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Tras los golpes militares: Las Farc, ¿romperán el cerco?
Escrito por Luis García - PST (C)   
Miércoles 06 de Octubre de 2010 02:02
Muchísimas veces los medios de comunicación colombianos anunciaron la muerte del más legendario guerrillero latinoamericano, Manuel Marulanda Vélez. Siempre reaparecía pocas semanas después, cual diciendo: “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. Sólo el 26 de marzo de 2008 pudo concluir el relato de Arturo Alape, “Las muertes de Tirofijo”, cuando un infarto cardíaco puso punto final a su existencia.

La exultante alegría y las celebraciones jubilosas de todos los voceros gubernamentales y de la burguesía del país, la interrupción de las asambleas de empresarios para, de pies, aplaudir rabiosamente el éxito de la gigantesca operación militar desatada en la madrugada del 22 de septiembre pasado contra el Comando del Bloque Oriental de las FARC, específicamente destinado a matar a su comandante Víctor Julio Suárez Rojas, militarmente conocido como Jorge Briceño Suárez o “Mono Jojoy”, pareciera estar planteando una situación similar.
 
Tras cada uno de los demoledores golpes militares que las Fuerzas Armadas han propinado a las FARC en los últimos años, especialmente durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no han faltado los titulares y declaraciones anunciando el “inicio del fin” de las FARC. Paradójicamente, cada uno de esos golpes pareciera, por el contrario, alejar más dicho final.
 
Debilitado el anillo social
 
Ya no existe la Colombia campesina, rural y atrasada, separada en regiones categóricamente diferenciadas económica y socialmente, sin una gran integración de su mercado interno, con vías de comunicación prácticamente inexistentes –que llevaba a los alumnos criollos del maoísmo a hablar de un país semifeudal– que vio nacer a las FARC en la década del 60 del siglo pasado –como expresión de defensa de sectores campesinos perseguidos por las bandas armadas de los terratenientes. El país, con una población rural del 75% para ese entonces, fue transformado a sangre y fuego, en un arrasador proceso de desarrollo capitalista semicolonial, en un país urbano, con prácticamente el 80% de su población en grandes y medianas ciudades.

Esa guerrilla con profundas raíces campesinas, con apoyo social, fue empujada paulatina y sistemáticamente –con muchísimas desigualdades y altibajos– hacia áreas cada vez más periféricas. Se expresó así el proceso económico y social del país. El campesinado pobre fue utilizado como fuerza social para la ampliación sistemática de la frontera agrícola.

En cada nuevo ciclo de expansión económica y violencia política los empresarios agrícolas, en profunda unidad con los terratenientes, se apoderaban de las nuevas tierras ya dominadas para el cultivo, produciendo simultáneamente dos desplazamientos: enormes masas que huían a las ciudades para ser mano de obra barata del desarrollo capitalista y otras –menores– que cada vez se replegaban a zonas más alejadas para abrir nuevas extensiones de selva con sus cultivos de sobrevivencia.

En las últimas dos décadas la expresión más dinámica de dicho proceso económico social estuvo ligado a las áreas de cultivo de coca. Allí reencontraron temporalmente las FARC un espacio social para mantenerse e incluso fortalecerse. El campesinado pobre, usado por el empresariado narcotraficante como fuerza de trabajo para el cultivo de coca, comenzó a ser sistemáticamente perseguido por el Ejército y la Policía que aplicaba la política oficial del Estado –impuesta por el imperialismo– de erradicación de los cultivos ilícitos.

Vinculándose al “negocio”, convirtiéndose en socio de él en algunos casos, entrando en otros a la cadena de procesamiento y tráfico, sin reducirse exclusivamente a actuar como protectores del campesino cultivador, las FARC llegaron y crecieron numéricamente, en capacidad militar y económica. Miles de hombres bien equipados militarmente demandan un aparato logístico y financiero que sólo puede provenir de un masivo y generalizado apoyo de amplias franjas de la población o del control de un negocio suficientemente rentable.

