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| La Ley de Revolución Productiva favorece a los agroindustriales |
| Escrito por Grupo Lucha Socialista | |||
| Viernes 12 de Agosto de 2011 00:59 | |||
 Recientemente el gobierno de Evo Morales aprobó la Ley de Revolución Productiva cuyos objetivos, según el gobierno, son: definir las políticas del Estado para enfrentar la crisis alimentaria, a través de la creación de un seguro agropecuario y la creación de empresas dedicadas a la producción de alimentos. Muchos creen que se trata de algo muy progresivo, que será un gran paso para que Bolivia alcance la soberanía alimentaria. Pero si analizamos detenidamente la Ley vamos percibir que su verdadero objetivo es favorecer a los agroindustriales de Santa Cruz y legalizar la producción, distribución y comercialización de productos transgénicos, entre otros. El gobierno intenta introducir la idea de que la ley fue consensuada con la organizaciones sociales, nada más falso, importantes organizaciones sociales y medioambientales como la CONAMAQ rechazaron la ley.
El seguro agrario
Dentro de la ley se contempla el Seguro Agrario Universal contra fenómenos climáticos y desastres naturales, creándose el Instituto del Seguro Agrario (INSA) como entidad administrativa y regulatoria. El artículo 34 de la ley dice “El Estado promoverá la creación de una aseguradora pública que será responsable de la cobertura del Seguro Agrario Universal Pachamama”. Sin embargo, promover la creación de una aseguradora no significa hacerlo, mencionando también que compañías de seguros privadas podrían participar de la cobertura, lo que deja el negocio en manos privadas.
Los beneficiarios del seguro serán productores agrarios sean personas naturales o colectivas. El seguro subvencionará una parte de la prima que se debe pagar a las empresas aseguradoras. Dicho de otra manera, los pequeños productores que logren sobrepasar la burocracia para acceder al seguro tendrán que sacrificar una porción de los beneficios de las cosechas para pagarlo a las aseguradoras. El seguro beneficiará a los grandes agroindustriales subvencionando la prima que éstos deben pagar, siendo los claros beneficiarios de este servicio.
Demostrando otra vez que el gobierno de Evo Morales, tiene una política clara de beneficiar a los grandes empresarios en desmedro de los pequeños productores. También para acceder al seguro se tiene que cumplir con ciertas condiciones técnicas mínimas exigibles de cultivo, lo que significa tener una porción de terreno grande cultivada y alcanzar una cosecha considerable, dejando de lado a los pequeños agricultores. Entre las garantías y mecanismos de aseguramiento de pago se incluye la entrega de documentos de propiedad en custodia, es decir, el que no paga su deuda pierde su propiedad, en el caso de los pequeños productores su tierra es inembargable, de ser este el caso, esta no sirve como garantía.
La libre importación de los transgénicos
La producción y comercialización de productos transgénicos es un negocio que maneja a nivel mundial alrededor de 150 mil millones de dólares, cuyos representantes solamente son un puñado de trasnacionales imperialistas contra las cuales supuestamente lucha el gobierno. Además el uso de productos transgénicos provoca grandes daños medioambientales, al suelo, al agua y la salud de quienes lo consumen. El presidente Evo Morales explicó a los campesinos e indígenas que si no se introducen en la ley la libre importación y comercialización de transgénicos “le causarían problemas con los empresarios de Santa Cruz”.
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Evo Morales favorece el desarrollo capitalista en el campo como hicieron los gobiernos militares y neoliberales
Una de las características más sobresalientes de la estructura agraria boliviana es la cada vez mayor presencia de la producción agrícola y ganadera capitalista, asentada principalmente en el oriente del país, y la cada vez menor importancia de la producción campesina del occidente del país. Esto significa que la producción de alimentos en el país está concentrada en manos de los agroindustriales, cuyo objetivo principal es aumentar sus ganancias y no atender las necesidades alimentarias de la población. Esta realidad viene siendo profundizada por el gobierno de Evo Morales, que mantiene una muy buena relación con los agroindustriales y terratenientes de Santa Cruz. Por eso no hubo una reforma agraria radical que expropiase a los agroindustriales y terratenientes.
Recientemente el gobierno de Evo Morales entregó a empresarios agropecuarios medianos y a grandes agroindustriales 465 títulos ejecutoriales de propiedades agrarias individuales que suman en conjunto casi 684 mil hectáreas. El gobierno del MAS ha generado muchas expectativas entre los campesinos y pueblos indígenas. La mayoría creyó que por fin ocurriría una reforma agraria que beneficie a las comunidades y a los campesinos pobres y sin tierra. Pero la realidad es que las políticas agrarias de este gobierno no rompen, en lo fundamental, con las políticas que estuvieron vigentes en el periodo neoliberal. Para Enrique Ormachea (CEDLA), las medidas concretas de la denominada “revolución agraria” del gobierno de Evo Morales responden, en lo esencial, a las políticas de tierra prevalecientes desde la aprobación de la Ley INRA en 1996 durante el gobierno de Goni. Lo que existe es una distribución de las pocas tierras fiscales existentes, el respeto a la gran propiedad agraria terrateniente y la promoción de programas de acceso de campesinos a la tierra vía crédito, es decir, la aplicación de modelos de “reforma agraria asistidos por el mercado” ideados por el Banco Mundial para preservar la gran propiedad terrateniente.
Otro elemento importante es el creciente acaparamiento extranjero de las mejores tierras agrícolas en el departamento de Santa Cruz por parte de terratenientes brasileros y argentinos que poseerían más de un millón de hectáreas de las mejores tierras agrícolas y ganaderas de Bolivia. Un verdadero programa revolucionario para el campo debe significar la expropiación y repartición de los latifundios a los campesinos pobres y sin-tierra, e incentivar la formación de comunidades donde la tierra no sea una mercancía y si un bien social, de toda la población; debe promover la propiedad social y la explotación colectiva. De esta forma, la tierra se tornará indivisible e intransferible, o sea, no podrá ser vendida.
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Un poco de historia…
Según el investigador del CEDLA, Enrique Ormachea, la reforma agraria aplicada por el MNR tuvo como único objetivo impedir la extensión de la revolución en el campo y favorecer al desarrollo del capitalismo en el agro boliviano, fundamentalmente asentado en el oriente del país. La progresiva consolidación de la agricultura capitalista en el oriente del país fue posible a través de varias acciones estatales relacionadas al crédito estatal y a la distribución de tierras. Según algunos estudios, en 1973, Santa Cruz concentró el 80,8% del total del crédito agrícola y sólo durante el gobierno de Banzer (1971-1978), se distribuyeron 17.800.000 hectáreas, de las cuales el 90% se ubicaban en los departamentos de Santa Cruz y Beni. En el periodo neoliberal las políticas agrarias se orientaron a favorecer la agricultura de exportación, promoviendo la exportación de productos, como la soya en detrimento de la producción agropecuaria campesina, sobre todo de la andina. 
 
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