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| Chinchilla busca trasladar los costos de la crisis económica a la clase trabajadora |
| Escrito por MAS - Costa Rica | |||
| Jueves 24 de Febrero de 2011 00:14 | |||
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El gobierno de Laura Chinchilla se ha dispuesto, para el 2011, enfrentar el problema del déficit fiscal (5,5% del PIB, uno de los más altos del continente y el más alto en CR desde 1985).
Considerando que será en torno al comportamiento de este déficit y a la respuesta que el gobierno le dé, que se organizará el panorama de la lucha de clases del país este 2011, hemos creído pertinente presentar nuestra perspectiva sobre la llamada “Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal del Gobierno”.
Estado de la situación
Anteriormente, hemos establecido que el déficit fiscal que enfrenta el país es consecuencia diferida del modelo económico impuesto desde finales de los setentas por la oligarquía costarricense.
Distinguimos 4 componentes centrales: 1) el bajón en la recaudación fiscal durante 2008 y 2009 de grandes contribuyentes, como el turismo, la construcción y los agroexportadores, con respecto a los cuales el país tiene un fuerte grado de dependencia; 2) la negativa de los gobiernos a gravar actividades bancarias y de zonas francas que generan millonarias ganancias; 3) el peso creciente de la deuda pública (especialmente la interna) que se paga religiosamente a capitalistas privados y a organismos internacionales, la cual ronda aproximadamente el 30% del presupuesto nacional y 4) la política asistencialista con la que el gobierno de Arias enfrentó la crisis y que con su millonario gasto público agotó el superávit fiscal generado en la administración Pacheco.
El resultado de esta combinación, junto con el hecho de que la economía a nivel mundial apenas repunte muy lentamente, consiste en un déficit fiscal de cerca de 645 mil millones de colones (más o menos un 40% del presupuesto nacional).
Durante la segunda mitad del 2010, dicho déficit fiscal fue aplacado centralmente mediante el endeudamiento externo, la colocación de bonos de deuda interna, y mediante la progresiva ejecución de la política de salario único en las diversas ramas del sector laboral estatal; sin embargo, a comienzos del presente año, finalmente se ha anunciado el resto de la de política fiscal del gobierno para abordar dicha problemática.
Monstruo de cuatro cabezas
Visto de conjunto, el gobierno de Chinchilla plantea una salida a la crisis fiscal con cuatro movimientos (dos de ellos sobre los que ya hemos advertido anteriormente): el apuntalamiento de la deuda pública (tanto externa como in terna), y el recorte salarial (atomizado) a los trabajadores estatales mediante la imposición o concertación con las burocracias sindicales de la política de salario único.
Los otros dos son los que incorpora en su “Plan de Sostenibilidad Fiscal” con los nombres de “responsabilidad en el gasto” y “solidaridad en la recaudación.”
Responsabilidad en el gasto: entre las medidas que el gobierno ha salido anunciando en la prensa[2] se encuentran: A) el congelamiento de apertura de plazas en el estado, incluso las que se encuentran vacantes (exceptuando educación[3] y seguridad pero incluyendo instituciones descentralizadas como AyA e IMAS ), B) el recorte de un 20% de gastos autorizados en el presupuesto 2011, reconocidos como “superfluos” (destacado en La Nación como un guiño hacia el PAC ); C) Promoción de la movilidad laboral horizontal en el estado y D) gestionar una mayor transparencia y regulación de los “gastos tributarios”[4] aunque no se detallaron cuáles. A partir de estas políticas, así como otras medidas destinadas a incrementar la disciplina fiscal, el gobierno pretende recaudar cerca de 0,25% del PIB al año, para llegar a un 1% a finales del 2014 (equivalente a 200 mil millones de colones).
