El pasado 14 de marzo, la Asamblea Constituyente ecuatoriana aprobo, con 91 votos a favor, la amnistia para 363 luchadores sociales procesados judicialmente, muchos de ellos con pedido de captura.

Este alto numero de luchadores perseguidos se  compone mayoritariamente de dirigentes regionales y locales que, en defensa del medio ambiente y las condiciones de vida de sus regiones, se opusieron a las negativas consecuencias que tiene sobre sus poblaciones la fuerte expansion de la gran mineria transnacional, impulsada como proyecto economico por el gobierno de Rafael Correa.

Fue el caso, por ejemplo, de Tarquino Cajamarca, Aida Astudillo, Marcos Ochoa y Franklin Reinoso, miembros de la Comision Cantonal por la Defensa de la Vida de Limon Indanza (provincia de Morona Santiago) que se opusieron a la construccion de la planta de la represa de la Hidroelectrica Hidroabanico, que dotara de energia a las companias mineras Lower Mineral Exploration, Billinton y Corriente Resources Inc. Tarquino Cajamarca es concejal y, junto con Aida Astudillo, militantes del MAS (seccion ecuatoriana de la LIT-CI). En este marco, fueron falsamente acusados de sabotaje y otros graves delitos.

En otras palabras, las empresas mineras y constructoras, apoyadas por los distintos niveles de gobierno y por el poder judicial, utilizaron, frente a esta resistencia popular, el recurso cada vez mas extendido de criminalizar la protesta social y perseguir judicial y policialmente a los dirigentes y luchadores.

En respuesta, comenzo a desarrollarse un proceso de movilizacion y organizacion de los dirigentes perseguidos, sus comunidades y diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Entre otras actividades, estuvo la marcha y posterior reunion que se realizo en Quito, el 16 de noviembre pasado, que conto con la presencia de delegaciones de diversas regiones afectadas y otras organizaciones. Tambien se realizaron diversas actividades internacionales de solidaridad con delegaciones de representantes politicos y sindicales que concurrieron a las embajadas o consulados de Ecuador en Argentina, Brasil, Peru, Espana y otros paises.

Posteriormente, la coordinacion de las actividades en Ecuador definio realizar una campana nacional e internacional centrada en la exigencia a los diputados de la Asamblea Constituyente para que, al inicio de las sesiones de ese organismo, votaran la amnistia para los luchadores perseguidos judicialmente. La campana fue muy intensa dentro de Ecuador y tambien recibio muchisimas adhesiones desde el exterior.

Fue esta presion la que hizo que los diputados votaran, dias pasados, la amnistia. La LIT-CI que participó activamente de los distintos momentos de la campaña, saluda este resultado como un triunfo popular en la lucha contra la criminalizacion de la protesta social y la persecucion de sus dirigentes.