El movimiento indígena ha protagonizado una heroica jornada de lucha en defensa del agua y de la vida. Pese a la agresiva campaña mediática lanzada por el gobierno, el uso de tácticas divisionistas como regalar borregos u ofrecer frecuencias de radio a ciertas comunidades, y la violenta represión en contra los manifestantes que salieron a bloquear las carreteras, la CONAIE logró que la Asamblea Nacional detuviera el avance de la polémica Ley del Agua.

 

El proyecto propuesto por el gobierno no consiguió  los votos necesarios para aprobar dicha Ley. El presidente de la Asamblea se ha visto obligado a proponer una consulta prelegislativa acogiendo una disposición emitida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo la consulta propuesta nada tiene que ver con el derecho establecido en la Constitución a una consulta previa, libre e informada, y se convierte mas bien en una maniobra política desesperada para controlar la  situación de conflictividad social que se le está escapando de las manos al gobierno.

 

¿Mantiene la privatización del agua el proyecto de Ley del gobierno?

 

El Presidente Correa ha afirmado ante los medios que los indígenas mienten cuando dicen que el proyecto de Ley del Agua es privatizador. Sin embargo las cifras muestran que el agua ya está privatizada. El 1% de las unidades de producción (agroexportadores y latifundistas) concentran el 64% del agua de riego disponible, mientras el 86% de las propiedades medianas y pequeñas (menos de 10 has.) acceden apenas al 13%. Así por ejemplo, dos de los ingenios azucareros usan más agua que la ciudad de Quito. Sólo el ingenio San Carlos (Isabel Noboa) tiene autorizaciones para 8250 litros por segundo y REYBANPAC,  del grupo Wong, para 4740 litros por segundo.

 

El proyecto de ley propuesto por el gobierno no revierte esta situación. Al contrario, por orden expresa del presidente de la República , el Instituto Nacional de Riego, INAR, transfiere sistemas comunitarios de riego a los gobiernos provinciales y estos pueden a su vez transferir a los municipios, los mismos que pueden delegar el servicio público del agua a las empresas mixtas y privadas. Es decir, se debilita la gestión comunitaria para favorecer la gestión privada.

 

Uno de los aspectos más graves del proyecto del ejecutivo es que permite el acaparamiento del agua  por parte de las empresas mineras de gran escala. Se ha calculado que cada proyecto minero impulsado en el sur del país demandará unos 600 litros de agua por segundo. Además se está promoviendo la siembra de un millón de hectáreas de especies exóticas, con especies como el eucalipto, el pino y la teca, tomando en cuenta que cada uno de estos árboles succiona unos 30 litros de agua al día.

 

Un ejemplo evidente de que la privatización se mantiene en la práctica, es el caso de la empresa INTERAGUA, que administra el servicio del agua en la ciudad de Guayaquil. El Municipio encabezado por Jaime Nebot le concesionó la administración a dicha empresa transnacional, causante de la guerra del agua en Cochabamba (Bolivia). Desde que Interagua asumió dicha actividad las tarifas se han elevado en un 167%, lo cual convierte a Guayaquil en la ciudad con tarifas más altas en el país. Esta concesión ha sido públicamente defendida por el presidente de la República.

 

¿Quién administra el agua?

 

Otro argumento del gobierno es que los indígenas quieren controlar el agua en el país sin tomar en cuenta al Estado y los demás sectores sociales. Este argumento es falso. La propuesta de las organizaciones indígenas es que se conforme el Consejo Plurinacional y Pluricultural del Agua con participación paritaria de las instituciones del Estado y la sociedad civil, para decidir sobre las políticas del agua. En este Consejo las organizaciones indígenas y del agua tendrán su representante al igual que los usuarios urbanos y los consumidores.

 

También se ha dicho que los indígenas no quieren pagar por el uso del agua. Es otra falsedad. Los sistemas comunitarios tienen tarifas para mantener los sistemas de agua de consumo humano y de riego que ellos los han construido con sus propios recursos y mediante mingas. Mas bien el problema radica en la injusticia en el pago de tarifas por el uso de agua de riego. Como ejemplo, la agricultura de exportación paga anualmente 1,84 dólares por hectárea regada, mientras que los campesinos del sistema Daule Peripa pagan anualmente 120 dólares por hectárea, es decir 65 veces más. Si se toma como base las tarifas que pagan por el agua de riego Reybanpac y el ingenio San Carlos, los campesinos arroceros del Guayas pagan 120 veces más por el agua, los campesinos de Toacazo (Cotopaxi) pagan 52 veces más, y los de Licto (Chimborazo) pagan 35 veces más.

 

Otra afirmación oficialista es que los indígenas son un grupo minoritario que quieren imponer el destino del agua en el país. Si tomamos en cuenta que en la nación existen más de 50.000 comunidades campesinas e indígenas reconocidas, y más de 10.000 sistemas comunitarios de agua, no es objetiva la  acusación de “grupo minoritario”, puesto que representan a un sector de enorme importancia social de cuyo esfuerzo y trabajo depende la alimentación de todos los ecuatorianos.

 

El proyecto de Ley no enfrenta el problema de la contaminación del agua

 

Un problema muy grave que está soslayado por el proyecto de Ley oficialista, es el tema de la contaminación del agua. Las operaciones petroleras, mineras, industriales vierten sus desechos contaminantes casi sin controles y en total impunidad. Los municipios actúan de la misma manera con los desechos urbanos. En el caso del petróleo, las empresas vertieron 567 millones de barriles de aguas contaminadas con metales pesados y sales tóxicas, sólo en el año 2004. El proyecto que se discute en la Asamblea Nacional no garantiza que esta situación se revierta, más bien la agrava, violentando los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza consagrados en la Constitución.

 

En conclusión, el proyecto de Ley que el gobierno intenta aprobar no respeta el Artículo 12 de la Constitución, el cual dice que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable y que constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Los hechos demuestran que este recurso vital ha sido acaparado, alienado y monopolizado por grandes empresas privadas y el gobierno no está dispuesto a desprivatizarlo.

 

A luchar por la desprivatización del agua, en defensa de la vida

 

El Movimiento al Socialismo se solidariza con la heroica resistencia del movimiento indígena para impedir que el agua, recurso fundamental para el mantenimiento de la vida, siga acaparada por las grandes empresas privadas. Hacemos un llamado a la clase obrera y a todas las fuerzas populares y políticas de izquierda a sumarse a la movilización por la desprivatización del agua. Apoyamos el planteamiento de que se prohíba la explotación minera en las zonas aledañas a las fuentes de agua. Exigimos que el servicio de agua potable y saneamiento ambiental en las zonas urbanas sea de gestión publica y bajo ninguna figura debe ser entregado al sector privado. Demandamos la inmediata reversión de las concesiones a empresas privadas como Interagua y Amagua. Consideramos que es urgente también la lucha por la redistribución de la tierra que, al igual que el agua, se halla concentrada en pocas manos. Condenamos la criminalización de la protesta y la represión en contra del movimiento indígena y el movimiento estudiantil que se han movilizado en defensa de sus legítimos derechos.