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| “No existen cambios estructurales, pero sí una concentración del poder y de la riqueza” |
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| Escrito por Diego Cruz - PSTU | |||
| Lunes 10 de Enero de 2011 14:40 | |||
 Presidente de la Federación de Petroleros de Ecuador ataca política petrolera de Rafael Correa y acusa a Brasil de “subimperialista”
Ecuador es un país petrolero. Desde 1982, el país exporta la materia prima que hoy ya alcanza el 50% del total de las exportaciones y el 15% de su PBI. El sindicalista Diego Cano sintió a flor de piel las dos principales políticas del gobierno de Correa.
Como petrolero de la estatal Petroecuador, enfrentó la política entreguista del gobierno y denunció los privilegios, fraudes y corrupción de las transnacionales del petróleo en el país, incluyendo a Petrobras. Como presidente de la Fetrapec (Federación Nacional de los Trabajadores de Petroecuador), fue despedido en el 2008 en represalia a su actuación sindical y está, en este momento, siendo perseguido por “amenaza a la seguridad interna”, debido al 30 de setiembre. El sindicalista es, frecuentemente, tildado de “terrorista”, “izquierdista” y otros calificativos menos elogiosos por el presidente Correa.
Cano recibió al portal del PSTU en la sede de la Fetrapec, en una tarde de tempestad en Quito. Justo al lado, una ruidosa asamblea reunía decenas de trabajadores despedidos de la estatal petrolera. Lea los principales momentos de la entrevista.
Portal do PSTU – Ud., ¿cómo caracteriza la política petrolera del gobierno de Correa?
Diego Cano. Ecuador se transforma en un país extractor de petróleo en 1972 y los diferentes gobiernos, desde la llamada “Nueva Época Democrática”, en 1978, manejaron la empresa y los recursos naturales no en función de los intereses del país, sino en función de los intereses de las transnacionales. Los trabajadores y sindicatos venimos combatiendo de forma muy dura, a esa política entreguista que causa el desmantelamiento de la empresa pública, del Estado, en favor de las transnacionales.
¿Cuál es el papel del gobierno de Correa en eso?
Desde que Correa asume la presidencia, en enero del 2007, la gran mayoría de los ecuatorianos tenía la esperanza de que las cosas fuesen diferentes. Sobre todo en el manejo de ese sector tan importante para el país. Pero lo que se evidenció fue algo que se contrasta con el discurso. Tenemos un gobierno que se autocalifica como “socialista del siglo XXI”, como “revolucionario”, que lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo. Pero que, no obstante, en sus prácticas en los sectores estratégicos, desdice ese discurso. Cuando el oficial de la marina, Fernando Zurita, fue sustituido en la administración del sector, se inició un proceso profundo de desmantelamiento sistemático de Petroecuador. Primero con el despido de dirigentes sindicales. Después, con la generalización de un proceso de terrorismo contra los trabajadores a nivel nacional, con la revisión unilateral de todos los contratos de trabajo del sector público, comandado exclusivamente por representantes del Ministerio de Trabajo en el cual, los trabajadores, no tuvimos ninguna participación. Fue el ministerio el que determinó “eso queda, eso no queda, eso va, eso no”, destrozando los contratos colectivos. El gobierno anuló dos cláusulas que los trabajadores habían conquistado. Una que protegía a la empresa contra la privatización y otra que garantizaba la estabilidad a los trabajadores. Y con eso se creó un ambiente de inquietud y temor, y que no podíamos decir nada. Cualquier cosa que decíamos éramos despedidos. Hasta ahora, estamos hablando de noviembre del 2010 y ese proceso, desde que se inició en junio del 2008, a arrojado cerca de 2 mil trabajadores despedidos. El último grupo salió en setiembre del 2010, 628, que salieron en un proceso fraudulento, en el que no se respetó el debido proceso legal.
¿Y cómo se está dando ese proceso de persecución?
