Una tarea pendiente

 

La caída de la dictadura fue un inmenso triunfo revolucionario del movimiento de masas, que terminó con el gobierno militar pero no con la dictadura de los capitalistas.

La actual “pelea” del Congreso para pagar deuda externa, prueba que tanto gobierno como oposición acuerdan seguir esquilmando a nuestro pueblo para satisfacer a los usureros. 

 

En los años “democráticos” trascurridos, hemos visto desfilar presidentes y ministros de economía aplicando una y otra vez los mismos planes al servicio del FMI y de los grandes grupos económicos. Todos ellos cumplieron en evitar que se imponga el justo castigo a los asesinos. Se repartieron el trabajo de dictar las leyes que dejaron en libertad a los represores, encarcelados producto del proceso revolucionario que los volteó. Alfonsín dictó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Menem la de el Indulto, mientras todos los partidos patronales y la Iglesia llamaron a “cerrar las heridas” olvidando y perdonando. 

 

Desde 1983, la política de la UCR y el PJ fue crear una serie de normas jurídicas para legalizar la libertad de los genocidas y recomponer a las FFAA. Sus puntos culminantes fueron las Leyes de Punto final y Obediencia Debida, el acta de Semana Santa después del primer levantamiento carapintada (1987), y los indultos de Menem (1989). Pero no lograron reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad. 

 

Desde el menemismo, con la autocrítica del General Balza, se trató de imprimir un giro hacia este objetivo. Vinieron las reparaciones económicas, los juicios de la verdad y las detenciones (domiciliarias) de algunos emblemáticos represores por la apropiación de los hijos de desaparecidos. 

 

Diciembre del 2001 

 

El Argentinazo abre una nueva etapa. El pueblo movilizado llevó adelante una revolución que derrocó a un presidente constitucional, golpeando a las condiciones creadas por la dictadura. 

 

El kirchnerismo asume el gobierno con el objetivo de pacificar, desmovilizar y cerrar el proceso abierto en el 2001, que dejó en ruinas al régimen político y paralizó al sistema financiero, y un avance en la conciencia popular antiimperialista y contra el régimen político. 

 

Otorga concesiones democráticas al servicio de su política de reconstruir el estado burgués y las FF.AA, así como el dominio de los grandes grupos capitalistas que en 1976 patrocinaron el golpe.

 

Bajar el cuadro para “salvar la pintura” 

 

Para eso, Kirchner se vio obligado a volver atrás con las medidas de los gobiernos precedentes. El gesto de descolgar el cuadro de Videla de la galería de expresidentes en cuanto asumió, ilustró ese cambio. 

 

La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final fueron parte de ese intento. Fueron una gran conquista del movimiento por los Derechos Humanos y, más en general, del pueblo argentino, al igual que el emblemático juicio y condena de Etchecolatz, que fue condenado a prisión. 

 

Independientemente de las intenciones del gobierno, reabrieron la posibilidad de juzgar a cientos de asesinos de la dictadura. 

 

Así, tomando medidas que respondían al sentimiento de amplios sectores del movimiento de masas, logró ganarse a parte de los organismos de Derechos Humanos que habían estado a la vanguardia de la pelea contra las leyes de la impunidad, como Hebe de Bonafini o Estela Carloto, de Abuelas. Ambas dirigentes y sus organizaciones llamaron a confiar en el gobierno de Kirchner. “Hay un compañero en el gobierno”, mintieron a los trabajadores y luchadores democráticos. 

 

De ese modo, Kirchner logró un avance significativo en el terreno de la reconciliación con los genocidas. La anulación de las leyes de impunidad fue puesta al servicio de profundizar la reconciliación de las FF.AA con la sociedad, en función del interés del Estado patronal por recomponer plenamente a las instituciones represivas. 

 

Esa anulación -además de no cuestionar los indultos a los militares de Menem- actuó a lo sumo sobre un sector de oficiales retirados y de algunos cuadros en actividad sin peso ni poder real dentro de las Fuerzas Armadas, mientras la inmensa mayoría de los genocidas goza de libertad. 