Pero el control sobre las áreas de cultivo de coca equivale al control de tierras fértiles. Y burgueses y terratenientes, igual que durante el ciclo de violencia de los años 50 del siglo pasado, armaron sus bandas de paramilitares para controlar tanto el negocio como las tierras. El resultado del accionar paramilitar de las últimas dos décadas y media es la mejor expresión de este fenómeno: más de 6 millones de hectáreas de las más fértiles tierras arrancadas a sangre y fuego a las familias campesinas y más de 4 millones de desplazados a las áreas urbanas.

Mirado desde el punto de vista del proceso económico social global no hay la menor duda que el “anillo de seguridad social” de la guerrilla si bien no está destruido completamente sí ha sufrido un debilitamiento cualitativo. Por su programa y por su método la guerrilla campesina no puede transformarse en vocera de los intereses y expectativas de las enormes masas urbanas, desempleadas y que habitan en las zonas de miseria. A lo más que aspira es a reclutar sistemáticamente jóvenes para sus filas y a ejecutar ocasionalmente acciones con claras características de terrorismo individual, entiéndase en la acepción clásica marxista, no en la acepción burguesa imperialista de Bush y compañía.

A pesar de lo anterior, las agudas condiciones de sobre-explotación que impone el desarrollo capitalista dominado por las multinacionales, los planes de desarrollo de grandes proyectos agro-industriales que obligan a arrebatar tierra a los campesinos, los planes de minería de gran escala que desplazan a poblaciones indígenas, de afro-descendientes y campesinos, continuarán brindando un terreno fértil para el accionar de núcleos guerrilleros que, muchas veces sin una estrategia política nacional global y apoyándose también en recursos económicos relacionados con el control de zonas de cultivo ilícito, mantengan su accionar durante bastantes años.

Rotos los anillos políticos internos
 
Al igual que otras organizaciones guerrilleras como el EPL, el M-19 o el Quintín Lame que negociaron su desmovilización en los años 90  —o el ELN que mantiene débiles reductos de accionar militar y sin mayor iniciativa política— políticamente las FARC se nutrieron de la lucha democrática de la población ante un régimen político completamente reaccionario.

El Frente Nacional pactado por la burguesía y los terratenientes para dar fin a la llamada Violencia de los años 50 configuró un régimen político reaccionario, a pesar de estar recubierto con un ropaje democrático burgués en el cual se daban elecciones, en las cuales sólo podían participar los dos partidos miembros del pacto. Precisamente el origen del M-19 se ubica en el fenomenal fraude electoral que garantizó el triunfo de Misael Pastrana Borrero en las elecciones de 1970 cuando un agrupamiento político de liberales y conservadores con amplísimo apoyo y raigambre popular liderado por el ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, la Alianza Nacional Popular –Anapo– ganó las elecciones presidenciales.

Durante décadas el poder político se ejerció bajo el régimen de excepción del Estado de Sitio, con juicios militares a cualquier título a los activistas políticos y sindicales y con una violación sistemática de elementales libertades democráticas. Aún hoy actividades tan “normales” en algunos países “democráticos” como la fundación de un sindicato son perseguidas inmisericordemente por los patrones, apoyados y respaldados por los funcionarios estatales. Inmediatamente se funda un sindicato son despedidos quienes encabezan el proceso y más de una vez se producen amenazas de muerte, ejecutadas por bandas contratadas por los mismos patrones. Tanto así que se hizo proverbial en el país la frase de que era más fácil crear una guerrilla que fundar un sindicato.

Para la década del 80 dicho régimen político, confrontado simultáneamente desde varios flancos, agrietado por las hendiduras que le generaba el surgimiento de una nueva fracción de clase burguesa formada al calor del negocio del tráfico de drogas que no estaba integrada completamente a las estructuras del régimen, sin brindar canales de expresión para la nueva y masiva clase media que el desarrollo capitalista en las ciudades estaba gestando, mostró elementos de profunda crisis.

