Aunque resulte difícil de creer, la Emergencia Social, decretada por el gobierno de Uribe, dio paso a 10 decretos que desmejoran la ya nefasta Ley 100 de 1993, madre de la privatización de la salud en Colombia. Estos decretos, promulgados en enero de 2010, empeoran la situación de los trabajadores y clases populares colombianas, puesto que no sólo iguala por debajo el servicio de los regímenes contributivo y subsidiado, sino que establece otras normas que impiden que los médicos se salgan del POS, es decir que diagnostiquen y mediquen para enfermedades que no estén incluidas en el POS para lo cual establece sanciones de hasta 25 millones de pesos.

 

La idea fundamental, la intención de los decretos recién dictados, es la privatización absoluta de la salud de tal forma que quien la necesite debe pagarla. Se acaba con el Fosyga y se crea otro fondo llamado FONPRES, destinado a financiar los gastos inherentes a las ahora llamadas Prestaciones Excepcionales en Salud. Pero los recursos de éste nuevo fondo no van a financiar a todo aquel que sufra una enfermedad “excepcional”. Para tener acceso a estos recursos -los cuales son limitados-, primero el caso ha tenido que cumplir con los procedimientos establecidos en el Decreto 128 de 2010: contar con la evidencia científica emitida por el Organismo Técnico Científico y haber pasado el examen financiero y patrimonial que establezca que tanto el paciente como su grupo familiar no cuentan con la capacidad de pago para costear el tratamiento.

 

Adicionalmente -si sus recursos o patrimonio no le alcanzan-, antes de contar con el FONPRES, el Decreto 128 establece opciones para que el paciente obtenga recursos con “facilidades de pago” en entidades bancarias o cajas de compensación familiar, acudir a sus cesantías o ahorro para pensión, que le permitan financiar las “prestaciones excepcionales de salud”.

 

Uribe engaña

 

La reacción por parte de la población no se hizo esperar una vez se dieron a conocer los dichosos Decretos. Inmediatamente los trabajadores alegaron que no era posible disponer de las cesantías, único ahorro con que cuenta una parte de los trabajadores y que destina a vivienda, educación superior o guarda para cuando queda desempleado.

 

Uribe salió rápidamente en todos los medios a decir: Que las cesantías a las que se refería el decreto era únicamente para los de estratos 5 y 6 y que si no estaba así en el texto él mismo lo haría corregir. Pero se sabe que los empleados estrato 5 y 6 por lo general no tienen cesantías puesto que devengan más de 10 salarios mínimos, es decir reciben salario integral. Lo importante en éste punto no es si se destinan las cesantías o no como medio de financiación particular de la salud, lo relevante es que los decretos nos obligan a pagar por el servicio de salud, tenemos que costearla con o sin cesantías.

 

Este no es el único punto en que Uribe parece dar marcha atrás, algo modificó al respecto de la autonomía medica, pero la verdad es que todavía los decretos siguen intactos. Uribe demagógicamente ha querido mostrar que les hace u ordena hacer modificaciones, incluso ha pedido al Congreso que los revise, pero en puntos insustanciales. Las discusiones o regaños públicos al ministro de la “Protección Social” también hacen parte de su engaño y bufonería. Uribe ordenó los Decretos, los firmó y no le temblará la mano para imponerlos a costa de la salud del pueblo colombiano.

 

El déficit lo creó Uribe

 

Si bien la salud en Colombia nunca ha contado con los recursos suficientes para atender a toda la población como se requiere, la situación se fue empeorando con la Ley 100 de 1993, pero quien le ha dado la estocada final ha sido el gobierno de Uribe con la Ley 715 de 2002 que redujo las transferencias a los Departamentos y Municipios de recursos para educación, salud y saneamiento básico. Posteriormente hizo otra contrarreforma en el 2007 que redujo aún más dichas transferencias. En reciente estudio realizado por la Universidad Nacional se logró establecer que mediante la Ley 715 de 2002 los Departamentos y Municipios dejaron de percibir 12 billones de pesos para estos rubros, entre 2002 y 2010, con la contrareforma del 2007 dejaran de percibir 54 billones entre 2002 y 2020.

