Los colombianos que llevamos siete y medio largos años haciéndole oposición al actual gobierno vamos a celebrar, como se merece, su salida el próximo 7 de agosto. 

Pero quienes, además, hemos combatido el régimen político que consolidó Álvaro Uribe Vélez, sabemos que la celebración será agridulce, porque su reemplazo en el ejecutivo no significará  ningún cambio cualitativo en el actual estado de explotación económica, opresión social y represión política que sufren los trabajadores.

 

Nada cambiará significativamente porque al gobierno Uribe lo sobrevivirán todas sus medidas económicas y sociales, todas sus políticas de persecución a los trabajadores y la oposición y todas las bandas de asesinos, corruptos, trepadores sociales, oligarcas, chafarotes, terratenientes, burócratas y politiqueros que, a su amparo, se engordaron y se fortalecieron.

 

Cambiar el gobierno para que el régimen siga igual

 

Uribe se trasteará el 7 de agosto del Palacio de la séptima con séptima al Ubérrimo, en las sabanas de Córdoba, y su oficina será ocupada por cualquiera de los actuales candidatos a sucederlo. Pero como testimonio de su presencia antidemocrática seremos obligados a heredar todas las perversiones de la “seguridad democrática” –la impunidad de los jefes paramilitares, los falsos positivos, las chuzadas telefónicas, el DAS fortalecido y los asesinatos selectivos de los dirigentes y activistas de la izquierda y la oposición-, todas las enfermedades sociales –los cuatro millones de desplazados, la crisis de la salud, la decadencia de la educación pública, las guerras de los combos en los barrios populares y el desempleo generalizado, para mencionar sólo lo más relevante- y a todos los parásitos que se multiplicaron amamantados por él: los Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Santodomingo y demás oligarcas; los parapolíticos, los militares “troperos”, los paramilitares y demás carniceros; los Carranza, Araujo, Barrera y demás terratenientes que expropiaron al campesinado; los José Obdulio, Noguera, Valencia Cossio y demás conspiradores; los Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias, Diego Palacios y demás burócratas autoritarios; los Benedetti, Roy Barreras, Dilian Francisca y demás parlamentarios obsecuentes; y a los Rosemberg Pabón, Carlos Franco, Angelino Garzón y demás renegados que se vendieron a la burguesía más reaccionaria.

 

Y toda esa herencia se mantendrá por la única razón de que ninguno de los partidos y movimientos políticos que sustentan a los actuales candidatos presidenciales contempla, ni de lejos, la posibilidad de renunciar a ella.

 

Todos, sin excepción, han manifestado su disposición a defender, continuar y extender la represiva política de la “seguridad democrática”, corazón del régimen de Uribe. Santos, Noemí y Vargas Lleras, los candidatos de la continuidad uribista, al igual que el aspirante liberal, Rafael Pardo, han manifestado su decisión de profundizarla. Antanas Mockus, sin ponerse mínimamente verde, reclama parte de la paternidad de la ideología de la seguridad democrática. Y el candidato del PDA, Gustavo Petro, de quien los trabajadores podrían esperar la oposición más decidida a todo lo que huela a uribismo, ha hecho una de las propuestas más reaccionarias: convertir la seguridad democrática en política de Estado, es decir, hacerla permanente.

 

Los seis candidatos han profesado fe a la Constitución del 91, que creó las instituciones del actual régimen político, y se han comprometido a mantener los “logros” del gobierno de Uribe. Los candidatos de la derecha, incluyendo a Pardo, no han ahorrado elogios para lo fundamental de su política económica antiobrera y de entrega al imperialismo.

 

Mantener a los trabajadores desorganizados, con salarios de hambre y en la informalidad y el desempleo es condición básica del próximo gobierno de cualquiera de ellos, como garantía de preservación de la “confianza inversionista”  del capital imperialista. Mockus, echando mano de un eufemismo, ha prometido “construir sobre lo construido” para justificar el mantenimiento de la contrarreforma laboral de Uribe, que acabó con las pocas conquistas que le quedaban a los trabajadores, y su negativa a aumentar los salarios de los más pobres. Y Petro, en su afán por aparecer confiable a los ojos de la “burguesía nacional”, repite que bajo su mandato no va a expropiar a ningún capitalista, que él no es Chávez y que su estrategia no es el “Socialismo del siglo veintiuno” sino la aplicación de la Constitución del 91.

 

El desarrollo de la actual campaña electoral, los discursos e intervenciones públicas de los candidatos, sus programas y políticas nos han convencido de que Uribe se va el 7 de agosto pero su herencia bonapartista seguirá intacta, en lo fundamental, en cabeza de quien lo suceda en el Palacio de Nariño.

 

Los trabajadores necesitan destruir el régimen político

 

El aparato de corrupción, poder y represión que la burguesía -nacional y extranjera- ha construido en todos estos años de paramilitarismo y saqueo económico no es un invento de Álvaro Uribe. Endilgarle semejante hazaña equivaldría a reconocerle los poderes casi sobrenaturales que los fieles de su iglesia le atribuyen. Uribe sólo ha sido el personaje siniestro que la siniestra historia de la burguesía nacional necesitaba en el momento oportuno. Y como esa historia continúa, están escogiendo, en esta eterna farsa electoral, al sirviente que le dé continuidad.

 

La crisis incubada por la confluencia del narcotráfico con el paramilitarismo, la oligarquía, los terratenientes y la casta política tradicional, que terminó en la expropiación de millones de hectáreas al campesinado pobre y medio, en el asesinato de decenas de miles de activistas y militantes populares y de izquierda y en el empobrecimiento de las tres cuartas partes de la población, sólo encontrará solución en una sociedad dirigida por quienes han estado en el otro extremo de la ecuación: los millones de proletarios y campesinos que han sido sus víctimas políticas, económicas y sociales. Y esa solución no se derivará de simplemente criticar las facetas y medidas más chocantes de los gobiernos de turno -como hace el Polo Democrático Alternativo-, sino de la movilización revolucionaria permanente contra el conjunto de las instituciones del régimen político reaccionario, empezando por la Constitución de 1991 que las recubre con un ilusorio manto de legitimidad democrática.

 

La democracia política y económica en Colombia no provendrá de ningún resultado electoral, por importante que sea, sino de la destrucción masiva y revolucionaria de las condiciones materiales de las cuales burgueses, terratenientes, narcotraficantes y burócratas derivan su poder omnímodo, represivo, reaccionario y abusivo.

 

Fuente: El Socialista nº 648 – Periódico del PST de Colombia