Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental del presente artículo es presentar una visión consecuente con los intereses de la clase trabajadora y demás clases oprimidas, y no criticar la recién aprobada Ley Especial contra Actos de Terrorismo, desde el punto de vista lógico o técnico-jurídico, crítica que abracaría elementos importantes, como el que dicha ley vulnera el "principio de legalidad" al no definir de manera expresa e inequívoca lo que se entiende o debe entender como "actos de terrorismo" y otros señalamientos, sino más bien lo fundamental es trascender en el análisis y aproximarnos a la esencia de la referida ley, así como la esencia de la función represiva, tanto del estado, como del derecho burgués.

El derecho penal, como todo fenómeno histórico-social se encuentra en constante desarrollo. Su devenir histórico se puede dividir en varias etapas, las cuales presentan como fruto ulterior de esa evolución las "garantías fundamentales" esto, dentro de la "democracia burguesa", Según los apologistas burgueses, dichas garantías "limitan", esto es "hacen democrática"  la facultad del Estado en cuanto a la aplicación de leyes penales como la "Ley especial contra actos de terrorismo" que hoy nos ocupa; lo cual, como veremos más adelante, no es más que una falsedad histórica que encuentra y a través de la historia ha encontrado sus límites concretos en el carácter esencialmente clasista del Estado.

El Estado burgués salvadoreño

El moderno estado burgués, para confundir a las clases oprimidas y mostrarse como un ente que se encuentra "por encima de la sociedad" y por consiguiente, por encima de los intereses de las clases sociales y con el propósito fundamental de ocultar su verdadera faz represiva en el contexto del desarrollo histórico conocido como "época humanitaria" dentro del Derecho Penal, época directamente vinculada a la consolidación de la burguesía como clase económica y políticamente dominante, se establece lo que la burguesía llama "garantías fundamentales de la persona", en derecho penal, empezando por el principio de legalidad, que según ellos, "limita la facultad represiva del Estado frente a los ciudadanos".

A la luz de lo anterior, el proyecto de "Ley Especial contra actos de terrorismo" que se aprobó en la Asamblea Legislativa, tiene implicaciones políticas que solamente `pueden entenderse analizando la coyuntura de la lucha de clases en El Salvador y las luchas antiimperialistas a nivel mundial, con movilizaciones crecientes de organizaciones sociales luchando por gran variedad de reivindicaciones: por el agua potable, por aumento salarial, por la protección del medio ambiente, por el alto costo de la vida y con un movimiento social y una clase trabajadora cada vez más autónoma con respecto a la "izquierda electoral", es decir, en un contexto de ascenso general de la lucha de clases y de la conciencia de las masas.

La aprobación del proyecto de ley presentado por el Ministro de Gobernación, René Figueroa, representa un retroceso en cuanto a los espacios y garantías democráticas alcanzadas por el pueblo salvadoreño, aunque no hay que dejar de señalar y enfatizar el carácter esencialmente burgués de dichas garantías y, en general, de todo el derecho moderno. Pero dicho retroceso no debe parecernos extraño, pues históricamente está comprobado que la burguesía y el imperialismo, al ver amenazados sus privilegios en la sociedad salvadoreña, no vacilaron en cerrar y obviar toda clase de garantías y espacios democrático-burgueses y ceder el aparato represivo del Estado al ala más reaccionaria y represiva de la derecha salvadoreña a saber: los militares y los "civiles militaristas".

En este sentido, para el MSTC se hace necesario concientizar a la clase trabajadora y demás clases oprimidas a que abandonemos de una vez por todas la ilusión de un Estado y un derecho "neutrales", que  defienden los intereses colectivos de la sociedad y caigamos en cuenta que el estado no es más que la "organización de la violencia de la burguesía en contra de las clases oprimidas" y el derecho, específicamente la ley analizada, en el fondo, además de violentar el mismo ordenamiento jurídico burgués, implica un ataque de la burguesía dirigido al movimiento social en general y particularmente a la organización de la clase trabajadora, esto es, tomando en cuenta que la utilización política de dicha ley es un "hecho", como lo señalara la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Beatrice de Carrillo, en su opinión: "con una ley como la propuesta, existe el peligro de que la misma sea utilizada para limitar el ejercicio de las libertades públicas de asociarse y expresarse libremente, o para la anulación o restricción del accionar de organizaciones legítimamente existentes, que reivindican demandas justas de la población."

Pero el análisis político de la Procuradora se queda corto, pues de ser aprobada esta ley con todas las irregularidades técnico-jurídicas señaladas, como MSTC no tenemos ninguna duda de su aplicación efectiva en el sentido político de lucha de clases. En otras palabras, por la misma esencia o naturaleza del Estado, léase "clase dominante organizada políticamente", para los fines de la lucha de clases, es decir, para reprimir cualquier voz que cuestione el estado actual de las cosas (Status quo) y para mantener a raya a la clase trabajadora y a las demás clases explotadas; creer lo contrario no sería más que una infantil ingenuidad sólo comparable con creer que el problema de la criminalidad en El Salvador se resuelve estableciendo la pena capital o pena de muerte.

En conclusión, como lo expusieron Marx y Engels refiriéndose a la burguesía: ".vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de vuestra clase". Exposición que sigue teniendo vigencia en la actualidad política salvadoreña y de donde deducimos que tanto el Estado como su hijo legítimo: el Derecho burgués, no son más que el producto del carácter irreconciliable de las contradicciones entre la clase burguesa y las clases oprimidas.