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| Las “nacionalizaciones” de Evo: jugosas indemnizaciones a las transnacionales |
| Escrito por Grupo Lucha Socialista - Bolivia | |||
| Miércoles 16 de Junio de 2010 21:26 | |||
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Con el decreto, el Estado pasa a tener el control de las tres más grandes generadoras de electricidad del país (Corani, Guaracachi y Valle Hermoso), que estaban siendo operadas por empresas extranjeras, y de la cooperativa distribuidora de electricidad de la ciudad de Cochabamba (ELFEC).
Hasta ahora, Corani era operada por la subsidiaria de la francesa GDF, Ecoenergy Internacional, la que contaba con 50% de las acciones. La británica Rurelec PLC tenía tambien 50% de las acciones de la empresa Guarachi. La mitad de las acciones de Valle Hermoso, pertenecía a la empresa The Bolivian Generating Group, cuyo grupo inversor en Bolivia es Panamerica. El resto del paquete accionario de estas empresas, estaba administrado por el grupo español Bilbao Viscaya Argentaria y el suizo Zurich a nombre del Estado boliviano. El paquete accionario de la distribuidora ELFEC estaba controlado desde hace tres años por los trabajadores con quienes el gobierno había iniciado gestiones para la compra de las acciones.
Según los Tratados para la Promoción y Protección de Inversiones suscritos por Bolivia con Francia e Inglaterra, el gobierno tiene seis meses de plazo para negociar con las empresas, el pago de las acciones.
El pago de indemnizaciones muestra la sumisión del gobierno a las transnacionales
“El gobierno indemnizará a las empresas y pagará un precio justo por las acciones”, dijo la ministra de Planificación Viviana Caro. Por otro lado, el ministro de Hidrocarburos, afirmó que la nacionalización se efectúa como consecuencia de la falta de inversiones y desarrollo de la generación eléctrica en los últimos 15 años. Es decir, las transnacionales que controlaban a Corani, Guarachi y Valle Hermoso, no hicieron las inversiones que deberían haber hecho. Surge entonces la pregunta, si no hicieron las inversiones y llevaron durante años jugosas ganancias, ¿Por qué el gobierno les va indemnizar? Esta “nacionalización” a través de la compra de acciones es aceptada hasta por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que emitió un comunicado en el que sostiene que “los procesos de nacionalización deben realizarse previa indemnización justa”.
El monto a pagar podría llegar fácilmente a los 200 millones de dólares. En la ley del presupuesto general de la nación se autoriza un crédito de 1.000 millones de dólares para la instalación de plantas generadoras de hidroelectricidad. El gobierno recurrirá a estos fondos para pagar la indemnización a las transnacionales. Es decir, sacará dinero del bolsillo de todos los bolivianos para transferirlo a los de grandes capitalistas.
Es decir, va contraer más gastos para indemnizar a las transnacionales cuando estas siquiera cumplieron con las inversiones prometidas en el país. Mientras que para los trabajadores el gobierno dice que no hay dinero para el aumento de salario. Estamos a favor de nacionalizar todas las empresas que fueron capitalizadas, es más, nacionalizar la minería privada, toda la cadena de los hidrocarburos, etc. Pero no a costo de jugosas indemnizaciones. Solamente un gobierno preocupado en mantener las buenas relaciones con las transnacionales y sus gobiernos imperialistas, hace un negocio como éste. Se ve claro la diferencia entre el discurso antiimperialista y anticapitalista de Evo, y sus verdaderas políticas que se encuadran muy bien en los negocios capitalistas.
Por la nacionalización de San Cristóbal y de toda la minería privada
En el mes un abril ocurrió un importante conflicto en la provincia Nor Lípez (Potosí). Durante 11 días millares de comunarios se movilizaron contra la empresa Minera San Cristóbal, de propiedad de la japonesa Sumitomo. El yacimiento de San Cristóbal es una de las mayores operaciones mineras de plata a cielo abierto en el mundo, “Su producción alcanzó en el 2009 un valor de unos 1.000 millones de dólares, pagando en impuestos apenas 35 millones (3.5%), de acuerdo a versiones oficiales” (Bolpress).
A pesar de que al frente de las movilizaciones están sectores de la derecha de la región, consideramos muy progresivas las justas demandas de los comunarios frente a la empresa, que bloquearon la carretera por donde se exportaba los minerales, afectando las ganancias. Incluso llegaron a tomar las oficinas, y quemaron bienes y documentación.
Además de exigir la electrificación de varias comunidades, los pobladores cuestionaban el saqueo desenfrenado del agua por la empresa sin pagar un solo centavo al estado. Se estima que 50.000 metros cúbicos de agua diarios, que representarían 10.5 millones de dólares anuales, son utilizados por la empresa.
Según el especialista en temas mineros, Rolando carvajal, “San Cristóbal actualmente extrae entre 42,000 a 50,000 m3/día, que continuarán por los próximos casi 20 años, y aún con tendencia a incrementarse; los acuíferos subterráneos están conectados con las fuentes superficiales y no son recargados por la escasa lluvia, por tanto durante muchas décadas luego de la explotación de la mina, no será posible otros usos, actuales y/o potenciales; más aún, de acuerdo al informe Moran, muchos manantiales y humedales locales y regionales, así como los flujos de aguas superficiales locales serán reducidos o se secarán producto del bombeo durante estos años, por parte de la empresa, reduciendo por tanto los ingresos de agua al salar de Uyuni”.
El gobierno del lado de la empresa
Durante todo el conflicto quedó claro de qué lado estaba el gobierno. El ministro de minería y metalurgia, José Pimentel, amenazó con intervenir militarmente el conflicto para garantizar el normal funcionamiento de la empresa. En una declaración, el ministro afirmó categóricamente “Nunca hemos hablado de nacionalizar San Cristóbal, lo que hemos dicho es que vamos a respetar el marco jurídico del país y, en ese sentido, San Cristóbal está dentro del marco legal. Lo que hay que cambiar es la concesión minera a un contrato minero y deberá migrar una vez aprobada una nueva ley de minería"(La Razón, 24 de abril de 2010).
El gobierno de Evo Morales que se auto define como defensor de la Madre Tierra, y el gran responsable por frenar el saqueo de los recursos naturales sigue la misma política de entrega de los RRNN a las empresas transnacionales de los gobiernos anteriores. Se estima que la Petrobrás es responsable por la explotación del 60% del gas boliviano, que en su mayoría es exportado a Brasil a precios muy bajos. El 70% de la minería en el país están en manos privadas, así que el discurso de “nacionalización” de las riquezas estratégicas del país es una gran farsa.
Durante el conflicto, muchos comunarios defendieron la nacionalización de la empresa. Pero como mencionamos arriba, la dirección del movimiento no tenia ningún interés de profundizar la movilización hasta lograr la Nacionalización de San Cristóbal bajo control de los trabajadores y las comunidades. Solo con la nacionalización se podrá garantizar un uso racional del agua, y el hecho de que las riquezas producidas por este yacimiento estén al servicio de la mejoría de las condiciones de vida de todo el pueblo boliviano. Esta es la única solución de fondo para resolver el conflicto, lo demás son solo engaños para que la trasnacional Sumitomo siga operando en San Cristóbal.
Fuente: Lucha Socialista n° 20, Junio 2010 
 
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El 1 de mayo el presidente Morales firmó los decretos supremos 0493 y 0492