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| Los verdaderos fines del gobierno con la consulta |
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| Escrito por MAS - Ecuador | |||
| Jueves 31 de Marzo de 2011 00:19 | |||
 La clase trabajadora y la izquierda revolucionaria enfrentan un nuevo desafío político ante la consulta-referéndum propuesta por el gobierno de Rafael Correa. Más allá del alcance y los contenidos de las 10 preguntas es necesario que los ecuatorianos tengamos una visión de conjunto sobre los verdaderos objetivos que persigue el régimen con este supuesto acto democrático.
No nos oponemos a que se consulte al pueblo, pero sí a que se trate de utilizar este mecanismo para legitimar políticas antipopulares. Es necesario tener claro que no toda consulta es beneficiosa de por sí para los intereses de las clases populares. Gobiernos fascistas como los de Hitler, Mussolini, Pinochet a nivel internacional, y Febres Cordero o Sixto Durán en lo interno, realizaron en su momento consultas a la población para legitimarse en el poder. Su carácter democrático depende de los contenidos, el alcance y las perspectivas que se busca con la consulta.
Temas de trascendencia para el país y de fuerte impacto en la situación social, económica y política de los ecuatorianos, como la continuación del modelo extractivista, la explotación minera a gran escala, el futuro del proyecto ITT, la política petrolera, el endeudamiento externo e interno, los nuevos impuestos anunciados a las medicinas y las llamadas telefónicas, la eliminación de los subsidios, la universalización de la seguridad social, la utilización de las Fuerzas Armadas para la represión interna, no han sido tomados en cuenta en las preguntas que realiza el gobierno en la consulta.
La consulta no resuelve el problema de la justicia
La consulta del gobierno tiene como eje central problemas vinculados a la administración de la justicia, como la ineficacia de la misma, la corrupción de los jueces, y el tema de la inseguridad: el aumento de la delincuencia, la impunidad de muchos delincuentes. Sin embargo, lo que el gobierno no ataca las causas de fondo que originan estos problemas, de manera que tampoco propone las soluciones correspondientes. No se le dice a la ciudadanía que éstos son problemas estructurales, arraigados en un sistema socioeconómico y político como es el capitalismo, construido sobre la desigualdad social, la exclusión de las mayorías y la discriminación de todo tipo (racial, regional, de género, social, política, cultural, etc.) Por consiguiente, es un engaño a la gente decir que a través de la consulta se solucionarán dichos temas.
Para enfrentar la crisis de la justicia, (pregunta 4), el gobierno plantea cambiar el sistema de designación establecido en la Constitución y en la Ley, reemplazando al Consejo de la Judicatura por una “Comisión Técnica” compuesta de tres miembros designados por el Presidente de la República, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, en los que tiene una injerencia decisiva el oficialismo. Es claro que la intención del gobierno es controlar la justicia para neutralizar a la oposición, y principalmente, para detener las luchas de los trabajadores y los movimientos sociales, criminalizando a los dirigentes y a los activistas sociales que se opongan a sus políticas. No olvidemos que en la actualidad existen más de un centenar de dirigentes indígenas, campesinos, ecologistas, estudiantes y maestros que están siendo enjuiciados y encarcelados por haber participado en protestas en defensa de sus legítimos derechos.
La pregunta 5 plantea que modificando la composición del Consejo de la Judicatura se logrará una administración eficiente de la justicia. ¿No es caer en un simplismo considerar que el problema consiste en cambiar unas personas por otras? El tema de la justicia es muy complejo y tiene implicaciones sociales y políticas de fondo; tengamos en cuenta realidades como “la acumulación de más de un millón de causas represadas o sin resolver, la existencia de 160 poblaciones con un pobre o inexistente acceso a la justicia, el 93% de los centros de detención existe hacinamiento, con un sistema caduco, corrupto e inseguro”, según declaraciones del propio Ministro de Justicia.
La consulta no resolverá el problema de la inseguridad
Con el problema de la inseguridad, tema de grave preocupación ciudadana, ocurre una situación similar, ya que, la supuesta solución planteada por el gobierno en la pregunta 1: cambiar los plazos para la caducidad de la prisión preventiva, no solamente es inconstitucional y atenta contra los derechos básicos de las personas, sino que mas bien puede agravar el tema de la inseguridad, ya que se eliminará el límite que tienen los jueces para juzgar oportunamente y sentenciar a las personas privadas de libertad.
Detrás de esta tesis están las viejas concepciones de la derecha que considera que aumentando las penas se reducen los delitos. Además esta pregunta atenta contra una garantía fundamental, establecida en la Constitución, que es la caducidad de la prisión preventiva cuando no hay sentencia en un año. ¿Ha reflexionado el gobierno en que un mayor hacinamiento en las cárceles es el mejor mecanismo para que los detenidos no se rehabiliten sino que se hundan más en las garras de la delincuencia y, por consiguiente, aumente la inseguridad?
El control sobre los medios de comunicación
Otro tema delicado de la consulta es el que tiene que ver con la creación de un Consejo de Regulación que norme la difusión de los contenidos de los medios de comunicación (pregunta 4 sobre temas generales). En este punto el problema central no es la creación del Consejo sino su conformación, es decir, ¿quiénes van a determinar si los contenidos que difunden los medios son los adecuados? ¿Pretende el gobierno controlar el Consejo y por consiguiente determinar los contenidos que pueden o deben ser difundidos? De ser así, estamos frente a un claro atentado contra el principio de la libertad de expresión.
Es cierto que los grandes medios han cometido excesos y están al servicio de los grupos de poder económico, lo cual convierte en una falacia el principio de la libre expresión, pero la solución no está en que el gobierno tome el control de los medios, sino en que haya una distribución más democrática de los mismos.
Preguntas para ganar popularidad
Otras preguntas como prohibición para que las instituciones financieras privadas sean dueñas de medios de comunicación, que se considere delito la no afiliación de los trabajadores al IESS y que sea delito el enriquecimiento privado no justificado, son aspectos positivos en que podemos concordar, pero que ya tienen precedentes legales y no se necesita de una consulta para aplicarlos. El objetivo de estas preguntas, al igual que la prohibición de los juegos de azar y de los espectáculos públicos donde se mate animales, es ganar popularidad en ciertos sectores como los trabajadores o los jóvenes, a fin de asegurar los resultados de la consulta.
Conclusiones
En conclusión, los objetivos del gobierno al realizar la consulta-referendo, no es dar soluciones a problemas muy complejos como son la injusticia y la inseguridad. Lo que busca es una mayor concentración de poder a través del control de la justicia y los medios de comunicación, es decir un proyecto autoritario muy peligroso para las organizaciones sociales y populares que no están de acuerdo con el modelo extractivista y las políticas antipopulares del gobierno de Correa.
El MAS hace un llamado a fortalecer el Frente amplio de las organizaciones populares, sociales y políticas que se ha conformado para decirle NO al proyecto autoritario y concentrador del poder que el gobierno trata de implementar a través de la consulta. La tarea fundamental del momento es lograr la más amplia unidad con indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, defensores del medio ambiente y todas las mujeres y hombres que estén dispuestos a luchar por sus derechos y las libertades básicas.
Fuente: Tribuna Socialista n. 31, Marzo 2011 
 
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| Última actualización el Jueves 31 de Marzo de 2011 01:21 |