VIOLENCIA EN EL SALVADOR: LOS FRUTOS DE LOS GOBIERNOS DE ARENA

La ola de violencia que azota a la población y los escasos e inútiles intentos del gobierno por detenerla han venido siendo denunciados por  los sectores populares desde hace varios años.

Fue durante el período de Francisco Flores que la escalada de inseguridad tenía ya algún tiempo de estar golpeando y la preocupación popular obligó al gobierno a lanzar el primer plan "Mano Dura", y la "Ley Antimaras", como su nombre lo indicaba, con un carácter inmediatista y represivo.  Diversos sectores políticos, académicos, organizaciones sociales, incluso instituciones internacionales como UNICEF hicieron ver lo peligroso que estas iniciativas podrían ser para la población: no solucionarían el problema y al dar una falsa sensación de seguridad, habría oportunidad para que la violencia se extendiera y profundizara sin control, como en realidad ha sucedido.

Ante el clamor popular y las evidencias de que, en efecto, la violencia cobraba cada vez más vidas, la respuesta gubernamental ha sido siempre las medidas represivas, sólo cambiando de nombre -Super mano dura, puño de hierro-, y campañas de imagen tan onerosas como inútiles.

Todo aquel que ha criticado los planes gubernamentales es acusado de favorecer criminales, como expresó de los jueces Francisco Flores en abril de 2004: que "estaban del lado de los criminales" y que "el pueblo les pasaría la factura".

Parece que el gobierno y la burguesía salvadoreña comenzaron a poner atención al problema, que afecta mayormente a los sectores más pobres y a las capas medias de la población, hasta que el PNUD señaló en un informe que los gastos asociados a la violencia costaron al país en 2003 la increíble cifra de  mil setecientos millones de dólares al año, equivalente a más de la mitad del presupuesto general de la nación y un buen porcentaje del PIB.

Durante el años 2006, con una cantidad de muertos que no baja de los 10 por día, El Salvador mantiene el triste honor de ser el país más violento de América Latina y, aunque las pérdidas económicas están ya golpeando fuertemente a la gran empresa nacional y preocupando a los inversionistas extranjeros, quien paga los mayores costos es la clase trabajadora, que es la que pone la mayor parte de los muertos.

El viejo argumento de que las pandillas eran las únicas causantes de la delincuencia en el país y que los muertos eran invariablemente miembros de las mismas, ha quedado  totalmente desacreditado con el "descubrimiento" de que entre los delincuentes se puede encontrar, además de miembros de "maras", empresarios del transporte colectivo, policías, bandas guatemaltecas que se movilizan en vehículos último modelo, oficiales del ejército hondureño y hasta niños de 12 años que extorsionan a sus amigos.

El fenómeno delincuencial es sumamente complejo y pareciera que el gobierno de ARENA necesitó un regaño del embajador Barclay y un ultimátum de la gran empresa privada para comprenderlo. Desafortunadamente para el pueblo, parece que las soluciones propuestas ahora, continúan la tradición de propuestas superficiales para dar una falsa sensación de seguridad, pues no están dispuestos a asumir el problema desde sus raíces.

Es innegable que la situación de una sociedad capitalista con características tan brutales para el pueblo como lo es la sociedad salvadoreña, con una desigualdad entre las mayores de América Latina, con un modelo económico basado en la expulsión de cientos de compatriotas para captar remesas, con un proceso de descampesinización acelerado con la consecuente conformación de barrios marginales, entre otras lindezas, es un caldo de cultivo perfecto para las peores formas de conflicto. Por supuesto, la relación entre criminalidad y pobreza no es mecánica, pero una sociedad capitalista lleva en sí la contradicción fundamental de la opresión y explotación de manera tan natural como la nube  trae consigo la lluvia. Los conflictos derivados de esa opresión buscan su solución en todas las formas de violencia que vivimos en la sociedad.

Evidentemente, la burguesía y el Estado a su servicio, no van a renunciar a sus privilegios provenientes de mantener sometida a la clase trabajadora, para evitar los "efectos secundarios" del capitalismo. Nos dicen: "Allí está la policía, confíen en ella". Pero el pueblo constata que ni los grupos de tarea conjunta conformados por el ejército y la policía pueden siquiera frenar el ascenso delincuencial. Recordemos que los cuerpos represivos nacieron en algún momento de los comienzos de la sociedad dividida en clases para evitar que las clases oprimidas se rebelaran contra sus opresores. Ahora la clase trabajadora puede comprobar en El Salvador que los opresores ponen toda su maquinaria de "seguridad pública" a trabajar en función de sus intereses económicos, no de la vida de la población. Por lo tanto, la cifra de homicidios de obreros, campesinos, vendedores de los mercados, sólo disminuirá a medida en que sea un efecto paralelo de la seguridad de las ganancias capitalistas.

El pueblo se encuentra por el momento paralizado para defenderse. El sentimiento de frustración e indefensión es generalizado entre las personas. Es imprescindible que la desorganización y la confianza total en los cuerpos de seguridad del Estado vayan cediendo lugar a formas organizativas en comunidades, en barrios, colonias y unidades productivas que permitan a vecinos y trabajadores ejercer su legítimo derecho a defenderse. Muchas experiencias en algunos municipios y los éxitos que nos han relatado miembros de comunidades rurales quienes, al verse desprotegidos por la PNC decidieron organizarse para defenderse, demuestran que la estrategia funciona, a pesar de los cacareos de las autoridades y los partidos políticos sobre la necesidad de que la seguridad del pueblo descanse únicamente en las instituciones represivas del Estado.

Obviamente, la idea de un pueblo organizado y, necesariamente armado, suena a herejía tanto para la burguesía, como para sus sirvientes y para los fariseos pacifistas. La objeción de que comunidades armadas pueden degenerar fácilmente en nuevas bandas criminales o generar conflictos que desemboquen en una guerra civil, esconde dos engaños: primero, que las armas existen entre la población, pero que utilizadas individualmente para la defensa y sin ningún entrenamiento, la probabilidad de morir se incrementa. Segundo, la estrategia de organizar al pueblo para la defensa ha sido utilizada por el Estado históricamente para defender los intereses de la burguesía. Recordemos el papel que tuvieron las defensas civiles durante el conflicto armado.

Los riesgos existen, pero es indiscutible que la clase trabajadora debe procurarse los métodos que le permitan defenderse, con efectividad e independencia, al mismo tiempo que le permitan el mejoramiento de sus capacidades organizativas. 

Es claro que las soluciones duraderas solamente las encontrará el pueblo en la medida que su nivel organizativo y político se vaya elevando y le permita sentar las bases de una futura sociedad, en el que la violencia principal, la apropiación de los medios de vida por parte de un puñado de individuos sea desterrada.

Mientras tanto, el pueblo debe exigir del estado burgués  que cumpla con su obligación  de atender a la seguridad pública, en función sobre todo, de los intereses populares. Exijamos al Ejecutivo y a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, entre otras medidas:

·         Un director de la PNC que no tenga conflicto de intereses, como Rodrigo Avila,  propietario de una empresa de seguridad privada.

·         Un Fiscal General de la República y un Presidente de la Corte Suprema de Justicia capaces y que no sean títeres del Ejecutivo.

·         Oportunidades de empleo con prioridad para jóvenes de zonas marginales en todo el país.

·         Una política integral para el sector agropecuario que beneficie, sobre todo a los pequeños campesinos, no a los agroexportadores.

·         Se investigue hasta el fondo a las organizaciones criminales y se capture a los grandes capos, no sólo a "las bases".