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| Las clases populares salvadoreñas y la política de seguridad del Gobierno |
| Escrito por Jorge Metztli | |||
| Jueves 11 de Agosto de 2011 02:42 | |||
 Hasta marzo de este año eran 854 las personas asesinadas en nuestro país, un promedio de 12 personas asesinadas a diario[1]. Hoy se sabe por un informe de la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) de la Subdirección de Investigaciones de la Policía que hasta el 30 de junio de este año 75 de los asesinados son estudiantes, según lo publica uno de los principales medios de derecha[2], gracias a estas preocupantes estadísticas y al impuesto a los grandes capitales para seguridad que les propone el gobierno a los capitalistas salvadoreños para resolver el problema es que en los últimos días ha recobrado vigencia el debate sobre la violencia social en nuestro país.
La política de seguridad del gobierno actual: continuación de la política de ARENA.
La política de seguridad de los gobiernos areneros tenían como ejes principales la construcción de más prisiones (Zacatrás construida durante el mandato de Francisco Flores), leyes de corte autoritario de “Mano dura” contra las pandillas, la inclusión de las FFAA en tareas policiales mediante los Grupos de Tarea Conjunta (GTC), Leyes de excepción y jueces blindados ( durante la gestión de Tony Saca); a todo lo cual en el actual gobierno de “izquierda” se le da continuidad y se profundiza: los GTC ahora Grupos Conjuntos de Apoyo a la Comunidad están en el interior de las escuelas e institutos de educación; en términos generales se ha concluido con la militarización del país, Funes sancionó en televisión la Ley que “proscribe a las pandillas”; anunció, demostrando una enorme ignorancia sobre el tema, la conscripción obligatoria de menores en riesgo. Esta política de seguridad de corte tradicional derechista aplicada ahora por los socios de “izquierda” ha desembocado en la criminalización social y política de la actividad juvenil, es decir, en el terreno ha llevado a criminalizar sin excepción a los jóvenes de las clases populares y de aquellas concentraciones urbanas donde operan las pandillas.
Desde nuestra perspectiva solo una salida estructural resuelve el problema y esa salida se llama inversión en educación estatal, gratuita y de calidad y empleo digno para todos y todas.
Uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema capitalista lo constituye el ejército industrial de reserva, es decir, aquella población económicamente activa que no encuentra empleo, es una necesidad para el sistema que existan esos centenares de miles de parados (desempleados) al igual que los centenares de miles de trabajadores informales, todos ellos forman parte de ese ejército industrial de reserva; fuerza de trabajo que hace presión hacia la baja de los salarios. Los asesinatos de jóvenes de las clases subalternas son parte de los efectos de un sistema económico que necesita regular el ejército industrial de reserva del capital. Los jóvenes son llevados a matarse entre ellos, en esa doble condición de víctimas y victimarios[3], lo que instrumentalizado por los medios de comunicación, además de dejar réditos político electorales minimiza o vuelve invisibles otros problemas-causas estructurales de dicho fenómeno de violencia juvenil, a saber: el proceso abortado de industrialización del país y de América Central en general, la negación sistemática de la educación, la cultura y el arte para las clases populares como producto de la súper explotación a la que son expuestas, la falta de empleo digno; muchos de los jóvenes, tanto víctimas como victimarios “…son hijos de padres que no conocieron empleo estable y en muchos casos nietos de abuelos que tampoco lo tuvieron.…”[4]. Esto es lo que nos lleva a establecer que en el actual orden de cosas es imposible encontrarle una solución efectiva al problema de la violencia social.
Nuestra política: aumento de impuestos a los ricos y a los grandes capitales para financiar la educación obligatoria, gratuita y de calidad a todos los niveles; y reducción de la jornada laboral.
Así desde nuestra perspectiva, creemos que solo una salida estructural, es decir que resuelva principalmente los problemas que tienen que ver con el financiamiento de la educación a todos los niveles, para que sea gratuita, obligatoria y de calidad y que se asegure un empleo digno para todos y todas, es la solución al problema de violencia social y criminalidad que aqueja no sólo a nuestro país sino a toda la región. En ese sentido disentimos y denunciamos la política de seguridad actual por ser de corte autoritario y por criminalizar social y políticamente la actividad juvenil.
Es por eso que creemos en la idea de gravar a los grandes capitales con un impuesto, aunque por si solo resulte insuficiente, por eso además, consideramos que se debe impulsar una reforma tributaria donde se eleve el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los que más ganan más, es decir, para los ricos o empresarios. Con Cristiani a esta clase social se les redujo en un 50% el ISR, por eso el país posee la más baja carga tributaria en la región, porque la burguesía salvadoreña nunca le ha gustado pagar impuestos.
A diferencia de lo que propone el gobierno, esos ingresos deben ser destinados a garantizar a los jóvenes educación obligatoria, gratuita y de calidad a todos los niveles y como complemento indispensable asegure empleos dignos con salarios suficientes que permitan el acceso generalizado a la cultura y al arte; y no como está planteado actualmente: para invertirlo en más policías, soldados y cárceles. Para asegurar ese complemento, se debe impulsar la reducción de la jornada laboral y que se abran más turnos de trabajo, para generar más empleos para la juventud e incrementar la productividad. Solo así acabaremos con el problema estructural de la delincuencia y la violencia social que abate a nuestro país.
[1]Disponible en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5659263
[2] Disponible en: http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/203989-policia-confirma-75-crimenes-de-estudiantes.html
[3]Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Secretaría General) Pandillas Juveniles y Gobernabilidad Democrática En América Latina y el Caribe / ed. Luis Guillermo Solís Rivera. – 1a. ed. – San José, C.R.: FLACSO, 2008.
[4]Ídem.
 
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