 

De casi 2.000 involucrados en el terrorismo de Estado identificados, solo hay presos no más de cincuenta, y la mayoría en arresto domiciliario por su edad. El resto de ellos, desde altos oficiales hasta los que hicieron el “trabajo sucio”, siguen libres. Por eso, el genocidio no es “cosa del pasado”. 

 

A diferencia de lo que dicen los K, los genocidas están vivitos y coleando (muchos de ellos dentro de las fuerzas de seguridad) y no le perdonan al gobierno kichnerista ni la menor acción en su contra. Como prueba tenemos la desaparición de Jorge Julio López, después de haber sido el testigo clave en el juicio contra Etchecolatz. Esta desaparición y el que hasta el día no se haya avanzado nada en la investigación, es una prueba, además, de la poca profundidad de la pelea gubernamental y de su cobardía para enfrentar a los genocidas. 

 

El fin fundamental de la política del gobierno es fortalecer a la nueva conducción militar comprometida en reorientar a las FF.AA de la «democracia» detrás de los nuevos fines impuestos por el poder político, tales como el envío de tropas a la primer Guerra del Golfo y, posteriormente, como parte de las fuerzas de paz de la ONU en distintos conflictos. La participación de tropas en Haití en el marco de la Minustah es solo una de las “nuevas tareas” encargadas a las Fuerzas Armadas argentinas para aplicar la amplia experiencia represiva conquistada durante la dictadura. 

 

La represión hoy 

 

Mientras tanto, la política represiva frente a los conflictos sociales descansa fundamentalmente en las policías provinciales y la gendarmería nacional -encabezados por notorios ex represores de la dictadura- responsables entre otros de la muerte de Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Carlos Fuentealba, y en el caso de la Policía Federal, de los caídos en la Plaza de Mayo en diciembre del 2001. Además, la Policía Federal, la Gendarmería e incluso la Prefectura, tienen un papel fundamental en territorio bonaerense, patrullando sus calles, en los operativos en villas, siendo presentadas como garantía de seguridad frente al desmadre de la policía provincial. 

 

Tras las banderas de defensa de los Derechos Humanos, el gobierno actual y el anterior pretenden esconder el resto de su política que, en lo económico y social, recorre el mismo camino de hambre y marginalidad para los sectores trabajadores y empobrecidos que el de sus antecesores. 

 

Para eso fueron fundamentales esos organismos de derechos humanos cooptados ideológica y económicamente por el gobierno. Sin embargo, la realidad no es fácil de ocultar y ella nos indica que, ni antes ni ahora, los Kirchner han batallado a fondo contra el genocidio.  

 

Con gran habilidad tomaron esa bandera, tratando de arrebatársela a los verdaderos luchadores, y, haciendo propaganda con ello, pretenden encubrir toda su política que presenta graves casos de violaciones a los derechos humanos, cometidas directamente por el gobierno central o por gobiernos provinciales afines. 

 

Ejemplo de esto han sido los presos por pedir trabajo en Caleta Olivia, la brutal represión y encarcelamiento a los trabajadores petroleros en el norte de Santa Cruz (Las Heras), las muertes del docente Carlos Fuentealba y de Lázaro Duarte en Neuquén, la desaparición de Julio Jorge López, originada precisamente en la falta de desmantelamiento del aparato represivo en el ámbito de la Policía Bonaerense, y las represiones de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura contra los trabajadores del Hospital Francés, del Casino, de la fábrica Dana, las patoteadas al personal del INDEC, la brutal represión contra los trabajadores de Kraft-Terrabusi, y hace pocos días con los maestros de Jujuy y tantos otros caos. 

 

Las FF.AA y la represión del estado son estratégicas para el sistema capitalista. Los Kirchner tienen un objetivo claro: la restauración del poder de las instituciones armadas. Que el intento de llevarlo a cabo se haga bajo el manto del respeto de la legalidad y los derechos humanos no puede ocultar un problema esencial: no hay poder burgués sin fuerzas represivas que lo sostengan. 

