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| El kirchnerismo y las Fuerzas Armadas |
| Escrito por PSTU - Argentina | |||
| Viernes 15 de Julio de 2011 03:11 | |||
 A los millones de compañeros que apoyan a Cristina y se sienten desilusionados por el escándalo desatado en torno a la Fundación de las Madres y los manejos de Hebe y Schoklender queremos invitarlos a reflexionar sobre el sentido de la política kirchnerista para los derechos humanos. Como es evidente, esa política tiene una relación directa con la crisis de las Fuerzas Armadas.
Nosotros les decimos que esa política kirchnerista, aunque es distinta a la de Alfonsín, Menem, Duhalde y De la Rúa, busca por otros medios el mismo fin: lograr que las Fuerzas Armadas y el aparato represivo superen su crisis para poder cumplir plenamente su función de pilares del estado y de principal arma de los patrones contra los trabajadores y el pueblo.
La crisis de las Fuerzas Armadas y de represión argentinas tiene dos causas centrales: la traición de las Malvinas y el odio arraigado profundamente en toda la población contra la dictadura militar y los genocidas.
Con Alfonsín se inició una campaña de “desmalvinización”, para demostrar que nunca hay que desafiar al amo imperial. Como parte de esa misma política el gobierno de Carlos Menem eliminó la conscripción. Y el presupuesto y equipamiento militar no han dejado de reducirse.
Frente al genocidio
Por el otro lado, los sucesivos gobiernos de la democracia han buscado evitar que el odio de la población a los genocidas llevara al desmantelamiento del aparato represivo. Así bajo Alfonsín se dictaron las leyes de obediencia debida y Punto Final, que limitaban los juicios a los integrantes de las Juntas. Y bajo Menem se dictaron los indultos. Al mismo tiempo se buscó por todos los medios la reconciliación entre la población civil y los militares. Un gesto de Menem en ese sentido fue nombrar como jefe de las Fuerzas Armadas al general Martín Balza, que en abril de 1995 reconoció el genocidio e hizo una autocrítica en nombre de los militares por el golpe de estado y la dictadura, pero sin que se avanzara realmente en la investigación y castigo a los culpables.
Todos estos intentos por frenar, engañar o desviar a quienes levantaban el reclamo de juicio y castigo a los genocidas y el fin de la represión se estrellaron contra la persistencia de un poderoso movimiento popular por los derechos humanos.
El fracaso de los anteriores gobiernos en el intento por desmontar este movimiento llevó a los Kirchner a tomar otro camino, el mismo que siguió para controlar los movimientos piqueteros y otras organizaciones populares: cooptarlos y volverlos dependientes de los subsidios del estado. En el caso de Hebe y las Madres de Plaza de Mayo, con los subsidios para la construcción de viviendas a través de la Fundación Sueños Compartidos. Esto fue de la mano con la política de no reprimir la mayoría de las protestas callejeras en la Capital y el Gran Buenos Aires, aunque sí se reprimen de modo muy violento en el interior, como se ve en la manera en que el gobernador Peralta ataca a docentes y petroleros en Santa Cruz.
Al mismo tiempo el gobierno kirchnerista promovió la anulación de las leyes aprobadas bajo Alfonsín y los indultos de Menem. En los últimos años impulsó la aceleración de los juicios: en 2010 se condenó a 98 genocidas, tantos como en los 32 años anteriores desde la caída de la dictadura. Promovió la búsqueda de los hijos y nietos apropiados. Y la ex guerrillera montonera Nilda Garré, como ministra de Defensa y luego de Seguridad, pasó a retiro algunos centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía, especialmente los más comprometidos con la corrupción y las redes criminales.
Con todo ello el kirchnerismo consiguió que varios de los organismos de derechos humanos apoyaran al gobierno, con Hebe y las Madres y Estela Carlotto y las Abuelas en primer lugar. Y para millones de trabajadores y amplios sectores del pueblo argentino se convirtió en el “gobierno de los derechos humanos”.
Sin embargo, si se mira objetivamente la realidad, se advierte que el kirchnerismo ha logrado esto dejando en los hechos a las Fuerzas Armadas y de represión en las mismas condiciones que bajo Menem. Hay unas Fuerzas Armadas reducidas, tal como exigen las potencias imperialistas, que junto con la policía, la gendarmería y demás integrantes del aparato represivo son adecuadas para el control y la represión de las protestas interiores. Ese mismo sometimiento a las órdenes imperialistas se expresa en el rol que los militares argentinos cumplen en la Minustah, la fuerza de ocupación de Haití de la ONU. Por otra parte, la inmensa mayoría de los miles de genocidas no ha sido llevado a juicio.
Y más de la mitad de los que sí están en juicio siguen en libertad. Lo que es más, la desaparición no esclarecida hasta el día de hoy de Julio López demuestra que incluso los jefes genocidas encarcelados como Etchecolatz aún cuentan con un aparato capaz de perpetrar crímenes impunemente.
¿No se podía lograr más? ¿El problema es la Justicia llena de jueces cómplices de la dictadura? El gobierno kirchnerista tuvo y tiene la capacidad de impulsar una gran movilización popular para imponer medidas mucho más profundas de castigo a los genocidas y para desmantelar el aparato represivo, que proponemos en estas mismas páginas.
Creemos que el gobierno kirchnerista no ha aplicado esas medidas precisamente porque su objetivo no es ése, sino sostener a las Fuerzas Armadas y de represión y superar su crisis.
Nuestras Propuestas
Convocando a una gran movilización popular para imponerla, el gobierno de Cristina podría enviar al Congreso una ley sencilla, como la que se usó en la Alemania posterior a la guerra, para enjuiciar a los nazis. Es la llamada Ley de Inversión de la Prueba. Que consiste en meter presos a los más de mil asesinos cuya participación en los crímenes es reconocida, y darles todas las garantías para que demuestren su inocencia. Si lo logran, salen. Y si no, quedan presos.
Más aún, podía avanzar en otra ley, de responsabilidad económica y política con la dictadura, levantando cargos contra todos los empresarios, como la Sociedad Rural de Martínez de Hoz, Ernestina Noble, dueña de Clarín cuyos hijos son hijos de desaparecidos. O las grandes multinacionales, que apoyaron y se beneficiaron con la dictadura. Contra todos los políticos que fueron funcionarios de la dictadura. Contra los burócratas sindicales que la apoyaron.
El gobierno también podría echar a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes policiales que quedan desde la dictadura. Junto con ello, el otorgamiento de plenos derechos sindicales y políticos a la suboficialidad y la tropa de las Fuerzas y garantías para que denuncien a los jefes represores y corruptos, serían el comienzo de una profunda transformación, camino al desmantelamiento del aparato represivo. 
 
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