La “reingeniería” lograda por la burguesía con la Constitución de 1991, antecedida de las negociaciones de paz con varias organizaciones guerrilleras (M-19, EPL) comenzó a generar una nueva situación. Mientras por un lado una expresión política legal y pacífica, que aparecía identificada en aspectos programáticos con las FARC, –la UP– con cuyo desarrollo electoral estaba comprometido el Partido Comunista fue exterminada físicamente, por otro lado la burguesía facilitó el accionar de lo que actualmente es el Polo Democrático Alternativo –un agrupamiento de la enorme mayoría de la denominada “izquierda”; con un programa  reformista que lo convirtió en un partícipe del régimen político, le permitió “gobernar” sin contradicciones mayores la capital en las administraciones de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno Díaz y mantener una importante fracción parlamentaria.

La guerrilla, y en este caso específicamente las FARC, comenzaron a ver fracturado seriamente su anillo de seguridad político interno. Grandes masas de población pobre y de trabajadores de las grandes ciudades comenzaron a expresar sus expectativas democráticas a través de los canales electorales respaldando, en algunos casos en forma masiva, a los agrupamientos políticos distintos de los tradicionales partidos liberales y conservador, como el PDA. Igual sucedió con las franjas de dirección sindical que durante décadas habían simpatizado con las acciones guerrilleras. En lugar de aspirar a enrolarse en las filas guerrilleras comenzaron a luchar con todas sus fuerzas por conquistar un escaño parlamentario colocando todo el accionar de las organizaciones de masas al servicio de esa tarea.

Al anterior proceso hay que unirle los fenomenales errores políticos de la propia guerrilla, que facilitaron su aislamiento político. De la retención de miembros de las Fuerzas Armadas doblegados en combate –aspecto que en el enfrentamiento militar sería fácilmente comprensible– se pasó a la retención casi indiscriminada de civiles o dirigentes políticos de fracciones burguesas locales; para terminar deambulando años por la selva con el cadáver político de Ingrid Betancur; soñando ilusamente que con dicho cadáver tenían la más gigantesca carta de negociación a nivel internacional, específicamente con el gobierno francés.

Al final del gobierno de Pastrana en el 2002, con el rompimiento de las negociaciones del Caguán, este proceso comienza a dar un salto cualitativo y en forma masiva la burguesía, a través de los grandes medios de comunicación potencia y mantiene en alto una fenomenal campaña política-ideológica que abre el espacio de masas al gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuyo programa y actividad durante ocho años podría sintetizarse en la consigna de liquidación militar de la guerrilla, específicamente de las FARC.

Son bien conocidos los gigantescos éxitos militares del gobierno de Uribe Vélez frente a las FARC. Sin embargo, igual que con Marulanda Vélez, al final de su mandato fue claro que, si bien no se podría decir que las FARC “gozaran de buena salud” tampoco se podía decir que estuviesen muertas. El propio Uribe, con su lenguaje desfachatado, lo sintetizaba al señalar, repleto de odio y tal vez de desilusión por no haberlo podido lograr: “la culebra sigue viva”.

Y “la culebra” sigue viva y probablemente seguirá años más, porque continúa nutriéndose también de los atropellos cometidos por el aparato estatal en su intento de doblegarla por la vía militar. Baste señalar como, según cifras de los mismos organismos oficiales y de las agencias internacionales, miles de muertos inocentes fueron presentados como “combatientes guerrilleros” dados de baja. Son los llamados “falsos positivos”, responsabilidad política directa del anterior gobierno, del cual era ministro de Defensa el actual presidente Santos.

El rompimiento del anillo internacional y un breve respiro

Las décadas de existencia de las FARC, que las convierten en la guerrilla más antigua del mundo, no pueden explicarse únicamente por las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Ellas han sido condición y razón fundamental pero, simultáneamente, las circunstancias del entorno internacional han jugado un papel decisivo. También esas circunstancias son un factor decisivo a la hora de explicar su situación actual.

