El gobierno de Alan García, al mismo tiempo que descarga una ofensiva contra los maestros y los trabajadores, promueve desaforadamente la pena de muerte en alianza con el fujimorismo y la ultraderecha. Con ello, busca crear circo barato a falta de soluciones reales para las demandas populares, pero lo que quiere en verdad es sustraerse de las cortes de justicia supranacionales para preservar la impunidad del genocida Fujimori y la suya propia.

Es algo más que evidente que la obsesiva campaña por la pena de muerte -que el Congreso ya archivó para los casos de terrorismo, y ahora se pide para violadores de niños-, busca colocar un pretexto para abandonar la jurisdicción vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para periodistas y analistas políticos esto es un contrasentido, pues lo que el gobierno debería impulsar es el equilibrio en el ambiente politico así como el respeto a los tratados internacionales; si no -afirman- cuál sería el valor en el futuro de un tratado como el TLC. Entonces Alan García debe tener un motivo de peso para insistir en ese despropósito, y ese motivo es la aguda crisis que se generaría en el gobierno ante una sentencia de la CIDH por el caso de la matanza de 120 presos en el Frontón, en 1986, que involucre a García, y/o al vicepresidente Luis Giampietri y al ex ministro y ex secretario general del Apra, Agustín Mantilla (actualmente en prisión por haber recibido dinero de Valdimiro Montesinos).

La Corte Interamericana ya falló indemnizar a las familias de dos presos muertos y ordenó que se investigue y sancione a "todos los responsables". Un fallo más próximo es el referido al asesinato de Saúl Cantoral en 1989, mientras lideraba una huelga nacional de los trabajadores mineros. Según Caretas, "ha trascendido que la condena será enérgica y ejemplar, pues es uno de los primeros fallos de la Corte relacionados con crímenes de paramilitares".

"El debate alrededor de la pena de muerte ha dado paso a una conjura para lograr el desmantelamiento del sistema de Derechos Humanos en el país. Las voces más reaccionarias, ahora amigas del gobierno, exigen el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y encuentran eco en los corifeos de una prensa derechista exacerbada" (Caretas, 25/01/07)  Los fallos que ya emitió la corte en los casos de La Cantuta y la matanza de los penales de 1992, complican gravemente la situación judicial de Alberto Fujimori.

Ahora sabemos a qué "bombas de tiempo" se refería Alan García cuando denunció a Toledo antes del final de su gobierno; y es que Toledo autorizó el "allanamiento" del Estado peruano ante la CIDH para los casos señalados, lo cual iba a significar acatar los fallos. Por eso el gobierno ha estallado en furia y ha denunciado constitucionalmente a Toledo por haberse allanado, es decir por haber aceptado la responsabilidad del Estado en atropellos a los derechos humanos, lo cual naturalmente no ha hecho más que convertirlo en una especie de adalid de la democracia, a pesar de su gestión tan servil a las multinacionales como la de García, y tan llena de mentiras y traiciones a la promesa electoral.

Muchos se preguntan hasta dónde quiere llegar García. Lo cierto es que cada día que pasa se parece más a Fujimori. Al mismo Fujimori que en 1992 cerró el Congreso e instauró un régimen dictatorial civil militar al servicio del plan neoliberal, contra los trabajadores y el pueblo, plasmado en el orden constitucional de 1993, hasta hoy vigente. Ollanta Humala habla de fujimorización del régimen de García. García ha reconstituido la alianza político social de la época fujimorista (ultraderecha, Opus Dei, Fuerzas Armadas); aunque a diferencia de Fujimori de los primeros años, que creó un amplio apoyo social basado en la limosna y la dádiva, e incluso en algo de obra pública con parte de los ingresos de la privatización, García aplica la fórmula de la "austeridad" frente a innumerables demandas de las masas trabajadoras.

La alianza de García es por tanto muy precaria y su apuesta por el autoritarismo viene con mecha corta. Ocurre que quiere reproducir el fujimorismo del momento más duro (1992-1995) en las condiciones sociales de la decadencia fujimorista (1997-2000). Y si bien los niveles de aprobación a su gestión están en 57%, son 11 puntos menos que en agosto, mientras que la desaprobación en el mismo lapso ha escalado de 10 a 29% (encuesta de Apoyo, 19/01/07).

Eso no ha impedido a García lanzar algunos golpes autoritarios, como la represión al pueblo de Abancay, la agresión al grupo Todas las Voces, la detención arbitraria de ocho comuneros de Chacas, la ofensiva sobre los maestros mediante una seudo evaluación. Y para todo agita el sambenito de terroristas; pero en varios de estos casos los sectores más moderados de la derecha le han enmendado la plana.

El resurgimiento del fujimorismo (o su cómico remedo) con Alan García, y su tendencia autoritaria, tiene además un telón de fondo: la lucha democrática del 2000 nunca fue hasta el final. El fujimorismo supervivió plasmado en el sistema político y el orden económico a través de la Constitución de1993. Los cuestionamientos a este orden tienen que provenir del exterior, por medio de la CIDH.

La liquidación total del fujimorismo ya era una tarea democrática pendiente de la clase obrera y todo el pueblo. Hoy que ese régimen vuelve a asomar con García es momento de retomar la tarea. La lucha democrática es indesligable de la lucha por la sanción a los genocidas y violadores de libertades democráticas, por la restitución de las conquistas laborales, por la libre desafiliación de las AFP, contra la privatización-municipalización de la educación, de la salud, y por la renacionalización de las empresas privatizadas, así como contra las exoneraciones tributarias de las mineras, entre otros puntos de una amplia plataforma obrera y popular.

El "gemelo" de García en Colombia

En Colombia, también el derechista gobierno de Uribe busca salirse de la CIDH, por razones muy similares a García pues a ambos los une la comisión de genocidios y ejecuciones extrajudiciales. La CIDH señaló en su sentencia de julio 2006 la responsabilidad del Estado colombiano por el desarrollo de estrategias de tipo paramilitar, ahora se trataba de las masacres perpetradas en Ituango (Antioquia) en 1996, mientras Uribe se desempeñaba como gobernador de ese departamento. La Corte concluyó que "las autoridades no adoptaron las medidas preventivas a pesar de saber que existía una incursión paramilitar en Ituango" y que las "masacres en Ituango fueron realizadas por grupos paramilitares que actuaron conjuntamente con las fuerzas armadas de Colombia". García y Uribe se disputan el ruin honor de representar al genocida Bush en América del Sur.

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