 

Por todo lo que aquí intentamos demostrar, queda claro que no serán estos jueces los que impongan justicia. Debemos imponer con la movilización de los trabajadores y el pueblo la constitución de un tribunal popular integrado por los organismos de DD.HH. independientes del gobierno, los familiares de las víctimas y representantes de los trabajadores, que investigue, juzgue y castigue a todos los represores de ayer y de hoy, a todos los “empresarios” que fueron cómplices del genocidio, a todos los políticos que no solo apoyaron sino que le dieron cobertura a la dictadura. 

 

La lucha contra la impunidad y la represión no puede ser resuelta bajo los marcos del orden constituido, es decir por los mismos que la generaron. 

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A 34 años del golpe 

 

El 24 volvemos a marchar en repudio al mayor genocidio de nuestra historia y demostrar que los trabajadores y el pueblo no olvidan ni perdonan. 

 

Antiguas víctimas y nuevos mártires. La sangre derramada por los verdugos de la dictadura fue viva expresión de la barbarie, el punto extremo del sistema capitalista en descomposición, para evitar que la lucha derrote para siempre el país que ellos construyeron al servicio de un puñado de capitalistas y monopolios. 

 

La dictadura comenzó a llevar adelante los nuevos planes económicos, asentados en la superexplotación de los trabajadores, la entrega de los bienes del país, el pago de una fraudulenta deuda externa y el alineamiento político y militar con el imperialismo yanqui. Planes que después continuaron en “democracia” los Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner y Kristina. 

 

Fueron “empresarios”, como Macri, Pérez Companc, Fortabat, Escassani, Ernestina de Noble, junto a los gerentes de las fábricas yanquis y los oligarcas de la Sociedad Rural, los que pidieron a gritos la aniquilación física de miles de dirigentes obreros y estudiantiles para terminar de una vez por todas con la resistencia a sus planes. El objetivo del golpe genocida, razón de fondo del asalto al poder por parte de los militares, fue la necesidad de disciplinar a punta de fusil a la clase trabajadora. 

 

¿Por qué dieron el golpe? 

 

En 1969, la clase obrera había protagonizado una de las páginas más gloriosas de su historia de lucha: el Cordobazo, seguido por otros «azos» en Rosario, Tucumán, Mendoza y otras ciudades. El “Cordobazo” le extendió el certificado de defunción a la dictadura de Ongania: “…fue el comienzo de una resistencia a cuya cabeza estuvo la clase obrera, seguida del estudiantado y, en muchos casos, de las poblaciones de ciudades y pueblos enteros que repitieron en distintas escalas la experiencia del mayo cordobés. El proletariado en lucha ascendente, la clase media junto a él –o simpatizando con esa lucha- y la creciente división en la burguesía y las Fuerzas Armadas (tres presidentes e incontables ministros y subsecretarios se sucedieron en menos de tres años) inauguraron una etapa prerrevolucionaria en el país. 

 

Esa fue la hora de Perón. La burguesía argentina empezó a pensar en él como en el único capaz de frenar ese proceso (…) fue condecorado por ellos con el titulo de “gran bombero de la revolución argentina.” (Un siglo de Luchas –Historia del Movimiento Obrero Argentino) 

 

Entre 1973 y 1976, bajo los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, la clase obrera avanzó en su experiencia política con el peronismo, que al intentar contener la fuerza de los trabajadores, recurrió a las bandas fascistas de las Tres A y a la legislación represiva contra las huelgas y manifestaciones populares. Durante junio y julio de 1975, bajo el gobierno de Isabel, se produjo el mayor enfrentamiento contra el peronismo en el poder. La huelga general del 7 y 8 de julio derrota al plan económico de Celestino Rodrigo y lo expulsa del poder junto al jefe de la Triple A, el «Brujo» López Rega (el “hombre fuerte” del gobierno). 

 

A principios de 1976, asume como nuevo ministro de Economía Mondelli, con las mismas “recetas” de su anterior “Celestino”; vuelve a estallar el descontento obrero: huelgas y manifestaciones. “Pero esta vez la crisis de la burocracia no le permite frenar ni ponerse a la cabeza. En ese vacío, empieza a gestarse una nueva dirección: las coordinadoras zonales. 

