AUSTERIDAD Y AUTORITARISMO PARA EL PUEBLO...

El Estado sigue siendo incapaz de atender hasta las más elementales necesidades de educación y salud; por ejemplo, siguen siendo los padres quienes tienen que acondicionar o reparar las aulas de sus hijos y pagar las cuotas impuestas, ante la hipócrita "preocupación" del gobierno.

Alan García no conoce límites en su obsesión por satisfacer al gran capital y socavar las posiciones de la clase trabajadora. Hace unos días ha revelado su ilusión de lo que deberían ser los derechos laborales de un obrero peruano. Ha dicho "un número de derechos laborales básicos: salario mínimo por ocho horas de trabajo, acceso a la seguridad social y de pensiones, y recién con el tiempo acceder a un número mayor de beneficios".

Es exactamente lo que vienen pidiendo los gremios patronales, para quienes las vacaciones tienen que ser recortadas en función de la antigüedad en el trabajo; la compensación por tiempo de servicios debe suprimirse a cambio de un "seguro de desempleo" por cuenta del Estado; y, cómo no, todos aquellos beneficios conquistados como asignaciones familiares, participación laboral en los beneficios de la empresa, etc. deberían ser eliminados pues son considerados "sobrecostos laborales".

Como dando el ejemplo o sentando precedente, el propio gobierno ha puesto en práctica ese modelo laboral mediante su programa "Construyendo Perú", que se suma a los regímenes especiales como el tristemente célebre "servicio no personal", a "trabajar urbano" o "pait", y el régimen laboral de las pymes. Junto con ello nuevamente fustigó a todas aquellas posiciones que defienden los derechos laborales, como si fueran privilegios de comechados.

Es el colmo de la desfachatez, que un gobierno que se negó a tocar las exorbitantes ganancias de las multinacionales mineras, se dedique a atacar, con todo el peso del poder del Estado, los modestos derechos de los trabajadores, que reciben una parte ínfima de la torta, a pesar de ser los verdaderos productores de la riqueza.

Por otro lado, el gobierno volvió a atacar a los maestros anunciando que su plan de municipalización-privatización de la educación sigue en marcha, afirmando (desde su posición de primer mandatario del Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas) que no le tiene miedo a un pequeño sindicato, en clara alusión a su propósito de aplastar al Sutep.

La soberbia contra los trabajadores -a pesar de que en su campaña electoral se comprometió a defenderlos de los abusos de la patronal- es lo único que viene funcionando en el actual gobierno que ya traspasó los 180 días de gestión.

El voceado "shock" de inversiones se ha ejecutado -según denuncia de la ultraderechista Lourdes Flores- apenas en un 8%; esto a pesar de que de shock no tiene nada pues son apenas 1,897 millo nes de soles que presumiblemente mermarán por la acción burocrática. Sólo el déficit alimentario en el Perú está estimado en

2.057 millones de soles; y esa cifra sube a 12,300 millones si se incluyen otras necesidades básica insatisfechas.

Por esa razón el Estado sigue siendo incapaz de atender hasta las más elementales necesidades de educación y salud; por ejemplo, siguen siendo los padres quienes tienen que acondicionar o reparar las aulas de sus hijos y pagar las cuotas impuestas, ante la hipócrita "preocupación" del gobierno.

Tampoco puede atender emergencias como el fenómeno del Niño, que durante los meses de enero y febrero ha ocasionado 27 muertos, 43 heridos, 3,744 personas damnificadas y 485,182 personas afectadas, según informe del Instituto de Defensa Civil. Medio millón de personas viven un terrible drama, y como todo apoyo reciben -si es que reciben algo- mantas, algunos alimentos, y una Biblia para rezar por su futuro.

Austeridad y negociados

Para justificar su autoritarismo contra los trabajadores, el gobierno ha venido soltando un discurso de austeridad y discreción en el manejo del Estado, tratando de oponer una imagen de honestidad y trabajo frente a la de indolente frivolidad que caracterizó al gobierno anterior. La verdad detrás de esa imagen no ha tardado mucho en aflorar al haberse develado lo que sería apenas una parte del millonario sistema de corrupción que involucra a las altas esferas del gobierno, y no a simples funcionarios como se pretende

mostrar.