Solidaridad en la recaudación (Reforma Fiscal): del proyecto que el ejecutivo presentaría el 17 de enero destacamos los siguientes puntos que serían centrales en la reforma:
• Modificación de la estructura del impuesto sobre la renta: Se propone una modificación al impuesto sobre la renta que mantiene intacto el gravamen de 30% a la utilidades de las empresas, e iguala todo los gravámenes de “renta pasiva” (alquileres, intereses, dividendos ) de un 8 a un 15%. También es importante destacar que dicha reforma no incluye el concepto de renta global, por lo que solo se gravará con impuestos a las rentas generadas dentro del país, manteniendo los grandes portillos para la evasión fiscal.
• Conversión del Impuesto de Ventas en IVA y aumento de un 13 a un 15%: Aunado al salario único, constituye uno de los proyectos más perjudiciales para la clase trabajadora, ya que, como impuesto indirecto que es, grava sobre el consumo, por lo que es fácilmente trasladado al bolsillo de los trabajadores. El hecho de que se convierta en IVA implica que no solo será aplicado a las mercancías sino también a los servicios, por lo que aumentará la base sobre la cual se aplica.
Como complemento se pretende reducir la canasta de productos exentos de pagar el IVA, conocida como canasta básica, de una lista de 300 a 50 productos golpeando considerablemente el poder de compra de los salarios de sectores medios y de la misma clase trabajadora.
Por si fuera poco el Canciller de la República, René Castro y la Presidenta Laura Chinchilla estarían impulsando, aprovechando la cortina de humo del conflicto de Calero, un “impuesto de defensa” aún por determinar, que según ellos sería para modernizar la policía costarricense y crear otro cuerpo de fuerzas especiales específicamente para que resguarden la frontera.
La meta del gobierno de Chinchilla, con esta reforma, consiste en aumentar en un 2,5% del PIB la recaudación para mayo de 2012; esto correspondería a unos 460 mil millones de colones.
Plan Fiscal: impuestazo para los trabajadores y la clase media / masaguada para empresarios y banqueros
Desde Socialismo Hoy valoramos que el Plan Fiscal del gobierno expuesto acá es un ataque fuertísimo al pueblo costarricense, que además pone la mira sobre los ingresos de sectores medios del país, como pequeñas empresas, y sobre los trabajadores estatales que aún mantienen un poder de compra homologable al de la clase media.
La reforma fiscal como tal no es de ninguna manera progresiva; perjudica, por donde se le quiera ver, a la clase trabajadora y los sectores medios y mantiene casi igual las exoneraciones a empresarios y banqueros. Veamos:
1. No se modifica ningún aspecto de la estructura fiscal con vistas a tasar grandes sectores empresariales como las zonas francas. Tampoco prevé una política para corregir la evasión fiscal que ronda los 500 mil millones de colones, monto cercano al déficit fiscal actual.
2. No se toca el impuesto a la renta de las utilidades (empresas); no se precisa una política para acabar con las grandes exoneraciones en los regímenes de zona franca; no se pretende tasar por “renta global”, por lo que ninguna empresa o persona que acumule su capital fuera del país se verá gravada con dicha reforma.
3. El aumento de rentas de capital (dividendos, intereses, alquileres, ganancias de capital) de un 8 a un 15%, mantiene la misma debilidad de gravar solo dentro del territorio nacional. Tampoco se incluyen las ganancias de la casa matriz de diversos holdings con presencia en el país.
4. La aplicación del IVA (particularmente a la educación privada superior y secundaria subvencionada, servicios odontológicos, entre otros) a los servicios y la reducción de la canasta básica golpea el poder de compra de las capas medias y la clase trabajadora y reduce las posibilidades de estos sectores de acceder a una mejor calidad de vida con sus ingresos. Además le queda de perlas al gobierno para mantener los salarios congelados en virtud de la reducción de la canasta básica.
5. Incorpora a pequeñas empresas y cooperativas (antes exoneradas y pertenecientes muchas a los sectores medios) al impuesto sobre la rentas, tasándolas con un 10% o 20% que definitivamente serán reportados en territorio nacional.
Fuente: Socialismo Hoy nº 31, enero 2011 
 
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