Desde el inicio de la vida republicana de nuestro país, hasta la fecha sean dictado 19 Constituciones Políticas, es decir una Constitución por cada 9 años.  A pesar de que las Constituciones de alguna manera, han incluido en sus textos la  modernización de  la superestructura jurídico, política de nuestra sociedad y estado, de acuerdo a la evolución y necesidades del capitalismo mundial; estas no han propiciado una sociedad soberana, independiente, igualitaria, por el contrario han profundizado, la dependencia, el subdesarrollo, y la diferenciación social entre grupos minúsculos que acumulan la riqueza y la exclusión de las grandes mayorías.

A lo largo de los 176 años de vida Republicana, -con contadas excepciones- las reformas introducidas en la mayoría de las Constituciones han sido en torno a temas formales: integración del Congreso, bicameral o unicameral, mayor o menor número de diputados; mayores o menores funciones al poder Ejecutivo vs el legislativo; formas de nombrar los organismos de control, judiciales, electorales; incorporación de determinados derechos políticos;  despolitización y  despartidización de los organismos del estado.Reformas que han ido alternándose, en una Constitución se da más poder al Ejecutivo, en la siguiente se le quita; en una se aumenta en otra se disminuye el número de diputados, mismas que solo han servido de pantalla para ocultar los verdaderos problemas del País, y buscar la institucionalización de las exigencias de las grandes mayorías del País.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1998, que fue producto de años de movilización -teniendo como referente al movimiento indígena que en 1991 ocupó Quito y después por varias ocasiones paralizó el país, con su corolario en 1997, la caída de Bucaran- si  bien en ella se reconoció que el país era Multiétnico y Pluricultural e incorporó determinados principios ecologista, de protección de derechos humanos; sin embargo  en la parte económica y social significó un gran retroceso.

La gratuidad de la educación fue limitada y se  estableció como co-responsabilidad de los padres  la educación de niños y adolescentes; se dio el aval a que convenios o acuerdos internacionales estén por encima de nuestra legislación, rompiendo con nuestra soberanía; se abrió la posibilidad de la privatización de las áreas estratégicas del estado como Petróleo, electricidad entre otras; se consolidó el reconocimiento a la Intermediación Laboral (nueva forma de esclavitud de los trabajadores), y la existencia de una organización única de Trabajadores en el sector Público, etc. En definitiva se creo una Constitución  acorde al modelo neoliberal imperante.

NUESTRO PROGRAMA PARA LA CONSTITUYENTE.

Hoy, nuevamente se plantea como salida al descontento popular y la necesidad de cambio de dos décadas de brutal neoliberalismo, una  nueva  Asamblea Constituyente.

La Única posibilidad, de que la Constitución pueda garantizar transformaciones profundas al país, es la organización y participación unitaria de los grandes sectores del Pueblo, con un programa Revolucionario, que pueda ser vigilado y exigido durante todo el proceso Constituyente; para ello se plantea una ASAMBLEA SOBERANA, con plenos poderes para transformar el país, en donde se reivindique:

La soberanía e independencia del país: No al TLC, Ruptura con el FMI, No al plan Colombia, Ruptura del acuerdo  de cesión de la base de Manta.

Nacionalización del petróleo, gas, agua, minería y de todos los recursos naturales, sin indemnización y su estatización bajo control de los trabajadores.

Industrialización del país que garantice la construcción de refinerías y fábricas para la elaboración de productos con valor agregado.

Ejecución de un plan de obras publicas nacionales con el dinero proveniente de las nacionalizaciones, no pago de la deuda, que garantice la generación de empleo y elevación de los niveles de vida de la comunidad y sociedad. (Escuelas, caminos y carreteras, hospitales, universidades en el campo, vivienda, etc.)

Expropiación de los latifundios y reforma agraria radical, que de tierras para quienes la trabajen: campesinos pobres, indígenas. Legalización de tierras, dotación de tecnología y recursos para activar la producción comunitaria, garantía de cosecha, garantía de comercialización por parte del estado.

Educación, Salud y Vivienda publica,  financiada por el estado.

En los Derechos de los pueblos indígenas: derecho a la autodeterminación de las Nacionalidades y Pueblos; recuperación de las tierras y territorios usurpados de todas las Nacionalidades y Pueblos. Delimitación y legalización de los territorios ocupados ancestralmente; oficialización del lenguaje, del idioma, de la religión y la cultura de cada una de las Nacionalidades y Pueblos.

Democracia y ética, revocatoria de los mandatos de presidente, diputados y demás representantes en los diversos niveles de representación; sueldo no superior al de un trabajador especializado para el presidente y parlamentarios.

EXIJAMOS UN ESTATUTO ELECTORAL DEMOCRATICO.

De convocarse una nueva Constituyente, sino no hay participación popular mayoritaria, con un programa básico de reformas; quienes se beneficien serán los mismos: cámaras de producción, empresariado nacional y transnacional, representado por los partidos PSC, PRIAN, PRE, DP, ID y otros, quienes buscaran profundizar el proyecto neoliberal, tal como lo pretendieron realizar con la firma del famoso TLC:  mayor flexibilización de la fuerza de trabajo, impunidad de los fuerzas beligerantes en nuestro suelo, extraterritorialidad jurídica de las empresas transnacionales; derechos de patentes y propiedad intelectual internacionales; paraísos fiscales para la inversión; importación libre de trabas para los productos subsidiados del imperialismo; en definitiva una constitución que legalice nuestro estado de Colonias.

La única forma de garantizar una Constituyente Soberana, es que se encuentren en su seno, representantes de los trabajadores sindicalizados, mercerizados, indígenas, campesinos, empleados públicos, mujeres, estudiantes, maestros, emigrantes; y que existan órganos propios de representación popular que puedan vigilar el proceso y acompañar la movilización social.