 

Se estima que el déficit en el 2008 para cubrir enfermedades no cubiertas por el POS ascendió a 1.2 billones y en el 2009 a 1.8 billones; los dineros dejados de transferir a las regiones serian más que suficientes para cubrirlo. Es decir que el gobierno es quien ha generado este déficit y la creación de la Emergencia Social es el instrumento para que seamos los trabajadores y en general la población menos favorecida quienes la paguemos.

 

¿Dónde está la plata del Fosyga?

 

Esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿a dónde han ido a parar los dineros que mes a mes descuentan por la derecha a todo trabajador que devenga más de 4 salarios mínimos? Se sabe que en inversiones de diferente tipo y TES se encuentran cerca de 6 billones de pesos.

 

Por otra parte, el mismo estudio de la Universidad Nacional citado anteriormente, estableció que el 50% de los recursos del Fosyga han sido destinados a cubrir el déficit del gobierno y a financiar el programa de Familias en Acción, base social que recibe subsidios del gobierno con fines electorales.

 

La movilización: única salida.

 

El 6 de febrero se realizó la primera marcha exigiendo la derogatoria de los decretos. Esta marcha fue convocada por jóvenes estudiantes que acudieron al Face Book como medio para citar y fue respaldada por organizaciones sindicales del sector salud a nivel nacional. A la cita asistieron desde estudiantes del área de la salud, usuarios de los servicios, organizaciones de médicos y enfermeras, hasta enfermos terminales, adicionalmente contó con la simpatía de la población en general.

 

Posteriormente y presionados por las bases, las centrales obreras, Fecode y otros sindicatos estatales, decidieron convocar otra marcha para el 18 de febrero. En Bogotá la marcha contó con cerca de 20.000 asistentes, y se destacó el rechazo no sólo a los decretos de Emergencia Social, sino también al ministro Palacios y a la reelección de Uribe

 

La movilización contra los decretos de Emergencia Social debe continuar hasta conquistar su derogatoria total. Para los trabajadores y los pobres del país es la oportunidad de propinar una derrota a la política gubernamental, al tiempo que se exige la derogatoria de la Ley 100, madre de la privatización de la salud, y el establecimiento de un sistema nacional, de cobertura total y plenamente financiado por el Estado, que impida que siga siendo un negocio en beneficio de los bancos, las financieras y los aseguradores privados. 

 

Ley 100: la causa de la crisis

 

La ley 100 dio paso al nacimiento de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), dividió el servicio en dos regímenes: el contributivo y el subsidiado, los servicios en Plan Obligatorio de Salud (POS) y otros que no estaban incluidos en el POS (no POS) que hoy se llaman Prestaciones Excepcionales en Salud. Como si fuera poco proletarizó a los médicos y especialistas de la salud.

 

Es tan precaria la atención en el llamado POS y cubre tan poco que todo aquel que podía optó por pagar extraordinariamente un plan al que se le denominó Medicina Pre-Pagada o Plan Complementario. No sobra decir que la ley 100 aumentó el aporte por parte de los trabajadores y de los patrones y que adicionalmente todos los trabajadores que devengaran más de cuatro salarios mínimos empezaron a aportar una cuota extraordinaria llamada de “solidaridad”, dineros que iban dirigidos al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías).

 

Es importante señalar que algunos de los medicamentos y tratamientos de aquellas enfermedades que no estaban incluidas en el POS, era obtenidos por la vía jurídica mediante tutelas que interponían los pacientes, las cuales una vez falladas eran atendidas y financiadas con los dineros del Fosyga, así se salvaron muchas vidas y se les dio calidad de vida a muchos pacientes que de otra forma no tenían como financiar tan costosas enfermedades.

 

Esta ley también dio paso a que se cerraran cientos de hospitales públicos, se acabara con el ISS y otras entidades públicas prestadoras del servicio de salud, pues las puso a competir con las empresas privadas (EPS) que por lógica tienen como principio la obtención de ganancia antes que el bienestar y salud de los pacientes.

 

Fuente: El Socialista nº 646, Marzo 2010