El escándalo de la fraudulenta compra de 469 patrulleros, con una sobrevaluación de 3.6 millones de dólares, ha provocado la primera crisis ministerial con la salida de Pilar Mazeti de la cartera del Interior, protegida hasta el último minuto; y el nombramiento de Luis Alva Castro ha provocado un cuestionamiento desde distintos sectores políticos, lo que pone en evidencia el restringido radio de acción que tiene el autoritarismo de García: sólo hay unidad en la burguesía para golpear a los trabajadores.

Dicho sea de paso, el ingreso de Alva Castro al ministerio del Interior, supuestamente por presión del aprismo que pugna por cuotas mayores en la torta del Estado, ha significado un cambio en la suerte de Agustín Mantilla, personaje ligado al accionar del comando paramilitar Rodrigo Franco en los años ochenta. En efecto, según informa el diario Gestión (28.02.07), la magra economía de Mantilla se reflejaba en su llegada en taxi a los juzgados. "Sin embargo desde ayer el panorama fue otro. El ex brazo derecho de Alan García arribó al juzgado en una lujosa camioneta con lunas polarizadas y además contó con seguridad en todo momento, tal y como sucedía cuando era ministro del Interior". Mantilla habría entonces recuperado sus influencias mientras está siendo juzgado por casos de corrupción en el régimen de Fujimori-Montesinos y por la matanza en el penal El Frontón, y estando ad portas de responder por el asesinato del dirigente sindical minero Saúl Cantoral.

El silencio de los corderos

En medio de esta situación de crisis ministerial y corrupción, al gobierno le ha caído como una bendición las reacciones de las principales direcciones sindicales del país. En efecto, por un lado el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, no sólo impulsa la aprobación de la Ley General del Trabajo que está asentado en el régimen laboral implantado por Fujimori, sino que se muestra muy conciliador con la patronal que no quiere ni siquiera esa ley.

Huamán no ve ningún inconveniente en aparecer promoviendo valores de la mano con el máximo representante de una patronal que no se caracteriza precisamente por practicar valores, en el marco de la campaña impulsada por el gobierno en el tema de la puntualidad, como si realmente este gobierno también cultivara valores.

A propósito de este tema, la puntualidad para los trabajadores es una verdadera proeza, pues se ven obligados a utilizar un servicio público caracterizado por un colapso total que le exprime el poco tiempo y energías que todavía le queda antes y después de la jornada de trabajo. En cambio la burguesía tiene todas las condiciones a su favor para ser puntual y sin embargo no es precisamente su práctica usual, en un país y un mundo donde los rangos son proporcionales a los tiempos de tardanza.

A pesar de esto, la tardanza figura en el proyecto de Ley General del Trabajo como una nueva causal de despido. En fin, el gobierno ataca sistemáticamente a los trabajadores y Huamán, "no se oye padre", no hay en agenda ninguna medida de protesta.

Por otro lado, el CEN del Sutep no solo ha mantenido su política de desmovilización a pesar de la ofensiva que el gobierno está descargando contra el magisterio nacional y la educación pública, rechazando o desmintiendo la posibilidad de una huelga o cualquier medida de lucha, sino que además hizo un público mea culpa respecto al asunto de la evaluación punitiva del gobierno.

Con esto le hizo a éste un tremendo favor, parcializándose con él en la confrontación que lleva a cabo contra la gran mayoría de los maestros; hasta el momento todavía hay, según el gobierno, 90 mil maestros, 32% del total, que no han participado en la evaluación, pero evidentemente son muchos más; todos ellos han sido traicionados nada menos que por sus propios dirigentes. El próximo Congreso Nacional del Sutep tiene la palabra.

Pero si las direcciones van por el camino de la claudicación, las bases van por el camino de la lucha y la resistencia. Un grupo de sindicatos y federaciones vienen impulsando una Coordinadora de Gremios que permita organizar la respuesta obrera al gobierno aprista. La Federación Minera tiene en agenda el acuerdo de una huelga nacional minera.

Por otro lado, los estudiantes universitarios han dado una primera y contundente respuesta ante los distintos proyectos privatizadores de la educación, con una movilización hacia la vivienda de Martha Hildebrandt, promotora de uno de ellos.

Estas condiciones no sólo permiten afirmar que es posible organizar una gran respuesta obrera y popular al gobierno de García y el Apra, para frenar su ofensiva autoritaria contra los trabajadores, sino también, a caballo de esta lucha, erradicar de los organismos gremiales a las direcciones claudicadotas que trabajan a favor del gobierno y la patronal.