Como decía, la Marina despidió, primero, a los dirigentes sindicales, después continuó con una política de terror despidiendo a más trabajadores. Hicieron reformas internas, transfiriendo varias actividades de la estatal a otras empresas. Por ejemplo, el mayor y más productivo campo de Ecuador, que se llama “Sacha”, fue entregado a otra compañía, de economía mixta, que se llama “Río Napo”, al que se unieron otras so empresas: PDVSA de Venezuela y Petroecuador. Tomaron ese campo da Petroecuador para entregarlo a otra compañía. Entonces, ese es apenas uno de los indicadores que nos hacen hacer cuestionamientos a la política petrolera, incluso del gobierno de Chávez. Porque aquí no hay un proceso verdadero de integración. Se fabrican nuevos esquemas y se hace lo mismo que tantas veces fue combatido y cuestionado de lo que hacían las empresas del imperio. Significa lo mismo. Para nosotros no hay ningún beneficio del petróleo estando en manos de la Napo o, indirectamente, en las manos de PDVSA. Ya está entregado este campo hace un año, con el pretexto de que era necesario “optimizar” la producción, pero lo que vemos es que ha caído la producción en ese campo. El presidente de la República, a finales de setiembre del 2010, hizo un informe a las autoridades de Petroecuador, indicando que, bajo la base del mismo esquema, se termine de entregar los otros grandes campos que tienen bajo su responsabilidad. Hay intereses de una empresa coreana llamada SK. Hay evidencias de que esa empresa habría quedado como responsable por la operación de mantenimiento a largo plazo dela mayor refinaría del país, llamada Esmeralda. Y podríamos dar muchos más ejemplos, que muestran, para nosotros, que significa exactamente lo mismo, que ahora cambia de nombre. Ayer el neoliberalismo se llamaba privatización; como no pudieron continuar con esos esquemas, cambiaron de nombre a “concesiones”, “alianzas estratégicas”, “alianzas operativas”, “contratos de asociación” que ahora se llaman “compañías de economía mixta”. Y, el pasado julio, el presidente envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos, con carácter urgente, no dando ni la oportunidad ni el tiempo para hacer objeciones o propuestas para mejorarla.
¿Y qué objeciones tendría esa ley?
Para nosotros es preocupante, por ejemplo, que no se hable más de una empresa pública, sino de varias empresas públicas. Eso significa no sólo una desestructuración, sino también dispersión. Otra cuestión es la revisión de todos los contratos de las compañías extranjeras, en lo que estamos totalmente de acuerdo, ya que es una reivindicación que venimos exigiendo hace mucho tiempo. Todos los contratos firmados no tuvieron otro objetivo que beneficiar a las grandes transnacionales. Sin embargo, el 23 de noviembre pasado, expiraron los contratos de las compañías extranjeras y, por ejemplo, en el caso de Petrobras, opinamos que esa compañía, de inmediato, tiene que salir de Ecuador. El área original explotada por la empresa contenía una cantidad ínfima de petróleo, menos de 200 barriles diarios, pero a través de artificios técnicos y fraudes, dieron al consorcio de Petrobras parte del campo explotado por Petroecuador, llegando a una producción de cerca de 39 mil barriles diarios. Y, ahora, actualmente cerca de 20 mil, pero luego de someter la reserva a un proceso de superexplotación. Todo eso configura una serie de situaciones que hace mucho tiempo merecían que el contrato de Petrobras fuese finalizado, vía nulidad, o vía caducidad. Muchas compañías han incumplido la ley. Tanto sobre aspectos económicos, legales, y también ambientales.
¿Cómo analiza al gobierno de Correa, de forma general?
Aquí no ha existido una política de soberanía, ni de nacionalismo, ni de recuperación de los sectores estratégicos para beneficio de los ecuatorianos. Las inversiones de China en Ecuador, por ejemplo, han sido grandes en muchos ámbitos, principalmente en sectores estratégicos como en petróleo, electricidad, minería. Y están haciendo presión para mantener las condiciones de ventajas para sus inversiones. En el aspecto social, las acciones del gobierno se reducen a un proceso de paternalismo, o asistencialismo. Ello no significan cambios en la estructura de poder o riqueza. Lo que hoy existe en el país es un reacomodo de las fuerzas de derecha que entran en confrontación entre sí, porque hay peleas inter-oligárquicas e intra-burguesas, entre grupos de poder, los tradicionales con los que van surgiendo. Pero, el resto de la población ha sido anestesiado por los “bonos”. Esa política era una de las recetas del FMI que se inició en Ecuador en 1998, con Mahuad. Este gobierno no sólo la viene sustentando, sino incrementado; son 35 dólares mensuales para personas que no tienen ingresos, no tienen trabajo, que están en una situación de indigencia, digamos así. Sin embargo, uno de los indicadores, desde mi punto de vista, que en lugar de avanzar hemos retrocedido, es la cobertura de esos mismos bonos. Cuando Correa asume, eran cerca de 600 o 700 mil los beneficiarios, ahora estamos hablando de 1.5 millones. Podrían decir que hay mejor cobertura pero, para mí, se amplió la pobreza. Hay muchos otros aspectos, como el número de subsidios. Yo tengo formación en economía y no estoy en contra de los subsidios en determinados momentos y para determinadas situaciones, cuando es necesario. Pero eso no puede ser un mecanismo que se utilice de manera absolutamente generalizada que, en vez de ir cambiando las condiciones, se va profundizando. No existen cambios estructurales, sino una concentración del poder y de la riqueza.
