Atizando nuevos “baguazos”

 

Alan García repitió en Chala lo que hizo en Bagua el pasado 5 de junio: trató de ahogar en sangre una lucha social, esta vez la huelga de los mineros artesanales. Y el tiro le volvió a salir por la culata.

 

Los mineros artesanales se declararon en huelga indefinida en protesta por la imposición del Decreto de Urgencia 012, que cerraba abruptamente la zona de Madre de Dios a la extracción minera, colocando fuera de la ley a las explotaciones allí existentes y ello, por supuesto, anunciaba lo mismo para el resto del país. Por eso la huelga fue acatada en otros lugares del país como Ica y Arequipa, principalmente en la zona de Chala.

 

A pesar de los diversos problemas existentes en esta actividad, como la superexplotación de trabajadores, muchas veces en condiciones infrahumanas, y el grave impacto ambiental que afecta a pequeños agricultores y a la propia población, en este conflicto se definió con claridad la ubicación del campo obrero y popular: con los huelguistas y contra el gobierno. La razón de fondo: esta minería constituye una fuente de supervivencia para mucha gente ante el masivo desempleo que hay en el país, y la “solución” del gobierno no tomó esto en consideración pues su objetivo tiene que ver más con los intereses de la gran minería que con la defensa de los trabajadores y del medioambiente.

 

Según especialistas, solo en la minería del oro hay 80 mil trabajadores directos en 17 regiones, y 160 mil trabajadores indirectos; en conjunto cargan con 720 mil dependientes. Hay casi un millón de involucrados.

 

El gobierno pactó el decreto con la gran patronal minera, que tras la falsa preocupación ambientalista lo que en realidad busca es ocupar las extensas áreas que explotan los mineros artesanales. Para imponer este decreto Alan García siguió el mismo libreto que utiliza contra las luchas populares: declaró “estado de emergencia” en amplias regiones del país, y ordenó un fuerte despliegue represivo intentando acabar con la huelga. Desde la derrota gubernamental del “baguazo” los conflictos se habían multiplicado, por eso García trató de infligirles a los mineros una lección de sangre para que su ejemplo no sea seguido por otros; la cruenta represión costó la vida de 6 personas y ocasionó 27 heridos de bala. Pero, como en el “baguazo”, los mineros remontaron la represión, radicalizaron la lucha e hicieron retroceder al gobierno.

 

La represión y los muertos enardecieron más a los mineros, radicalizando el bloqueo de la Panamericana Sur. Al mismo tiempo desató una ola de indignación nacional frente a los hechos de sangre. Alan García, que envalentonado había declarado que no dialogaría, al tiempo que ordenaba la captura de los dirigentes de la huelga, al final tuvo que aceptar las negociaciones, liberó a todos los detenidos y aceptó un acuerdo que deja en suspenso la aplicación de la mencionada ley, con cargo a su “mejoramiento” y la conformación de una comisión multisectorial que determinará los mecanismos y plazos para la formalización de este sector. Tuvo que mostrar otra cara pero no pudo disimular su derrota.

 

Gobierno profundiza su crisis en medio de ascenso obrero y popular

 

Esta nueva derrota profundiza la debilidad y crisis del gobierno y reafirma la tendencia a nuevos baguazos y alzamientos populares contra la continuidad de la política económica y represiva del gobierno.

 

Hay doscientos conflictos potenciales en todo el país, de los cuales cuatro están en curso, uno de ellas en Islay, Mollendo, en Arequipa, contra el Proyecto Tía María que, contra viento y marea, quiere imponer Southern Perú. Otros conflictos son de sindicatos obreros contra el abuso de la patronal. Shougang, por ejemplo, a pesar de que sus ventas se incrementaron en 2009, ha aplicado un recorte de 73% en las utilidades pagadas a los trabajadores. En Celima, las utilidades también se incrementaron sustancialmente, pero se recortó la participación de los trabajadores. En Cobriza, se pretende que los obreros paguen los costos de la paralización de Doe Run.

 

Los despidos continúan no por exceso de personal sino porque se busca debilitar la organización sindical. En Celima se ha echado a la calle a medio centenar de trabajadores, en su mayoría sindicalizados. En Shougang, como represalia de la reciente paralización, se han cursado 50 cartas de pre-despido.

 

La indignación se extiende porque el gobierno mantiene congelado el salario mínimo que cobra el 70% de la masa laboral y que es el más bajo de toda la región latinoamericana. Es evidente que con 550 soles y un alza constante del costo de la vida nadie vive; aún un salario promedio de 1300 soles que obtienen algunos sectores de la minería, está por debajo de la canasta básica que oficialmente se considera como ingreso de una familia pobre.

 

El endurecimiento represivo es la respuesta del gobierno a su creciente debilidad para controlar esta ola de protestas que se extiende por todo el país, y a su contumacia de garantizar a cualquier precio el “orden” y la “estabilidad” que requiere la continuidad del plan económico que le produce jugosas ganancias a las multinacionales y los capitalistas.

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fuente: Bandera Socialista abril/2010