 

El gobierno peronista y la burocracia no pueden ceder a las demandas obreras ni impedir la movilización. Ya no le sirven a la patronal. Han cumplido su papel y ahora los tiran como un limón exprimido. 

 

En la madrugada del 24 de marzo, Lorenzo Miguel dice a los periodistas que esperaban el anuncio del golpe: “No hay golpe, juguémonos a nosotros, que pagamos dos con diez”. La incapacidad para ver la catástrofe inminente es un síntoma de decadencia política. Mientras Miguel decía esto, las FF.AA. concretaban el golpe. 

 

Para el movimiento obrero empezaba una nueva etapa: la de la resistencia contra la dictadura militar.” (Ídem) 

 

Lo que Isabel Perón y la Triple A habían comenzado, lo continuó la dictadura a través del terrorismo de Estado, provocando la desaparición de 30.000 trabajadores, estudiantes, luchadores, secuestrando y apropiándose de sus bebés.

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El escándalo de Raúl Tarifeño, Agente de inteligencia infiltrado en el MST

 

“Raúl Alejandro Tarifeño. Agente de Reunión de Información (buchón) del Destacamento de Inteligencia 182. 1976-1983”, dice uno de los 4300 renglones de la lista que el Gobierno acaba de desclasificar. 

 

Desde 1983, formó parte del PC y del MAS local, y luego del MST, encabezando marchas y protestas y escribiendo artículos en revistas partidarias. 

 

Confesiones de un espía del Ejército 

 

“El Estado se sigue infiltrando y sigue haciendo inteligencia a pesar de la Ley de Defensa a la Democracia. Yo asumo toda mi responsabilidad, pero son ellos los que tienen la dirección”. Raúl Tarifeño se hace cargo: fue agente de inteligencia hasta 2006. Sin titubear, confirma que después de su participación en el Batallón 601 siguió formando parte de una red de espías que, en plena democracia, se escabulló entre organizaciones sociales y partidos políticos bajo el ala de Estado, en clara violación a la ley. Desde el Ministerio de Defensa aseguran no saber de qué se trata y sólo ratifican que el nombre de Tarifeño es parte de la lista de 4.300 civiles que formaron el temible órgano represivo del Ejército (Critica Digital, Martes 16 de marzo Año I | Edición Nº737). 

 

La publicación de la lista de los miembros del Batallón 601 en dictadura dejó al descubierto una verdad que desde años venimos denunciando: sus agentes de inteligencia continúan infiltrados en partidos políticos y organizaciones sociales, a pesar que la Ley de Defensa de la Democracia lo prohíbe, lo que demuestra que en dictadura o en la supuesta democracia los servicios pueden cambiar la táctica pero no la estrategia. 

 

El encubrimiento impune va de la mano de la represión. El Gobierno de Kristina necesita sostener –y lógicamente encubrir- un aparato represivo, utilizando además fuerzas de choque parapoliciales y patotas de la burocracia sindical contra los trabajadores y estudiantes. Esta es una prueba más que el gobierno que se dice defensor de los derechos humanos aplica la misma política cuando se trata de perseguir e infiltrarse en las organizaciones obreras y populares, por lo cual debemos exigir al gobierno que abra todos los archivos de los servicios de inteligencia desde la dictadura hasta la fecha, que se desmantele todo el aparato represivo de todas la fuerzas de seguridad, que el gobierno de Kristina deje cesantes a todos los agentes de las fuerzas armadas, policiales y de gendarmería que hayan participado en la represión ilegal. 

 

Hacemos el más amplio llamado a todos los organismos de derechos humanos, partidos políticos, a la CGT y la CTA, sindicatos, estudiantes, para seguir exigiendo juicio y castigo a todos los asesinos del proceso y el desmantelamiento del aparato represivo. 

 

Fuente: Lucha Socialista n° 198, Marzo 2010