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La verdad sobre el gobierno de Correa Imprimir Correo electrónico
Escrito por Diego Cruz - PSTU   
Lunes 10 de Enero de 2011 14:23
El día 30 de setiembre no fue sólo la sublevación policial que causó sorpresa. En cuanto se acusa de la existencia de un supuesto secuestro y golpe de Estado, el gobierno convocó a una movilización popular en defensa de Correa. Convergieron, entonces, a la “Plaza Grande”, frente al Palacio Candorelet, algo de 3 mil personas, en su mayoría partidarios de la Alianza País.
 
Ecuador es un país que construyó una fuerte tradición de movilizaciones en la última década. Al final de los años 90 e inicio del presente siglo, tres presidentes fueron derrocados por las revueltas populares. Cuando Lucio Gutiérrez cayó, por lo menos 200 mil personas lucharon en las calles de la capital, Quito, exigiendo su salida.
 
Las manifestaciones en favor del mandatario poco recuerdan, por ejemplo, a las movilizaciones durante la tentativa de golpe contra Hugo Chávez en Venezuela en el 2002. ¿Por qué hubo una sublevación policial? Y, luego, ¿por qué no hubo una gran respuesta de la población ante la convocatoria del gobierno, a pesar del llamado masivo realizado en cadena nacional por la TV?

Un país dividido
 
“Lo que sucedió aquel 30 de setiembre es, en realidad, el resultado de un proceso anterior”, explica Miguel Merino, profesor de Sociología de la Escuela Nacional Politécnica de Quito y dirigente del MAS (Movimiento al Socialismo), sección ecuatoriana de la LIT-CI. Un proceso que tuvo, por un lado, la imposición de una serie de leyes por el gobierno que alcanzó a una serie de sectores sociales y, de otro, una envestida autoritaria de Correa a esos mismos sectores.

Electo en el 2006 por el frente Alianza País, que reunía a un amplio espectro de fuerzas políticas, sobre todo de la izquierda, como el Partido Socialista y el Partido Comunista de Ecuador, Rafael Correa presentaba un discurso de izquierda y de defensa de sectores como los indígenas. Una vez presidente, consiguió convocar a una Asamblea Constituyente y una nueva Carta Magna que concentraba poderes en la figura del presidente y, a pesar de tocar algunas reivindicaciones de los movimientos sociales, no contiene ningún cambio estructural del país.

“Correa canaliza hábilmente el descontento popular, elimina el viejo congreso, que era símbolo de toda esa corrupción, convoca a la Asamblea Constituyente, generando una ilusión de que una nueva Constitución iría a cambiar a la sociedad o, como él decía, ‘refundar’ el Estado”, resume Merino.

Al comienzo del mandato, Correa se benefició con el alto precio del petróleo exportado por el país. Su gobierno incrementó el programa social de gobiernos anteriores, el “bono dignidad”, semejante a la “Bolsa  Familia” del gobierno de Lula. Al mismo tiempo, su política para el petróleo y en la gestión de recursos naturales, como el agua o las minerías, ya lo colocó contra sectores indígenas y petroleros. 

La llamada ley de las aguas y la ley de la minería provocaron una serie de movilizaciones encabezadas principalmente por el movimiento indígena. La represión del gobierno es dura y acaba asesinando a un manifestante en la provincia de Morona, coincidentemente el día 30 de setiembre del 2009, exacto un año antes de la sublevación policial. 

El avance autoritario del gobierno se extiende a las universidades, con la Ley de Educación Superior, que reduce significativamente la representación de los trabajadores y estudiantes en los organismos de decisión. “El gobierno ataca una conquista del movimiento estudiantil en la década del 60, al reducir al 25% la representación de los estudiantes en los organismos universitarios, que era del 50%”, explica Miguel Merino. 

Ya los trabajadores tienen su representación reducida del 25% a apenas el 5%, quedando también completamente afuera de los organismos académicos. “El gobierno hizo eso con el argumento de que los estudiantes y los trabajadores son manipulados políticamente”, critica el docente. La ley de Correa indispone al gobierno con los profesores y estudiantes de las universidades.

El detonante del 30 de setiembre, por lo tanto, se da con la Ley del Servicio Público, que ataca una serie de derechos de los que trabajan para el Estado. El gobierno ya impulsaba una política que incluía despidos en masa en el sector público, como en la estatal Petroecuador, en la que fueron despedidos 1.200 trabajadores en el 2009 y más de 628 al año siguiente.

La nueva ley afecta, sobre todo, el sistema de bonificaciones y condecoraciones de los militares, atacado como “privilegio” por Correa. A pesar de la propaganda masiva en los medios de comunicación, el gobierno no consigue contener la ola de indignación en las filas policiales. Como los demás sectores sociales atacados, se lanzaron a las movilizaciones, con una diferencia importante ahora. Ellos tienen las armas. 

El gobierno que enfrenta la rebelión policial el día 30 es, así, un gobierno con cierto respaldo popular, garantizado por medio de su política focalizada, pero desgastado en importantes sectores organizados, como el movimiento sindical e indígena. Un gobierno aún en plena escalada represiva contra los movimientos sociales. 

¿Un gobierno de izquierda?
 
Quien llega a Ecuador puede sorprenderse con la “Revolución Ciudadana” de Correa, o mejor dicho, su discurso radical y supuestamente de izquierda. El mandatario, por ejemplo, cuenta con un programa semanal transmitido los sábados por la mañana en red nacional, donde frecuentemente ataca a los “pelucones”, o sea, a los ricos y los banqueros, con discursos “radicales”.

En la práctica, sin embargo, la “Revolución Ciudadana” se resume a políticas sociales focalizadas y, en general, la misma política económica de los gobiernos anteriores. O sea, las multinacionales continúan explotando el petróleo y los minerales del país, los bancos y grandes contratistas siguen lucrando, así como los grandes agro-exportadores, en tanto la tasa de pobreza llega al 68% de la población.

Correa no puede y no quiere enfrentarse con la burguesía o con los banqueros y, por otro lado, trata de generar la ilusión de que es apoyado por el pueblo”, opina Merino. “El lema de la Revolución Ciudadana, ‘La Patria ya es de todos’, significa que, bajo Correa, ya no hay lucha de clases, tratando de generar esa ilusión de conciliación de clases, que caracteriza el gobierno de Correa como un gobierno “bonapartista”, o sea, un gobierno cuyo objetivo es mantener el orden actual, pero que aparentemente se “descuelga” de las clases, pareciendo independiente.

Para Merino, el surgimiento de Correa está directamente ligado a la ola revolucionaria que ocurre en el país desde el 2000. Pero para frenarla. “La burguesía necesitaba de una nueva figura que pudiese garantizar sus intereses y el funcionamiento del sistema capitalista, pero los partidos tradicionales de la derecha estaban desprestigiados después de la caída de Bucarán, Mahuad y Gutiérrez”, explica.
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Traducción: Laura Sánchez


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Última actualización el Lunes 10 de Enero de 2011 18:25
 


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