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| Puno, apoya a la lucha de Aymaras y Quechuas |
| Escrito por Nuevo PST - Perú | |||
| Miércoles 24 de Agosto de 2011 21:41 | |||
 Aymaras y Quechuas realizan una dura lucha contra toda actividad minera en sus localidades y en defensa de sus tierras.Al iniciar su segundo gobierno en el 2006, Alan García heredó un promedio de 84 conflictos sociales. A pocos días de dejar el poder, su gestión los triplicó.
El actual conflicto en Puno comenzó el 8 de mayo, pero fue ignorado o minimizado por el gobierno. La lucha ya venía de más atrás, inicialmente era contra una minera canadiense, pero el desdén del gobierno atizó el conflicto hasta que se radicalizó y trascendió las fronteras del país, llegando a bloquear vías de comunicación cerca a la frontera con Bolivia, las vías de penetración a la selva y el corredor Cusco-Puno.
La protesta social ha socavado la autoridad del presidente regional Mauricio Rodríguez. El gobierno se vio obligado a tomar algunos acuerdos con las autoridades regionales donde se estipulan que no se otorgarían más concesiones mineras sin consulta previa; que el proyecto minero Santa Ana deberá realizar un proceso de consulta antes de la explotación y obtención de beneficios; la suspensión por 12 meses de más concesiones mineras en las provincias de Chucuito, Yunguyo, Collao y Puno (Decreto Supremo 026-2011) y se anunciaba la formación de una comisión multisectorial que revisaría las concesiones mineras entregadas. Pero estos acuerdos se realizaron sin los representantes de las organizaciones populares por lo que ellas las desconocieron y tomaron como un engaño y una mecida del gobierno. El conflicto escaló y hoy en día se pide la anulación de todas las concesiones mineras así como la derogatoria del Decreto Supremo 086-2007.
Las concesiones mineras definirán el futuro gobierno de Humala
En la medida que este conflicto se da al final del gobierno de Alan García y la próxima toma de posta de Ollanta Humala se puede prever que el futuro del próximo gobierno se jugaría básicamente en el campo de las explotaciones mineras y de los recursos naturales como el gas. Ya desde la segunda vuelta, el nuevo presidente comenzó a morigerar el tono de su discurso que había generado expectativas. En este sentido, el impuesto a las sobreganancias mineras podría ser el menor de los problemas que enfrente, pues la lucha de los puneños plantea directamente la anulación de las concesiones mineras en toda la región.
Más de la mitad de los actuales conflictos son de carácter socioambiental y por la explotación minera. En este sentido el pueblo de Puno es uno de los que más viene respondiendo y para muchos es una amenaza que su reclamo se extienda. Su lucha se inició en marzo contra el proyecto minero de Santa Ana y que obligó a las autoridades regionales de Puno a emitir una ordenanza suspendiendo el otorgamiento de concesiones mineras, atribución que se irroga el ministerio de Energía y Minas.
Para los pueblos del interior no hay consulta ni canon minero solo pobreza y abandono
El conflicto antiminero en Puno, que ya lleva más de un mes, ha cuestionado el argumento central del gobierno y sus defensores: que la explotación minera junto a la inversión extranjera son “indispensables para el desarrollo del país”. Los hechos muestran otra cara: pueblos abandonados y en el atraso. El desarrollo es esquivo para estos pueblos mientras los beneficios se quedan en los bolsillos de los grandes inversionistas y básicamente se concentra en Lima.
Esta parte del Perú, indignado y ahora convulsionado es lo que deja como herencia el gobierno aprista. Y es la marca de un Estado de características oligárquicas y semicolonial que opera a favor de unas pocas transnacionales.
La lucha antiminera de las comunidades Quechuas y Aymaras en el sur del país revelan que un gran segmento de la población del interior del país no es parte del 7.2 % del crecimiento económico y de toda la “prosperidad” que se ufanan políticos y tecnócratas del sistema.
Las inconsistencias de la explotación capitalista, las grietas de la penetración imperialista en estos pueblos del ande peruano que no toman en cuenta la cosmovisión, ni la cultura de las comunidades originarias ha puesto de presente un conflicto de nacionalidades (que trasciende nuestro país). Detrás del conflicto minero en Puno se revela también los prejuicios sobre el hombre y la cultura andina desde una mirada del capitalismo occidental, limeño y centralista.
El gobierno de Alan García fiel a su política del perro del hortelano y consumado represor, pretendió doblegar la lucha, envió contingentes policiales, sacó al ejército, denunció penalmente a sus dirigentes, sin embargo no puedo doblegar el espíritu rebelde de su población. La lucha actual revela la existencia de problemas estructurales irresueltos y de pueblos que no quieren ser burlados y que luchan en defensa de sus tierras, su cultura y tradición.
Los trabajadores y pueblos del Perú estamos en la necesidad de expresar nuestra solidaridad y apoyo para el triunfo de la lucha de Aymaras y Quechuas. 
 
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