La siempre agitada coyuntura política boliviana tuvo otro hito durante la Semana Santa con una bochornosa crisis parlamentaria, en torno a la aprobación de la Ley Electoral, para las elecciones del 6 de diciembre. La CSUTCB[i] amenazó con otro cerco del Congreso, los diputados del MAS con una renuncia masiva de sus curules y enjuiciar a quienes saboteen la ley electoral, la oposición con el abandono de las sesiones del Congreso, gritando insultos, acusando el MAS de "fujimorazo"[ii] y dicta­dura...

El Presidente no se quedó atrás: junto a una decena de dirigentes nacionales de los movimientos sociales propició una huelga de hambre, exigiendo la aprobación de la ley electoral. En realidad fue un show para desviar la atención mientras se negocia­ba con la derecha el contenido de la ley electoral. Actuó de manera similar que durante la crisis de Octubre para la aprobación de la Constitución. En ese momento, se había puesto a la cabeza de la mar­cha nacional de los sectores sociales, para tenerla bajo control, mientras el MAS negociaba a espalda del pueblo. Ahora se puso a la cabeza de una huelga de hambre, con el propósito de evitar una masiva movilización de las bases.

Con la aprobación de la ley electoral, se ha dem­ostrado una vez más, que la dirección del MAS decide y negocia los temas centrales, modificando a su antojo lo que fue aprobado por las organiza­ciones sociales, mientras que la gran base del MAS no es consultada.

Después de pactar la nueva Constitución, ahora pactan la ley electoral.

Con el argumento de garantizar las elecciones de diciembre, el MAS negoció con la derecha, lo que podemos considerar una segunda gran traición del gobierno a las expectativas de los sectores sociales, particularmente esta vez a las organizaciones de los Pueblos Indígenas a quienes se les había prometido una representación significativa en el Parlamento, con 14 escaños. Pero el acuerdo logrado solo les otorga 7, uno por departamento (excepto Potosí y Chuquisaca). Los dirigentes de la CIDOB[iii] hablan de traición. Su dirigente lloró diciendo que prefer­ían retirar su propuesta del Congreso.

Las novedades de la ley Electoral son la votación en el Exterior y los escaños indígenas, ambos temas amparados por la nueva Constitución. Se renombra el parlamento Asamblea Legislativa Plurinacional, pero se mantienen las 2 cámaras, con más peso del Senado de 27a 36 personas y 130 diputados (68 uni­nominales, 55 plurinacionales y 7 especiales indí­genas).

El acuerdo incorpora las principales exigencias de la derecha, como ser:

* El re-empadronamiento general biométrico (con huellas didáctilas, fotografía digital, firma y otros datos de identidad) que costará más de 35 mil­lones de dólares,

* Se restringió la participación de los inmigrantes bolivianos en 240.000 cuando hay más de 2,5 millones de Bolivianos viviendo fuera del país,

* La disminución de los escaños indígenas y la eliminación del derecho de las organizaciones in­dígenas de convalidar los candidatos indígenas, según usos y costumbres, lo que abre la puerta a mayor corrupción y cooptación de dirigentes por la derecha.

* Para las elecciones departamentales se acepta los mecanismos previstos en los estatutos autonómi­cos departamentales (los cuales habían sido de­nunciados como ilegales por el mismo MAS).

* Se había previsto en la Constitución que los candi­datos tenían que hablar mínimo 2 idiomas, lo cual fue retirado en la presente ley electoral.

El vergonzoso papel de los dirigentes

Un tema que no se puede dejar pasar por alto es el vergonzoso papel de las direcciones de las or­ganizaciones sociales matrices y particularmente la COB[iv]. Desde febrero, al participar activamente en todos los actos del MAS, el máximo ejecutivo de la COB, Pedro Montes, rompe completamente con el principio de independencia de clase, uno de los prin­cipios históricos asumidos por las organizaciones sindicales en Bolivia, que les obliga a guardar dis­tancia de clase frente a todos los gobiernos.

Ahora, en vez de atender las reivindicaciones y conflictos de los sectores en lucha y movilizar a sus bases so­bre temas pendientes como la ley de Pensiones, se dedicó a participar del show de la huelga de ham­bre junto al Presidente. Los dirigentes no pueden comprometer la histórica organización de los tra­bajadores, la COB, con el Gobierno. Las bases de la COB deben pedir cuentas a su dirigente y exigir que esta actitud sea debidamente analizada y juz­gada en un ampliado y en el congreso de la COB.

¿Hacia divisiones en el MAS?

El acuerdo electoral provocó descontento de cier­tos sectores sociales con el gobierno. Inclusive, hay rumores de fisuras que se abren dentro del MAS. El dirigente Román Loayza, uno de los primeros dirigentes y fundador del MAS, y que fue vicepresi­dente de la Asamblea Constituyente anunció su ale­jamiento del MAS y su intención de crear un nuevo partido y postular a las elecciones de diciembre.

Las amenazas del terrorismo de la derecha.

Desde tiempo, venimos diciendo que las políticas del MAS en vez de combatir a la derecha aplastada y moribunda en 2003, negocian con ella. La dere­cha retoma peso porque el gobierno negocia todo en el Parlamento y el Senado que es controlado por parlamentarios de la Media Luna. El poder de la oligarquía se mantiene porque el MAS con todos sus acuerdos acepta que se mantengan los latifun­dios, revalida el poder de las transnacionales con los 44 contratos con las Petroleras y las grandes concesiones mineras, entrega la reestructuración de YPFB[v] al Banco Mundial... Son las políticas del MAS que permiten a la derecha volver a for­talecerse.

En este marco, hay que entender los recientes hechos de terrorismo en Santa Cruz. Cada día aparecen más pruebas, que se trata de grupos ir­regulares, compuestos por mercenarios extranjeros, financiados por la extrema derecha y las logias de Santa Cruz para desestabilizar, crear un clima de inseguridad, en la perspectiva de impulsar, exacer­bando el sentido de regionalismos, una situación de inestabilidad e insostenibilidad del proceso actual en Bolivia. Ahora el gobierno protagoniza toda una campaña "contra el terrorismo y el separatismo" pero es una cortina de humo mientras sigue pac­tando con la derecha.

El Vicepresidente calificó la derecha de fascista, golpista y gonista[vi] pero no im­pulsó ninguna medida contra los dirigentes cívicos que el año pasado tomaron instituciones públicas, dejándoles en la impunidad en vez de ponerlos a la cárcel, expropiar sus bienes y atacar así las raíces de su poder. Así no se combate a la derecha.

Todos los actores del proceso electoral que se inicia ahora, quieren "paz social" para hacer su campaña y por tanto van a tratar de frenar las luchas. Pero el interés de los trabajadores es volver a exigir la Agenda de Octubre, preguntar a todos los candi­datos y al Gobierno que hicieron para que esté se cumpla, para que las muertes de 2003 no fueran en vano. Hasta el momento, fueron promesas incon­clusas, propuestas en papel, que no se concretizaron en un Plan alternativo al modelo neoliberal. Eso no es el cambio que Bolivia necesita. El periodo electoral debe servir a los trabajadores para hacer un serio balance de la gestión gubernamental y retomar sus principales exigencias: verdad­era nacionalizacion, empleo, fin del modelo neoliberal.