Prácticamente desde su origen las FARC entroncaron con el aparato estalinista mundial encabezado por la burocracia soviética y expresado políticamente en el país a través del Partido Comunista Colombiano. Ello se convirtió para las FARC en una fuente de fortaleza política indudable. Aparecían expresando ante los trabajadores y campesinos pobres del país –en la radical forma de lucha armada– lo que a los ojos de esos trabajadores y campesinos aparecía como la más gigantesca conquista de sus hermanos de clase del mundo contra la burguesía y el imperialismo: el llamado “socialismo”.

La revolución cubana de los ‘60 también fortaleció a las FARC, si bien no directamente pues la simpatía que levantó en toda América Latina, en Colombia —en su expresión guerrillera— se canalizó a través del ELN. Posteriormente el ascenso latinoamericano y la lucha democrática anti-dictatorial, especialmente en Centroamérica en 1979-1980, parecieron validar la estrategia política y militar de las FARC con el triunfo sandinista contra la dictadura de Somoza y las posibilidades de suceso similar en El Salvador por el Frente Farabundo Martí.

Pero para 1989, con los procesos de restauración capitalista de los llamados Estados Socialistas, con la definición estratégica de años antes de la dirección de castrismo de romper lazos con las organizaciones guerrilleras del continente y reducir su internacionalismo a la prestación de ayuda humanitaria hospitalaria a algunos cuantos combatientes, con la decisión de las organizaciones guerrilleras centroamericanas de pasar a ser administradores eficaces del capitalismo dependiente del imperialismo en sus respectivos países (como el sandinismo en Nicaragua o el Farabundo Martí en El Salvador) ese espacio internacional comenzó a reducirse significativamente.

El ascenso de masas que se presentó  en muchos de los países suramericanos, encabezado por Venezuela con El Caracazo, expresado por el triunfo electoral de Lula, el derrocamiento de gobiernos por la movilización de masas en Ecuador y Bolivia, que catapultaron al poder a gobiernos nacionalistas burgueses con características de reformistas y recubiertos con un lenguaje antiimperialista, brindó un respiro temporal en el entorno internacional a las FARC.

Del marxismo leninismo en su expresión estalinista se pasó rápidamente al “chavo-socialismo”  y al “bolivarianismo”, depositando toda la confianza en los nuevos gobernantes (Chávez, Evo, Correa). La calidad de agente servil de las políticas de la administración Bush asumida por el gobierno de Uribe Vélez durante sus ocho años facilitó plenamente a las FARC ese cambio de discurso y les permitió contar con unas fronteras relativamente permeables en el sentido militar y político. Las agudas contradicciones desatadas por el imperialismo por sus ataques a dichos gobiernos hacían que, en los hechos, hubiese una sintonía entre las necesidades de las propias FARC y el discurso de tales gobiernos.

Ahora, al terminar el gobierno de Uribe, la burguesía colombiana definió un ajuste respecto a sus relaciones con el vecindario. Continuará siendo un agente de total y absoluta confianza del imperialismo –especialmente del norteamericano— pero cambiando su comportamiento. Por las conveniencias económicas y políticas dejará de actuar como el matón del barrio que puñal en mano intentaba dirimir sus contradicciones para pasar a actuar respetando las normas de convivencia inter-burguesa entre estados. Es bastante posible que el bombardeo a territorio vecino (para matar a Raúl Reyes en Ecuador) o la orden de secuestrar en otro país a una persona para traerlo a una cárcel nacional (secuestro de Granda en Venezuela) se conviertan en “bochornosos” episodios del pasado.

Santos se abrazó nuevamente con Chávez, Chávez ha comenzado a facilitar el pago de deudas a los exportadores colombianos y, lo que es más importante, el gobierno ecuatoriano ha comenzado de nuevo a colaborar en los operativos militares de Colombia en la frontera —ya antes habían sido un buen equipo cuando facilitó la captura en Quito de Simón Trinidad, un importante dirigente de las FARC— tal como fue reconocido hace pocas semanas cuando luego del bombardeo a un campamento de las FARC donde fueron muertos 27 guerrilleros el gobierno colombiano públicamente agradeció la colaboración del gobierno de Rafael Correa.

