.png){kind=small}
| Paquete de Santos: Si al gobierno le va bien... a los trabajadores les va mal |
| Escrito por Rosa Cecilia Lemus – PST (C) | |||
| Martes 15 de Febrero de 2011 00:20 | |||
 En el final de 2010 y comienzos de 2011, mientras los trabajadores y el pueblo sufrían los desastres del invierno, más de 2 millones de damnificados vivían la angustia de perderlo todo y los desempleados se dedicaban al rebusque, de manera diligente los parlamentarios tramitaron un número sin precedentes de leyes y reformas constitucionales.
El balance para el gobierno de la “Unidad Nacional” no puede ser mejor. Las dos iniciativas que contaron con mensaje de urgencia –reforma a la salud y ley de primer empleo – fueron rápidamente convertidas en ley y sancionadas; un total de 28 proyectos pasaron a sanción presidencial, entre ellos otra reforma tributaria y la ley de desmovilizados; 37 decretos fueron emitidos entre el 7 de diciembre y el 21 de enero al amparo de la declarada emergencia económica social y ecológica; 5 reformas constitucionales pasan a segunda vuelta dentro de las que se encuentran la sostenibilidad y regla fiscal y la reforma a las regalías. Adicionalmente, 7 propuestas gubernamentales comenzaron su trámite, destacándose la ley de víctimas que ya pasó por la Cámara de Representantes. Los grandes medios de difusión se han encargado de mostrar una imagen de un gobierno fuerte, ejecutivo y “preocupado por el país” y a Santos como al “gran reformador” que está resolviendo los problemas estructurales más graves incubados durante las últimas décadas. El vicepresidente Angelino Garzón pretende mostrar que, en contraposición al gobierno de Uribe, el actual sí es respetuoso de los derechos sindicales y que va a hacer justicia con los trabajadores, “regalándoles” un miserable 4% de aumento al salario mínimo, unas pocas décimas por encima de lo que pretendían los empresarios. Sostenibilidad macroeconómica, regla fiscal y reforma a las regalías Álvaro Uribe dejó un proyecto de acto legislativo por el cual se establece la sostenibilidad macroeconómica del Estado como un derecho fundamental. Santos lo complementó con otro llamado la regla fiscal. Los dos están íntimamente ligados y tienen como objetivo, por mandato del Banco Mundial y el FMI, reducir el déficit fiscal y garantizar el pago de la deuda. Con ellos las transnacionales, la banca mundial y el Estado, se reaseguran para que ante crisis económicas y fluctuaciones monetarias, los gobiernos garanticen estabilidad en las inversiones, mantenimiento de las prerrogativas y exenciones a las multinacionales y pago a los bancos sobre intereses y capital, a cambio de recortar al máximo los recursos para el gasto social. Todas las ramas del poder público quedan obligadas a cumplir esta norma que deja la definición del gasto social a criterio del gobierno nacional, sin intervención de la rama judicial, es decir que la gente no podrá acudir a la tutela para que se le garantice un derecho. Las repercusiones de estas medidas para los trabajadores y los pobres serán fatales. No es ficción pensar que un día de estos a los pensionados se les suspenda el pago de las mesadas o rebajas salariales como en Europa o a la completa privatización de la educación, con el argumento de que la estabilidad macroeconómica y la regla fiscal son mandatos constitucionales. El proyecto productivo para el país está orientado a la extracción minera y petrolera y a la agroindustria de biocombustibles. Con base en la bonanza minera, el Ministerio de Minas y Energía proyecta, para los próximos 10 años, un recaudo por regalías de 100 billones de pesos; una cifra enorme, a pesar de las millonarias exenciones tributarias a las transnacionales y de los contratos que por 20 años les garantizan las mismas condiciones de explotación. Ahí está la razón de la reforma al régimen de regalías. Esa “platica” no se la pueden dejar a los gamonales regionales para que, presionados por las comunidades, inviertan en infraestructura y otras necesidades. Los gamonales nacionales la quieren para su manejo, creando tres fondos que serán administrados por el gobierno nacional y el Banco de la República. Es decir más miseria para las regiones. La reforma a la salud La reforma a la Ley 100, aprobada por el Congreso al gobierno Santos es similar a las medidas de la emergencia social que el de Uribe no logró debido al rechazo de las asociaciones profesionales, la juventud y los trabajadores. Buscan resolverle el problema a las EPS, que se vieron obligadas por las tutelas a brindar servicios de “alto costo”. La reforma pretende unificar el régimen subsidiado y el contributivo en un solo POS, que no pasará de la medicina general. Todos los demás procedimientos tendrán que pasar el filtro de una Comisión Técnica, lo que alargará la agonía de los enfermos y evitará las tutelas. Por supuesto los recursos se quedan en gastos de administración y en los intermediarios, que se los roban de manera descarada. La ley hace énfasis en la sostenibilidad financiera del sistema (regla fiscal) y le quita 0,25 de cada punto que por salarios, de los impuestos parafiscales, va a las Cajas de Compensación, desviándolo a la financiación del régimen subsidiado. Ya la Ley 100 consagró la administración de la salud y las pensiones al lucro privado con el que el sector financiero y las EPS hicieron su agosto. El gobierno de Pastrana recortó las transferencias para salud y educación y el de Santos, coherente con su regla fiscal, va a terminar desmontando el derecho a la salud, dándole a las aseguradoras un nuevo negocio, pues la reforma contempla que el gobierno nacional estimulará la creación, diseño, operación y autorización de planes voluntarios y seguros de salud, colectivos e individuales para cubrir lo que el POS no cubre. ¿Y la dirigencia sindical? Mientras estas contrarreformas pasaban en el Congreso la dirigencia sindical, que mayoritariamente milita en el PDA, andaba preocupada por sus luchas internas de poder y no llamaron ni organizaron la movilización de los trabajadores. Muchas de estas normas ni siquiera han sido suficientemente denunciadas. Falta todavía por aprobarse lo que son las reformas constitucionales, como la sostenibilidad y regla fiscal, la ley de regalías y la de víctimas. Es imperioso que la dirigencia política mayoritaria del PDA, las centrales obreras, las organizaciones de víctimas, las de los damnificados del invierno, los campesinos despojados y la juventud trabajadora aunemos esfuerzos en un gran Encuentro Nacional que vote un plan de lucha para rechazar y derrotar este nefasto paquete legislativo. ____________________________ La andanada de decretos y reformas constitucionales están cuidadosamente articuladas para reafirmar planes estratégicos que continúen salvaguardando los intereses de las transnacionales imperialistas y de la burguesía colombiana como su socia menor. Colombia nunca ha sido un país soberano. Ha sido y es una semicolonia del imperialismo norteamericano y éste quiere que lo siga siendo, más ahora en medio de la crisis económica que golpea a los países imperialistas. El principal papel de los países semicoloniales es proveer materias primas para las grandes potencias imperialistas. Para Colombia, el plan estratégico burgués imperialista es el de profundizar la extracción minera y petrolífera y convertir grandes extensiones de tierra en cultivos para los biocombustibles. Esta estrategia ha generado no pocos conflictos sociales cuya expresión más aberrante son los millones de desplazados a los que les han arrebatado sus tierras o han tenido que abandonarlas. Las reformas que está ejecutando el gobierno de Santos responden y están en ese marco y en ello son continuidad de lo que emprendió Uribe en sus dos gobiernos. La reforma a las regalías, la sostenibilidad y regla fiscal, la reforma a la salud, la ley de víctimas que ahora la atan a la ley de tierras son tal vez las más emblemáticas en esta tendencia. 
 
|
| Más artículos: ... |
|---|
|