No hay que ser adivino, para darse cuenta que la segunda parte del año va a ser muy dura. Los precios del petróleo van a seguir aumentando (actualmente rondan los $140 el barril) y al acabarse las reservas y comenzar las importaciones de alimentos básicos, como el arroz y los frijoles, a los precios especulativos que hay actualmente en el mercado internacional, el costo de la vida se va a disparar brutalmente. El gobierno ya definió que entre julio y agosto, la bolsa de dos kilos de arroz va a aumentar 350 colones en dos tractos, un 38%.

Para disminuir el impacto del alza de los combustibles sobre el costo del transporte de carga y las tarifas de los buses, el gobierno pretende eliminar el impuesto al diesel y compensar la pérdida de estos ingresos con un aumento del impuesto a la gasolina. Es una medida que nos parece que va a tener un impacto leve, al no congelarse los precios de los artículos de primera necesidad y dejar en completa libertad a los importadores y a los grandes comerciantes para que sigan especulando. Además, un 20% de la flota vehicular de carga se mueve con gasolina, lo que puede significar que se van a ver afectados especialmente los pequeños y medianos productores campesinos.

Esta medida de eliminar el impuesto al diesel tiene, sin embargo, otro propósito y es que se trata de un nuevo golpe tributario contra los sectores medios, con el fin de encarecer  la gasolina para disminuir el consumo y ver si se logra que no aumente más la factura petrolera. Es una medida que responde al mismo objetivo que la prohibición para que los vehículos particulares entren al casco urbano de San José un día determinado, de acuerdo al número de placa, pero que va a empobrecer fuertemente a los sectores que dependen del transporte en carro particular.

El gobierno debe contener el crecimiento de la factura petrolera (que con el alza de los precios del petróleo se disparó al doble en el último año, a casi $2 800 millones de dólares). Caso contrario, la situación económica se le puede volver muy quebradiza a los Arias. Por su política económica neoliberal, para pagar la creciente factura petrolera y las importaciones, el Gobierno depende de la entrada de divisas gracias a las inversiones extranjeras directas en el país, lo que implica, dicho sea de paso, que con tal de que lleguen las transnacionales, se va a tratar de desproteger legalmente al trabajador y se va a permitir cada vez más descaradamente que se apoderen de las playas y el recurso hídrico. 

Es muy claro que todo lo que hace el gobierno busca favorecer a los grandes empresarios. El Banco Central ha tenido una política de mantener el dólar artificialmente alto para favorecer a los exportadores, aunque esto repercute en el alto costo de la vida, por el porcentaje tan elevado de importación de artículos  de consumo básico, al destruirse la producción nacional, como parte del modelo exportador que se ha venido implementando. Los empresarios han tenido tal bonanza, que no se han opuesto a que el reajuste salarial del segundo semestre para el sector privado rebase todos los techos fijados anteriormente.

Las recientes luchas en el sector público: las huelgas triunfantes de las y los educadores de Secundaria y de los hospitales Psiquiátrico y San Juan de Dios, han puesto en entredicho la austeridad fiscal del Gobierno, obligado a ceder importantes reajustes salariales y nuevas plazas para estos hospitales. El gobierno tiene la contradicción de que por la combatividad de las trabajadoras y trabajadores que han salido a luchar, no puede acabar con los conflictos, para evitar que se extiendan, sin recurrir a una represión violenta o hacer concesiones.

Es claro que el gobierno, como quiere mantener a toda costa al país como paraíso fiscal para las transnacionales, va a tener que imprimir billetes y provocar más inflación, o bien contener duramente cualquier reajuste salarial a los empleados estatales, desfinanciar aún más los servicios sociales del Estado y acabar con los programas asistencialistas con los que trata de paliar el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos de la población (los bonos de vivienda, las ayudas, los programas de becas, etc.) Acercándose el año electoral y con la agenda privatizadora del TLC aún sin implementarse, la situación se les puede complicar a los Arias, si el movimiento de masas multiplica las luchas.

Frente a la andanada de alzas que se acerca, proponemos a las organizaciones obreras y populares la realización de un Encuentro contra el alto costo de la vida, con el objetivo de definir un plan de lucha y las primeras medidas de movilización. Hay que plantearse UN PROGRAMA DE EMERGENCIA que contemple entre otros puntos, exigirle al Gobierno:

- La eliminación de todos los impuestos a los combustibles.

- Gravar a las transnacionales que gozan de exenciones y privilegios fiscales, con un impuesto de emergencia para dotar al Estado de recursos para paliar los efectos del alza de los precios del petróleo y la especulación con los alimentos en el mercado internacional.

- El congelamiento de los precios de los artículos de consumo básico.

- Una verdadera ayuda técnica, precios subsidiados y crédito barato para los pequeños productores campesinos, a fin de incentivar la producción de alimentos. Reforma agraria profunda para acabar con el latifundio y entregar tierras al campesinado para recuperar la producción de granos básicos y nuestra soberanía alimentaria

- Alza automática de los salarios de las y los trabajadores con cada punto porcentual que aumente la inflación.

- Entregar el monopolio de la importación de alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP), a fin de que los grandes importadores no se enriquezcan con el hambre del pueblo.