Belo Monte: un crimen ambiental

Pese a las protestas, en los últimos 22 días, el gobierno consiguió concluir la concesión de la construcción de la planta de Belo Monte. El proyecto, creado por la dictadura militar y resucitado por Lula, prevé la construcción de la tercer mayor planta del mundo en río Xingu.

La planta tendrá un impacto brutal en el medioambiente y en los pueblos cercanos al bosque. Es probable que represente uno de los mayores ataques a la ecología de las últimas décadas. Se calcula que por debajo de la planta van a desaparecer alrededor de 50 mil hectáreas de selva amazónica, además de ciudades y pueblos indígenas. La destrucción de

un ecosistema como ese equivale a la quema de los libros que la humanidad no ha leído todavía.

El consorcio ganador ha anunciado su intención de cambiar el diseño para reducir el costo de la obra. Entre estos cambios está prevista la excavación de dos canales, cada uno con cerca de 30 km de longitud, y cuyo volumen de suelo para ser removido (230 millones de metros cúbicos) es mayor que el adoptado en la construcción del Canal de Panamá. El impacto socio-ambiental de dicho trabajo será brutal.

“Normalmente, el impacto ambiental de las hidroeléctricas sucede con las inundaciones. En Belo Monte, el impacto será doble: además de la inundación, será necesario secar otra región, porque el río tendrá que ser desviado. Eso nunca había sucedido en el país y vuelve el proyecto más arriesgado”, dijo Francisco Hernández, investigador, del Instituto de Electrotécnica y Energía de la USP, que también coordinó un panel con 40 expertos para estudiar la obra.

Los pueblos indígenas, que dependen de Xingu, serán los más afectados. La construcción de la central va a disminuir el caudal de río, provocando la muerte de especies de pescado, que sirven de alimento y de base para la economía local.

En 1989, los pueblos indígenas habían llamado la atención del mundo cuando realizaron el 1er Encuentro de los Pueblos Indígenas de Xingu y consiguieron hacer retroceder al gobierno al gobierno en la revisión de los planos. Desde entonces, innumerables personalidades declararon su apoyo a la lucha contra la construcción. Recientemente, el cineasta James Cameron declaró que la historia de su película “Avatar” puede ser comparada a la lucha de los indígenas contra Belo Monte.

Se le suman a las nefastas consecuencias socio-ambientales, el desplazamiento de miles de personas hacia las ciudades de la región. Eso va a potenciar los problemas sociales de estas ciudades, ampliando la ocupación desordenada y la favelización.

El gobierno también es acusado de actuar de forma autoritaria. Ni siquiera oyó a las poblaciones locales.

Recientemente, el Ministerio de Justicia emitió un decreto que permite el uso inadecuado dela Fuerza Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal en apoyo a la Funai. La intención es clara: criminalizar cualquier tipo de resistencia promovida por los pueblos indígenas contra las obras del PAC o Belo Monte.

 

Un regalo para los empresarios

La intervención del gobierno para garantizar la concesión de Belo Monte recordó las escenas de la privatización de Telebrás, realizada por el gobierno de FHC. En la época, el gobierno actuó directamente para beneficiar el capital privado.

Con Belo Monte no fue diferente. Los dos consorcios que disputaban la concesión recibieron generosos aportes financieros del gobierno. Ambos habían tenido la participación de estatales como una maniobra para aumentar la caja de los empresarios privados.

La Chesf, estatal ligada a Eletrobras, integra el consorcio vencedor (formado por la constructora Queiroz Galvão, Gaia Energía, J. Malucelli, Mendes Júnior). Ya las estatales Furnas y Eletrosul participaban del segundo consorcio (integrado por Andrade Gutierrez y por la minera Vale). En ambos  casos, la participación de las estatales no superó 49,9% del aporte, dejando la mayoría para las empresas privadas.

Para ayudar todavía más a los empresarios y alejar cualquier riesgo en el negocio, el gobierno anunció antes de la subasta que la estatal Eletronorte podría asumir hasta un 35% de participación en la empresa.

Pero todo eso no bastó. El gobierno resolvió inyectar más dinero público en las manos de los empresarios y escaló el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) para ayudarlos. El banco va a financiar 80% de los recursos para la obra, estimada en más de R$ 19 mil millones de reales. Los empresarios tendrán 30 años para pagar el préstamo, el más grande en la historia del BNDES.

 

¿Cuál sería la alternativa?

Construir una gran hidroeléctrica mueve una montaña de dinero y atrae enorme visibilidad política. Belo Monte va a costar más de 19 mil millones de reales, según el gobierno. Las empresas contratistas, sin embargo, estiman la obra en R$ 30 mil millones.

La obra va a alimentar la campaña de Dilma Roussef reforzando la imagen de “madre del PAC” y también será una oportunidad para que las empresas contratistas refuercen las cajas de la campaña electoral del PT. Además, obras como esa son una enorme fuente de corrupción.

El gobierno Lula dice que la planta es necesaria, pues evitaría la amenaza de un nuevo apagón, en especial en el Sur y en el Sureste. Pero hay motivos de sobra para desconfiar de esas palabras. En primer lugar, es difícil creer que la mayor parte de la energía producida en Belo Monte será destinada para esas regiones. Para eso el gobierno tendría que invertir fuertemente en líneas de transmisión, lo que no está ni será hecho.

La verdad es que los millones de kilowatts servirán para subsidiar energía para grandes empresas exportadora de materia primas como Alcoa, Votorantim, Vale, Gerdau y CSN. Todas ellas participaron de la oferta de concesión de Belo Monte.

¿Hay alternativa para la producción de energía además del modelo de mega-hidroeléctricas? Un cambio profundo de patrón energético sólo será posible con una transformación radical de la sociedad

Sin embargo, expertos apuntan que la producción de energía podría aumentar sólo con inversiones para aumentar la potencia de centrales hidroeléctricas con más de 20 años, a través del cambio de equipamientos y de la modernización de componentes y sistemas.

Por otro lado, el país necesita invertir en fuentes energéticas no contaminantes. Una buena alternativa es la energía eólica. Según el Atlas Eólico, lanzado por Aneel y por el Ministerio de las Minas y Energía, el potencial eólico de Brasil es de 143 mil megawatios (MW). Sólo para comparar, la capacidad de la hidroeléctrica de Itaipu es de 14 mil MW.

Aun así, la meta del gobierno es la producción de sólo 10 mil MW hasta el 2020. Como el gobierno invierte poco en este tipo de energía, la capacidad instalada en el país suma sólo 606 MW, y casi todo está en las manos de la iniciativa privada.