La nueva Constitución Política del Estado, promulgada en enero de 2009,  implica una readecuación de las leyes a la nueva Carta Magna.

Tarea que debe cumplir el nuevo Parlamento electo, rebautizado Asamblea Legislativa Plurinacional. El gobierno pretende promulgar 100 leyes este año, hasta el momento promulgó apenas cinco. Pero más allá del ritmo que esos cambios tomarán, es importante ver el tipo de cambios propuestos en estas nuevas normas y las orientaciones políticas y económicas que serán incorporadas en estas leyes. La nueva CPE reafirma derechos generales, pero bastante vagos, imprecisos. Son solo posibilidades que se quedan en el enunciado... Serán las normas específicas sobre cada sector que definirán si realmente habrá cambios ó no en las principales orientaciones políticas y económicas. Por eso, es importante analizar los proyectos de ley que vienen proponiendo el gobierno y/o las comisiones del Parlamento, como ser la propuesta de Código de Trabajo o la propuesta de nueva ley minera.

 

En la minería, la colonia continua…

 

Es importante partir del hecho que el Código de minería aprobado por Sánchez de Lozada en 1997 sigue vigente, norma neoliberal orientada a facilitar el saqueo de los minerales por empresas privadas, nacionales y extranjeras, con la extracción de materias primas para la exportación. Hoy, en Bolivia, son las transnacionales que dominan el sector minero, con una decena de proyectos grandes, 100 % privados o de riesgo compartido con el Estado, que producen más de 70 % de los minerales exportados. Nada se queda para el país: de cada 100 dólares de minerales producidos en Bolivia, 95 se van afuera, apenas el 5 % se queda, por concepto de regalías. El sector cooperativista si bien cuenta con más de 60.000 trabajadores, también termina al servicio del gran capital minero, vendiéndole a precios muy bajos los minerales en bruto. No hay industrialización en el país, apenas concentración de minerales. 

 

En cuanto a la propiedad de los recursos, el actual código minero, de forma tramposa, solo reconoce el derecho del Estado sobre el yacimiento, pero transfiere mediante el sistema de concesiones, el derecho de propiedad sobre los minerales extraídos y los beneficios generados, así como los derechos sobre toda la cadena productiva minera, a empresas privadas y transnacionales, enajenando en los hechos la propiedad del Estado.

 

¿Hacia un nuevo código minero?

 

A fines del año pasado, se llegó a conocer una propuesta de ley minera por parte del Ministerio de Minería. Esta propuesta tiene dos ejes sustanciales: el traspaso del sistema de concesiones mineras hacia un sistema de contratos mineros y la reestructuración del sector minero estatal, mediante la descentralización de la COMIBOL, o mejor dicho su total desmantelamiento.  Algunos dirigentes sociales declararon que se sienten engañados por la propuesta del gobierno. Estaban ilusionados que, con la Nueva CPE, se iba a garantizar automáticamente cambios estructurales importantes, que se iban a reflejar en un nuevo código minero, para la recuperación de los recursos naturales en provecho del pueblo boliviano, pero las propuestas actuales demuestran lo contrario.  

 

La nueva CPE plantea que la propiedad de los recursos naturales es del pueblo boliviano, administrados por el Estado, sin embargo reconoce a todos los actores de la minería (privados, transnacionales, Estado y cooperativas) garantizando sus derechos adquiridos y permite que la cadena productiva minera (exploración, explotación y comercialización de minerales) o sea la valorización de los recursos mineros, continúe en manos privadas, por tanto no hay una real “recuperación” de los recursos naturales para el país. 

 

En este mismo marco, la propuesta de anteproyecto de código Minero, propone un nuevo sistema de “contratos mineros” en sustitución de las concesiones actuales. Serán contratos de explotación, o sea los mineros estarán obligados a producir, caso contrario se podrá revertir dichos contratos. De esta manera, el Estado espera frenar parcialmente la especulación que existe en el sector minero. El Estado espera también recaudar mayores ingresos del sector minero. Sin embargo,  con algunos cambios de forma, se trata de un simple traspaso de concesión a contrato, sin cambios fundamentales en la política minera, ya que se sigue planteando “la libre e irrestricta actividad minera por los actores productivos”. Si bien se propone mayor presencia del Estado en el sector, siempre es en alianza con los privados, extendiendo el sistema de riesgo compartido.

 

El otro eje central de la propuesta, es la descentralización completa de la COMIBOL. Se propone dividir la COMIBOL en 3 COMIBOL departamentales (Potosí, Oruro y La Paz) a las cuales se transfiere todos los activos de la COMIBOL y la gestión de los contratos mineros, se propone también la creación de 2 empresas “estratégicas” (Mutún y litio)  sin definir claramente si serán 100 % estatal (caso litio) o de riesgo compartido (caso Mutún).   Esta descentralización no apunta al fortalecimiento de la COMIBOL, sino a su debilitamiento, de hecho destruye la única empresa nacional en el sector minero. ¿Cómo pensar entonces en el fortalecimiento de la presencia del Estado en el sector minero?

 

El Medio Ambiente sigue en peligro

 

Un tercer elemento preocupante del anteproyecto, es su enfoque de los temas medioambientales. Se mantiene la entrega irrestricta de derechos sobre el agua y otros recursos naturales presentes en las áreas de explotación,  a las empresas mineras titulares de contratos mineros, continuando así el saqueo de recursos y contaminación de los territorios de las comunidades y pueblos indígenas.  En cuanto al derecho de consulta previa obligatoria a los pueblos indígenas antes de otorgar derechos de explotación de recursos naturales (hidrocarburos y minería) en sus territorios, el cual está reconocido por la Constitución y varios convenios internacionales, en muchos casos, no están siendo aplicados en Bolivia; tampoco está reflejado en el anteproyecto de Ley Minera que solo se limita a considerar a la consulta previa como un mecanismo de simple información y negociación.  

 

En conclusión, podemos afirmar que este anteproyecto de ley minera, al igual que otras leyes que prepara el Gobierno como el código del trabajo, se enmarca en la misma perspectiva neoliberal que las anteriores normas, siguen a favor del gran capital, o sea de los patrones y de las transnacionales, modernizando aspectos formales y no de fondo, en contra de los intereses de los trabajadores, pueblos y comunidades, además de no ser discutidos por los sectores sociales. 

 

 Nacionalización de la minería, bajo control obrero.

 

Para verdaderamente recuperar los recursos naturales para el pueblo, es necesario que el conjunto de la cadena productiva, de las actividades mineras, esté en manos del Estado. Es decir, nacionalización de las minas y de las diferentes actividades del proceso minero, como una forma efectiva de ejercer el derecho de propiedad del pueblo boliviano, ya no solo sobre los yacimientos, sino también sobre los beneficios de la actividad minera. Que el Estado se haga cargo y tenga el control de toda la exploración, explotación y comercialización de los minerales en el país, sin empresas mixtas y bajo el control de la clase trabajadora.