De “anillados” a “cercados”
 
Vistas así las cosas, pareciera que los “anillos de seguridad” de las FARC se han transformado en verdaderos “cercos”. Su momento actual podría definirse como de una organización guerrillera “cercada”.

El espacio social para una lucha de trascendencia que involucre amplias masas ya no es el campo y las zonas agrarias del país. Paralelamente a este proceso económico social objetivo la burguesía está desarrollando amplios planes de inversión en vías, infraestructura, dominio territorial, que profundicen dicho aislamiento y acorralamiento social; buscando integrar a las zonas deprimidas a un funcionamiento –así sea muy precario– del circuito capitalista. Parte de ello son los planes masivos de asistencia social, Familias en Acción, Familias Guardabosques, etc.

Políticamente también se intenta cercar a la guerrilla por todos los lados. Se catapulta abiertamente a las alas más capituladoras y doblegadas a la burguesía, como la expresada por Petro en el Polo Democrático Alternativo, y se copta políticamente a sectores de la dirección sindical como el Presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, que apoyó la campaña del actual presidente Santos habiendo sido miembro de la Dirección Nacional del PDA. Se actúa políticamente contra quienes no encajan en el marco, como la senadora Piedad Córdoba a quien se sanciona disciplinariamente con la pérdida de su curul y 18 años de inhabilidad por supuestamente “fomentar y promover” el accionar de las FARC; debido a sus actuaciones al lado de Chávez y por cuenta propia en la búsqueda de liberación de un conjunto de retenidos por las FARC; intentando por esta vía allanar caminos para una alternativa de diálogo y negociación.

Militarmente, sin la menor duda, las FARC aparecen cercadas. La operación militar contra el Comando del Bloque Oriental, en la cual se dio muerte a Jorge Briceño, hubiera supuesto un combate militar prolongado y costoso con, según los analistas, miles de hombres que conformaban sus tres anillos de seguridad si se hubiese desarrollado “apretando” el cerco por tierra, en medio de una inhóspita selva. Se optó por un cambio de estrategia: golpear directamente el centro del anillo con una operación milimétricamente calculada, varias decenas de aviones y helicópteros actuando; bombardeo previo y descenso de centenares de hombres al propio centro del anillo, para producir una explosión del mismo desde dentro.

Esta táctica de mantener el cerco y golpear el centro de los anillos militares de la guerrilla le ha dado enormes resultados a las Fuerzas Armadas. Integrada con un trabajo cuidadoso de inteligencia y de infiltración le ha permitido dar muerte a importantísimas figuras del alto mando político-militar del propio Secretariado. La lucha contra la guerrilla de las FARC se ha convertido en uno de los laboratorios más importantes en este terreno para el imperialismo. Decenas de asesores de todas las agencias imperialistas participan directamente en el planeamiento y ejecución de las operaciones. Si bien el acuerdo militar para el uso de siete bases perdió vigencia por la decisión de la Corte Constitucional, señalando que dicho acuerdo debería haber sido tramitado en el Congreso, los dos gobiernos coinciden en que tienen tal integración del trabajo que es secundario por ahora si el acuerdo rige o no.

Un futuro incierto

Son muchas las variables para que sea posible hacer un pronóstico serio del futuro de las FARC. El gobierno de Santos señaló, al momento de posesionarse, que no tenía cerrada la puerta a una negociación; a partir de unas condiciones previas onerosas y prácticamente ningún ofrecimiento, lo que convertía su propuesta realmente en un llamado a la rendición.

Reiteradamente, en forma sistemática durante las últimas semanas, por boca de Alfonso Cano, el Secretariado de las FARC ha expresado su disposición a negociar. Teóricamente tal negociación es posible tanto por el carácter fundamentalmente democrático de las propuestas programáticas de las FARC; tal como en forma similar se dio con otras guerrillas en el 90.

