Hemos recibido esta denuncia de activistas de la India sobre la represión en la región de Lalgarh, Estado de West Bengala.

Lalgarh ha sido invadido[1]. Lalgarh está sangrando. Con el pretexto de detener las "actividades maoístas", actúan fuerzas combinadas por cuenta del Estado Indio que ha declarado la guerra al pueblo con ese argumento, y ha establecido tal pesadilla de terror pueblo tras pueblo, que no alcanzan las palabras en nuestro intento de condena.

Creemos que con el pretexto de "combatir a los maoístas", el gobierno está  buscando negar las legitimas demandas del movimiento de Lalgarh y, al mismo tiempo, aniquilar ese movimiento Y su organización dirigente, el Polisi Sontras Birodhi Janaganer Committee (Comité Popular Contra las Atrocidades Policiales. Su sigla en inglés es PCAPA). En este contexto, queremos recordarle al gobierno que por el llamado "control de la ley y el orden" en Lalgarh, tanto el estado [West Bengal] como el gobierno  central son responsables. El pueblo de esa región ha sido empujado a tomar el camino de la protesta y de la resistencia por causa de largos años de abusos y explotación, y también por el reciente incremento de las torturas policiales.

Si la misma voluntad que está siendo desplegada en establecer las "reglas de la ley" se hubiera mostrado en mejorar la calidad de vida del pueblo de Lalgarh, entonces no habría razones para la desobediencia civil. Si los inmensos fondos que hoy se utilizan para disciplinar las masas insubordinadas, hubieran sido gastados en la provisión de agua potable, agua para irrigación de cultivos, para construir escuelas primarias o centros de salud en la región de Lalgarh, entonces el pueblo no habría sido empujado a rebelarse, como sucede hoy, y la causa de desatar la feroz operación militar actual no hubiera existido. Si los mil millones de rupias (unos 200 millones de dólares) que son gastados para proveer seguridad a los ministros, funcionarios y  miembros del parlamento hubiesen sido destinados a proveer un mínimo de confort a las masas y al pueblo, entonces la  seguridad de los "peces gordos"  no habría sido amenazada.

Mientras las necesidades básicas de seguridad del pueblo de la hoy piden comida, ropa y vivienda para todos, el Primer Ministro del país declara (y todos los partido parlamentarios le hacen coro) que los maoístas son la principal amenaza a la seguridad. Esto pone al desnudo su mentalidad y la naturaleza de la voluntad y sinceridad que está detrás de sus planes.

Exigimos la  revocación de la proscripción del CPI (siglas en inglés del Partido Comunista Indiano, maoísta) por parte del gobierno federal. Simultáneamente, exigimos que el gobierno de West Bengal no  aplique esta orden de proscripción. También nos oponemos a la demanda hecha por los representantes de ciertas regiones, incluyendo al Congreso de Trinamool, de que dicha región sea  declarada "área de disturbios". Creemos que tales pasos autoritarios restringirán las libertades democráticas y complicarán la situación, mientras facilitan el camino para establecer el imperio policial sobre las masas.

Junto con esto, declaramos sin dudas que no podemos de ningún modo aprobar cierto tipo de incidentes que están siendo causado por los maoístas, en nombre de "luchar por los derechos emancipatorios del pueblo", tales como el asesinato de personas "condenadas a muerte" por "cortes populares", provocar  explosiones ce minas terrestres, golpear  a miembros o simpatizantes de partido políticos rivales, amenazar o aterrorizar a miembros de su familia y obtener dinero de ellos, y otros por el estilo. En nuestra opinión, tales actividades dan pie  a una cultura política antidemocrática, pisotean derechos humanos, perjudican la  posibilidad de más amplias movilizaciones y luchas por los legítimos derechos populares, disminuyen la confianza del pueblo en su propio poder de lucha y, al mismo tiempo dan al poder del estado una excusa para reprimir las legítimas luchas populares. En realidad, eso es lo que está ocurriendo.

Con grave preocupación, notamos que, aunque el PCAPA ha dicho repetidamente qu no es una organización maoísta y no reconoce responsabilidad por las actividades de los maoístas, la dirección del  PCAPA ha fallado en una clara diferenciación con esas actividades. En algunos pocos casos, refiriéndose a la "ira del pueblo", ha defendido dichas actividades. Mientras expresamos nuestra solidaridad con el movimiento de Lalgarh, Llamamos al PCAPA para que reconsidere esta posición.

Finalmente, exigimos del  gobierno que debe retroceder en su estrategia de reprimir la lucha de masas y silenciar el lenguaje de la ira y la resistencia popular a través del poder de la las armas. Al mismo tiempo, exigimos que el gobierno debe respetar la bronca y el espíritu de la protesta del pueblo de la región, sentarse a negociar a negociar con todas las fuerzas involucradas, incluyendo sus organizaciones representativas y aceptar sus legítimas demandas

Llamamos al pueblo a unirse a las protestas y a las campañas de resistencia contra la salvaje demostración de fuerza del estado contra el pueblo combatiente. Defendamos los siguientes reclamos:

r  Inmediata detención de las expediciones militares a Lalgarh

r  Paremos la represión y el hostigamiento en las poblaciones contra todo el pueblo, incluyendo mujeres y niños.

r  Aceptación de las legitimas demandas del pueblo de la región de  Lalgarh

r  Negociación con el  PCAP

r  Anulación de la proscripción del  CPI (maoísta)

r  Liberación incondicional de todos los detenidos con la acusación, o la sospecha, de "ser maoístas"

r  Hacer pública la cantidad de dinero público malgastado por el estado en la Operación Lalgarh

2 de julio de 2009

Protibadi Udyog, Mazdoor Mukti Committee, Radical Socialist, Sramajeevi Samiti, and Prosit Das, Jogin, Kaustav De, P.R. Ghosh