.png){kind=small}
| Ocupación de Rocinha no va a resolver el problema de la seguridad |
| Escrito por PSTU-Brasil | |||
| Martes 13 de Diciembre de 2011 23:23 | |||
 Operación forma parte de la política de militarización de las favelas y criminalización de la pobreza.
Con cerca de 3 mil hombres, con el Bope (Batallón de Operaciones Especiales) al frente y la participación de vehículos blindados de la Marina, la Secretaria de Seguridad de Río, puso en marcha, en la madrugada del 12 al 13 de noviembre, la cinematográfica operación “Choque de la Paz”, que consistió en la toma de Rocinha#, Vidigal y Chácara del Céu, en la zona sur de la ciudad.
La invasión, llamada de ‘pacificación’, contó incluso con un verdadero batallón de periodistas como retaguardia. En una escena montada para las grandes redes de TV, policías izaban la bandera de Brasil y la de Rio en la favela, como símbolo de la llegada del “Estado de Derecho” a la región. Consta que los policías tuvieron que esperar el final de la carrera de Fórmula 1 para que la red Globo pudiese transmitir en vivo el “evento”. “Rocinha es nuestra”, tituló el periódico O Globo al día siguiente a la ocupación.
Militarización y criminalización de la pobreza
La ocupación de Rocinha fue alardeada por el conjunto de la prensa como un marco en la gestión del Secretario de Seguridad José Mariano Beltrame, y del gobierno de Sergio Cabral (PMDB). Se cierra un cinturón de favelas ocupadas alrededor de áreas nobles de la ciudad y se abre el camino para la 19ª UPP (Unidad de Policía Pacificadora), ya anunciada con 1.500 hombres. La meta del gobierno es la creación de 40 UPP’s en toda la ciudad, con vistas a la Copa del Mundo 2014 y las Olimpíadas del 2016, creando una especie de “zona de seguridad” para que sus amigos empresarios disfruten de las bellezas de Río.
El gobierno y la prensa divulgan la ocupación militar en la mayor favela del país como una “liberación” de los cerca de 100 mil habitantes de la región. Pero, lo que el prefecto Eduardo Paes y el gobernador Sergio Cabral ignoran es la historia de abusos y violencia que marcaron otras ocupaciones, como la del Complejo del Alemán en el 2010, en la cual los policías dejaron un rastro de agresiones y robos. El robo a los domicilios fueron tan frecuentes que comenzaron a ser llamados de “mina de diamantes” por los propios policías, que se referían a las comunidades como “Sierra Pelada”. Las innumerables denuncias realizadas por los pobladores, incluso un trabajador al que le robaron su Fondo de Garantía#, fueron ignoradas.
Para que no suceda nuevamente los mismos escándalos, el gobierno de Cabral adoptó una estrategia inusitada: a los policías se les prohibió usar mochilas durante las operaciones en Rocinha. Eso, incluso, fue la solución para evitar que la “mina de diamantes” se repitiese, al impedir... las mochilas.
En el maletero
En la versión oficial, alardeada por la prensa y el gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas emprenden una guerra contra el tráfico por el control de las áreas de las favelas. La verdad, por otro lado, no es tan maniqueísta. Recientemente, la detención de un hombre señalado como el jefe del tráfico en Rocinha, el Nem, mostró la relación entre el crimen y la corporación. El traficante estaba escondido en el maletero de un carro escoltado por policías, que hasta ahora no consiguen explicar qué hacían por allá.
El propio Nem declaró, en entrevista, aquello que todo el mundo ya sabe: mitad de su rendimiento iba para sobornar policías. Soborno que necesitaría de cientos de mochilas para llevar encima. ¿Cómo impedir eso? ¿Prohibiendo también el tráfico de vehículos en las favelas?
Milicias
Cuando no existe una relación de cooperación pura y simple entre tráfico y policía, existe una relación de competencia por el control del área y de servicios clandestinos como TV clandestina y venta de gas. Es ahí que entran las milicias, asociaciones de policías que toman determinada área para explotar a sus moradores. La actuación de las milicias en las áreas ocupadas de Rio es más un elemento que muestra que la presencia policial en las favelas no significa mayor seguridad o cualquier tipo de ventaja a la población.
No sería ningún absurdo pensar que milicianos controlen el tráfico de drogas en esas comunidades. La tesis de que los policías comprometidos en las operaciones son nuevos y, así, incluso no “contaminados” por la corrupción que corroe a la institución, tampoco es factible. La propia estructura de la policía está viciada, con los altos mandos comprometidos y articulado con la justicia y expresiones políticas. Influencia que convierte a las milicias, incluso, aún más peligrosa que el tráfico, con alto poder de presión y represión. El asesinato de la juez Patrícia Acioli, en agosto último en Niterói, incluso con el apoyo de un comandante, mostró la fuerza de esos bandidos uniformados, que también amenazan la vida del diputado Marcelo Freixo (PSOL).
Lejos de ser una medida contra el crimen y en favor de las poblaciones pobres, la política de ocupación militar de las comunidades de Río forma parte de una estrategia de militarización de las favelas y de la criminalización de la pobreza, con el único objetivo de controlar aquellas áreas para garantizar la tranquilidad para los negocios de la Copa Mundial y de los Juegos Olímpicos. La población carente continuará en el fuego cruzado entre traficantes y la policía, en tanto les son negados servicios básicos como salud, educación, saneamiento y la más básica infraestructura urbana.
Descriminalización de las drogas y fin da policía
El combate a las drogas es sólo un pretexto para ocupar y reprimir a las comunidades negras y pobres. Mientras la policía apresa y exhibe en la prensa a los peces pequeños, los grandes beneficiados por el tráfico de drogas y armas están bien lejos de las favelas. Políticos, jueces, la alta jerarquía de la policía gozan de absoluta inmunidad, mientras la población está a merced de la violencia de los bandidos y de los desmanes y abusos policiales.
Mientras la producción y el consumo de drogas estén prohibidos, va a continuar existiendo el tráfico, la violencia y un pretexto para atacar a la población marginalizada. La única forma de golpear al tráfico es a través de la descriminalización de las drogas y su control a través del Estado. Sólo así se podrá acabar el monopolio que existe hoy, informalmente, de los grandes traficantes.
De la misma forma, mientras exista hoy esa policía, va a continuar existiendo la violencia contra la población pobre y negra. La función de esta policía es el mantenimiento del orden actual, lo que pasa por la defensa de los intereses de quien está en el poder. Por eso, el PSTU defiende la extinción de la policía y la creación de una fuerza de seguridad popular, democrática, controlada por la población y que realmente defienda sus intereses y su seguridad.
Traducción: Laura Sánchez 
 
|