Con el pretexto de “la crisis económica” y en el marco del “Plan Escudo”, el Gobierno Arias impuso entonces a las universidades un disminuido “Presupuesto Provisional” para este año 2010. Esto de entrada es ya una violación a la Constitución Política la cual obliga al Estado a financiar a las universidades públicas en convenios quinquenales. 

 

Los Rectores (a) CONARE, propusieron el año pasado un incremento del FEES del orden del 23% como básico y necesario para mantener los niveles de funcionamiento de las universidades estatales y, para cubrir los rubros de Inflación, Crecimiento e Inversión de estas entidades de la Educación. Hoy el CONARE está planteando apenas un 13% para cubrir Crecimiento y un irracional 6% anual para cubrir Inflación, dejando al descubierto el rubro de la Inversión. Este retroceso implicaría un estancamiento en todos los programas institucionales de docencia, vida estudiantil, regionalización, etc.

 

El CONARE, con el pretexto de la incertidumbre en el crecimiento de la economía nacional, está abandonando sin más la referencia al PIB como referente del crecimiento del FEES. Sin embargo, luego de la “crisis” económica del 2009 – que generó el demagógico Plan Escudo del Gobierno – los mismos indicadores oficiales del Banco Central y de MIDEPLAN señalan una recuperación o crecimiento de la economía nacional (PIB) del orden del 3.5 / 4 % anual.

 

Como se ve, el CONARE está en una línea sistemática de ceder y dejarse imponer del Gobierno. El problema del financiamiento no es entonces técnico, de las formulas en juego (Crecimiento o PIB). El problema es POLÍTICO. Quiere decir que sea la fórmula del Crecimiento o la del PIB (o una combinación de ambas ) el Gobierno está en la obligación de dotar del presupuesto necesario a las universidades. Pero el CONARE también está en la obligación de exigir la formula que más convenga y garantice su funcionamiento y desarrollo. Y es que, hasta que los Rectores (a) CONARE no demuestren lo contrario (por ejemplo: montos comparativos entre una y otra fórmula ) seguimos creyendo que es la referencia a un porcentaje del PIB ( de 1.3 a 1.9 % ) la que más conviene a las universidades. Pero los Rectores (a) ya desecharon el PIB. Y ojalá nos equivoquemos pero, igual creemos que los Rectores(a) tampoco van a ser capaces de sostener ni siquiera su 13% de crecimiento con el Gobierno.

 

Negociación y Método

 

En lo que a la UCR toca, la señora Rectora Yamilette González asume que ella es la máxima autoridad institucional y que por tanto ella – y el CONARE – deciden por las universidades la negociación del FEES con el Gobierno. Eso no es cierto. La Rectora confunde su representación legal de la Universidad con la jerarquía y las competencias políticas de las instancias colegiadas y superiores de la Universidad. Formalmente, esas instancias políticas superiores a la Rectora son la Asamblea Colegida y el Consejo Universitario. Informalmente, lo es toda la comunidad universitaria.

 

Así por ejemplo, el año pasado, mientras el Consejo Universitario aprobó unánimemente rechazar de plano la imposición del presupuesto “provisional” del 2010, la Rectora (y el CONARE) terminaron aceptando esa imposición. Así también, mientras el Consejo Universitario acordó instar a la Rectora (y al CONARE) a finiquitar el Convenio Presupuestario en el 2009 con el actual Gobierno, la Rectora-CONARE por su parte cede a la dilaciones de este y todavía hoy, seguimos en la incertidumbre presupuestaria, sin Convenio justo. Más aún a esta altura del 2010 ya debería estar avanzado el proceso de formulación de los presupuestos del 2011 en cada Universidad, a efecto de cumplir con el plazo legal de su presentación a la Contraloría General de la República en Setiembre próximo.

 

Pero es un hecho que la negociación se finiquitará entonces con el nuevo Gobierno en los próximos meses, una especie de “borrón y cuenta nueva” de la negociaciones que atrasaría la formulación presupuestaria para el 2011 y - ojalá nos equivoquemos en esto también – no se descarta que “a falta de tiempo”, se termine imponiendo un nuevo “presupuesto provisional” para el año próximo.

 

Por último, la Rectora confunde lo que es meramente “informar” de las negociaciones a la Universidad (información no siempre actual y certera), con lo que significa DECIDIR sobre las negociaciones. Estamos ante decisiones políticas institucionales. Y es entonces la comunidad universitaria (académica, estudiantil, administrativa) y sus instancias colegiadas superiores las que en rigor deben decidir. Al menos así debería ser en una universidad democrática.

 

Ninguna confianza en el CONARE

 

Es con la lucha y la movilización democrática de las comunidades universitarias como vamos a lograr un Convenio justo y oportuno. Los Rectores (a) CONARE – está visto – no le apuestan ni a la lucha ni a la movilización.

 

Fuente: Socialismo Hoy n° 22, Abril 2010