio de 2009).

¡No es posible que actividades estratégicas para la producción petrolera, como es la perforación, continúe en mano de empresas privadas nacionales o transnacionales!

La UST defiende no solamente la nacionalización de los taladros de perforación, sinó una PDVSA 100% ESTATAL controlada por los petroleros, los trabajadores y el pueblo a través de sus organizaciones.

Un nuevo problema: los despidos y el cierre de puestos de trabajo

Por increíble que pueda parecer, en particular, las nacionalizaciones de las empresas contratistas de PDVSA en Zulia están generando despidos y cierre de puestos de trabajo.

Un total de 108 mil puestos de trabajo en toda la región dependen de las actividades ejecutadas por las empresas contratistas recientemente nacionalizadas. Aunque el gobierno prometa garantizar los 8 mil empleos directos, hasta ahora se ha señalado que solamente cerca de 2 mil serán absorbidos por PDVSA. Tampoco ha dado respuesta a los trabajadores ocasionales que prestaban servicios en calidad de suplentes. De inmediato, es posible que más de 10 mil obreros suplentes queden sin empleo.

Como bien denuncia José Bodas, candidato a presidente de la Futepv por la Plancha 1:

"Con esta medida de compra de estas empresas, que se ha hecho a espaldas de los trabajadores, observamos que no se les ha dado respuesta a los trabajadores afectados".

"El propio ministro Ramírez reconoce ante la opinión pública que: "actualmente hay 800 trabajadores absorbidos por PDVSA"; a lo que respondemos que se trata de un universo de cien mil trabajadores, de los cuales cerca de 30 mil son trabajadores permanentes. Entonces esto hace que las comunidades y los trabajadores que están siendo despedidos tomen estas acciones de protesta, que hemos observado que son genuinas. Hay familias desconsoladas porque tienen años en esta actividad, y no hay respuesta a su situación".

"Es muy difícil hablarle a los trabajadores y al pueblo en general de que se trata de medidas socialistas, cuando en concreto lo que se está es desmejorando su situación. No se respeta la estabilidad laboral, existiendo un decreto de inamovilidad laboral, y además de esto están las elecciones de la Futpv, y cuando hay procesos electorales sindicales, los trabajadores gozan de inamovilidad, pero igualmente están siendo despedidos". (Radio Ecos 93.9 FM, 06 de junio de 2009).

¿Una conspiración de la Derecha?

Pero lo más increíble de todo eso es que el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo frente a las protestas de los trabajadores de las empresas petroleras nacionalizadas: "El gobierno venezolano no aceptará ningún plan para desestabilizar", dijo para luego advertir sobre una conspiración liderada desde Perú por el dirigente de la derecha pro yanqui, Manuel Rosales. (El Universal, 07 de junio de 2009).

En primer lugar, el ministro no puede ocultar el hecho de que, como mínimo, los trabajadores que prestan servicios en calidad de suplentes están despedidos y fueron botados por PDVSA.

En segundo lugar, la declaración de Rafael Ramírez parece una broma de muy mal gusto y sólo sirve para intentar desmoralizar o criminalizar la lucha de los trabajadores tercerizados que pelean para mantener sus empleos, al asociarlos a la derecha golpista y pro yanqui.

Seria cómico si no fuera trágico que, mientras el gobierno acusa los trabajadores de una conspiración golpista simplemente porque pelean por el mantenimiento de sus puestos de trabajo, garantiza indemnizaciones al precio de mercado a los ex dueños de las empresas nacionalizadas.

En defensa de los puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores de las empresas nacionalizadas

Las nacionalizaciones deben estar al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas del país y del bienestar de los trabajadores y del pueblo. Es inadmisible que empresas nacionalizadas sigan manteniendo relaciones de trabajo precarizadas o boten a los trabajadores temporarios, que son justamente los más explotados y los que devengan los salarios más bajos en su proceso de "reestructuración".

La UST defiende que todos los trabajadores tercerizados, precarizados o temporarios de las empresas contratistas nacionalizadas de PDVSA y de las industrias básicas de Ciudad Guayana tengan sus puestos de trabajos garantizados y que pasen inmediatamente a la nómina de estas empresas como fijos. Exigimos además que sea garantizado el pago de los salarios retrasados de estos trabajadores y que no se reduzcan sus salarios.

En defensa de la revolución obrera y socialista

Chávez, por más discurso sobre socialismo que haga y aunque tenga roces con el imperialismo y la burguesía venezolana pro yanqui, representa los intereses de una nueva fracción de la burguesía venezolana: la llamada boliburguesía.

Por eso, aun que el gobierno tome alguna medida parcial que ataque el imperialismo yanqui o a un sector burgués del país, los intereses de clase que defiende no son de la clase obrera, son opuestos a ella.

Esto va a explicar por qué, aun cuando haga nacionalizaciones, el gobierno no garantiza el empleo ni los salarios e incluso amenaza y ataca a los trabajadores que quieren luchar por esos derechos.

Por tanto, la única alternativa consecuente con los intereses de los trabajadores y del pueblo es la lucha por un gobierno obrero y socialista. Para llegar a ello es necesario expropiar al conjunto del imperialismo y TODA la burguesía, construyendo un Estado Obrero y una economía planificada de los recursos naturales y la producción del país.

¡En defensa de las nacionalizaciones de las contratistas de PDVSA y de las industrias básicas de Ciudad Guayana!

¡Nacionalización de toda industria básica y actividades económicas estratégicas!

¡Por una PDVSA 100% Estatal! ¡Nacionalización de los taladros ya!

por empresas 100% estatales!¡No a las empresas mixtas!

¡Ninguna indemnización a los capitalistas ex dueños de esas empresas!

¡Control obrero de la producción, distribución y administración de las empresas nacionalizadas!¡No a la "cogestión" entre Estado, capitalistas y trabajadores!

¡Garantía de todos los empleos y puestos de trabajo!¡Ningún despido en las empresas nacionalizadas!

¡Pago de los salarios caídos! ¡No a la reducción de los salarios!

¡Fin de la tercerización y de la precarización en todas las empresas nacionalizadas!

¡En defensa de la revolución obrera y socialista!

Caracas, 13 de junio de 2009.

Unidad Socialista de los Trabajadores,

Sección venezolana de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional (LIT-CI).