En su opinión, ¿el petróleo podría tener un papel importante en un proceso de cambios estructurales del país?
Claro. Ecuador es un país realmente rico en el aspecto de recursos naturales, pero son no renovables. Venimos explotando comercialmente el petróleo desde 1982. En esa condición, no tenemos un horizonte realmente muy grande. Eso obliga a los gobiernos, principalmente este gobierno, a discutir con seriedad un proceso de transición, para que lo que viene sustentando a la economía ecuatoriana no sea solamente una sóla materia prima. Se acaba el petróleo, ¿qué vamos a hacer? De una u otra manera se consiguió cambiar la imagen de país agrario-feudal, de la década de 1960, a un país en vía de industrialización y algo de crecimiento y desarrollo, que comienza con el petróleo. Pero, cuando vemos las condiciones de la Amazonía, vemos la situación desastrosa. Entonces, hay muchas cosas que discutir. Pero, tenemos un discurso y una propaganda que, para mí, creo que sólo utilizaban los “animales” de las décadas del 30 y del 40, que absorbe, que no te permite pensar y hacer una reflexión, que te congela, te hace creer que aquí existe una sóla verdad. Y, además, que nadie puede contestar a esa situación pues es, automáticamente, descalificado, tachado, deslegitimado. Cualquiera que se coloca en contra, enseguida le ponen una serie de epítetos, esa es la estrategia mediática y comunicacional que utiliza el gobierno, principalmente luego de los acontecimientos del 30-S.
Ud., ¿cómo analiza el 30-S?
El proceso que el país pasa es autoritario, con características fascistoides de persecución. Y que va generando un sentimiento de temor. Cada vez menos gente quiere manifestarse con su opinión, por la represalia que pueda sufrir, porque aquí cualquiera puede ser calificado de “conspirador” o “terrorista”. Pero, nosotros vamos a continuar insistiendo. Es difícil, sobre todo en ese proceso impulsado inteligentemente por el gobierno, donde hay muchos dirigentes cooptados, que reconocen a la “Revolución Ciudadana” como propia, perdiendo una cuestión fundamental del sindicalismo, que es su independencia de clase. Nosotros creemos en la unidad, más que en los dirigentes, con la base, y lo que estamos haciendo es movilizaciones de base. También con los demás sectores sociales, con los cuales el país ya tuvo una experiencia enorme y riquísima durante muchos años. Sobre todo en los últimos años del siglo pasado. La unidad de los sectores populares, estudiantiles, trabajadores, campesinos, indígenas. Lo que tenemos que hacer es reforzar esos procesos unitarios, recuperar nuestra propuesta de proyecto histórico de transformación profunda del país.
¿Puede explicar el anuncio de Petrobras de que va a irse de Ecuador?
Lo que han dicho es que Petrobras salió de Ecuador en vista de que las condiciones de contrato que mantiene con el Estado ecuatoriano no son adecuadas. Varias compañías también han reclamado de uno de los indicadores fundamentales de los contratos, el precio base del petróleo. Porque se pone un precio base, lo que significa la posibilidad de recuperar costos y gastos, y amortizar inversiones y obtener ganancias adecuadas. Porque para una compañía, si tiene un precio base cerca de 37 dólares, está bien, pero parece que dentro del contrato de ciertas compañías ese precio es menor. Sin embargo, no se conocen las interioridades de las negociaciones, porque hay mucha confidencialidad. Y es, también, una necesidad geopolítica, porque la política brasileña de los gobiernos, desde mí punto de vista, ha significado una especie de “subimperio”. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de la base militar de Manta, que para mí se trata tan sólo de cambiar el eje de dominación, de norte/sur, para este/oeste, o sea, China y Brasil. Y hay que analizar los Bric's también, bajo una perspectiva de que hoy el capital no tiene patria. Que el capital de EUA también actúa en Brasil, China y significa un proceso de sometimiento de los países “dependientes”. Vamos a esperar el resultado del anuncio de las compañías para ver si realmente se van. Pero si se fueran, ¡que se vayan! El Estado tendría que asumir esas operaciones. Lamentablemente es cuando la estatal está desmantelada. Eso significa que, a corto plazo, van a entregar el petróleo a otras compañías extranjeras.
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Traducción: Laura Sánchez
 
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| Última actualización el Lunes 10 de Enero de 2011 18:19 |
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