Sin embargo, las condiciones para abrir un espacio de negociación no parecen las más favorables ni se expresan significativos sectores burgueses a favor de esa opción en el momento actual. El gobierno de Unidad Nacional de Santos ha agrupado a la casi totalidad de la burguesía en su seno y ha hecho de la continuidad de la política de Seguridad Democrática de Uribe, uno de cuyos componentes básicos es la búsqueda de un aplastamiento militar de la guerrilla, una bandera común; incluso compartida por sectores del Polo Democrático, como lo expresaba Petro al inicio de su campaña presidencial.

La llamada “solución política negociada al conflicto social y armado” significaría la decisión del sector dominante de la burguesía, de común acuerdo con el imperialismo, de “negociar” algunos aspectos de sus proyectos económicos y sociales, lo cual no aparece a la vista. Significaría una “negociación” del plan de desarrollo capitalista del campo a través de los grandes proyectos agro-industriales. Por el contrario, lo que aparece de los proyectos gubernamentales es el intento de “integrar” a franjas campesinas –a las cuales se les “restituirían algunos miles de hectáreas de tierra”– a tales proyectos convirtiéndolas por esta vía en un “cerco social” adicional a la guerrilla.

Es probable que las FARC sufran nuevos y duros golpes militares en los próximos meses. El cálculo al cual pareciera apostarle la burguesía es lograr que se profundice un proceso de desmoronamiento interno, brindando “condiciones favorables” a la desmovilización de combatientes de base, golpeando muy duramente a la cúpula, buscando desvertebrar su capacidad de mando central para que empiecen a actuar como estructuras separadas, cada una evolucionando de acuerdo a sus propios intereses.

Por la formación político-ideológica en el estalinismo, por el carácter exclusivamente democrático-revolucionario de su programa, por la transformación social a su interior dada la relación de años con el negocio de cultivos y tráfico ilícito, no se perciben al interior de las FARC sectores siquiera minoritarios que avancen hacia un replanteamiento de su estrategia equivocada de décadas. Tal replanteamiento, hipotéticamente, abriría condiciones para canalizar hacia una opción revolucionaria a decenas de activistas y luchadores honestos que expresan rabia, odio e indignación contra el antidemocrático régimen político colombiano y que han mirado con simpatía e ilusión la lucha de las FARC. Esas franjas, fundamentalmente entre la juventud pobre y desempleada de las grandes ciudades, brindarían una cantera gigantesca para nutrir una opción que, expresando una propuesta realmente revolucionaria de lucha anticapitalista, la impulsase a través de métodos absolutamente distintos de los utilizados por las FARC durante décadas, es decir, impulsando la lucha y movilización, con tareas decididas democráticamente por los participantes en dichas luchas y movilizaciones.

Sea cualquiera el resultado del proceso actual, casi seguro una combinación de varias de las posibilidades analizadas, la tarea básica y fundamental de los miles y miles de explotados y oprimidos colombianos para solucionar sus necesidades sigue planteada: enfrentar los planes económicos y políticos de la burguesía, expresados actualmente en las políticas del gobierno Santos. Y para esa tarea la lucha guerrillera no ha sido ni es actualmente la mejor herramienta. Es necesario avanzar en la construcción y desarrollo de una organización política que actúe con un método obrero, que no suplante el propio accionar de las masas en su movilización, que no deposite la menor confianza en los gobiernos burgueses por más antiimperialistas que se proclamen.

Desde un punto de vista revolucionario, rechazando los jolgorios de celebración de la burguesía por los golpes militares propinados a la guerrilla, pero a la vez señalando clara y abiertamente que la opción revolucionaria pasa por el trabajo paciente y sistemático de organización y movilización de los propios trabajadores y las masas, en acciones democráticamente decididas por ellos mismos, fortaleciendo su nivel de conciencia y construyendo en ese proceso una organización que cumpla un real papel de dirección estratégica, hay que llamar a una reflexión sobre el momento actual de la lucha guerrillera en el país.

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