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La semana pasada, en los países miembros de la UE, se realizaron las elecciones al parlamento europeo, un organismo que, hasta ahora, tiene una función más simbólica que real. En España, se evidenciaron las dos tendencias más generales de la elección en el continente. Por un lado, se mantuvieron los altísimos índices de abstención: sólo participó el 46% del electorado.
Tal como señala el comunicado de Corriente Roja, esta abstención “es el reflejo del descrédito entre la población del viejo continente de una Unión Europea (UE) que ha mostrado, de nuevo, su papel de instrumento de la Europa del Capital”.
Por el otro, el mejor resultado electoral lo obtuvieron las organizaciones burgueses de derecha que superaron a los partidos de “izquierda” de los regímenes imperantes. En el caso de España, el Partido Popular obtuvo el 42,23% de los votos contra 38,51 del PSOE, en el gobierno.
En ese marco, la lista de Iniciativa Internacionalista – La solidaridad entre los pueblos (II-SP), si bien no obtuvo diputados, realizó una muy buena elección, más aún considerando las condiciones y los ataques de que fue objeto. Surge así como una incipiente alternativa para una vanguardia de luchadores del Estado español.
El Estado español: cárcel de pueblos
Para entender las características actuales del Estado español, su actual régimen político y las fuertes contradicciones que presenta, es necesario ver brevemente un poco de la historia de cómo se conformaron.
La unidad del actual Estado español es el resultado de un largo proceso que se desarrolla, luego de la expulsión completa de los “moros” (los musulmanes) del territorio, entre los siglos XV y XVIII. Sin embargo, a diferencia de otros países europeos, esta unidad no es llevada adelante por la burguesía más desarrollada económica y culturalmente sino por un sector burocrático-administrativo-militar centrado en Madrid y Castilla, con fuerte peso de la Iglesia católica.
De esa forma, la monarquía castellana se impone y pasa a oprimir otras nacionalidades con raíces culturales y lingüísticas propias como los vascos (en este caso, con un idioma completamente diferente de las lenguas romances), los catalanes o los gallegos. Por eso, al Reino de España se le aplica perfectamente la caracterización de “cárcel de pueblos” que los marxistas daban al imperio ruso antes de la Revolución de Octubre.
Desde entonces, estuvieron planteadas tanto la lucha por una República burguesa democrática y la eliminación de la monarquía, como la lucha de las nacionalidades oprimidas por sus derechos. Durante un corto período del siglo XIX, entre 1873 y 1874, existió la I República, rápidamente derrocada por los monáquicos.
Las contradicciones del Estado español se acentuaron con el desarrollo capitalista y la época imperialista, y estallaron con toda crudeza en la década de 1930, en la Revolución Española, la instauración de la II República y la guerra civil (1936-1939). El triunfo de las fuerzas fascistas y el largo régimen dictatorial de Francisco Franco profundizaron su carácter de “cárcel de pueblos”. En las nacionalidades, junto a las formaciones burguesas nacionalistas, surgieron también organizaciones y corrientes independentistas más radicalizadas, como el caso de ETA en el País Vasco.
La transición
Durante los años 60 e inicios de los 70, se desarrolló en España un fuerte ascenso de las luchas contra un régimen franquista cada vez más declinante, incluso por el propio envejecimiento del Generalísimo. La crisis económica, por un lado, y el descontento cada vez mayor contra el régimen franquista, por el otro, abrieron la posibilidad del derrocamiento revolucionario del régimen, con los trabajadores a la vanguardia de esa lucha.
Para evitar esta alternativa, los sectores más lúcidos del franquismo, como Adolfo Suárez, elaboraron la política de la “transición”, para “reciclar” el régimen y “democratizarlo” salvando los aspectos centrales del poder económico, político y militar de los sectores burgueses ligados al franquismo.
De la “transición” surgió el actual régimen político que combina instituciones de la democracia burguesa, como la elección por voto popular del Parlamento y del Presidente de Gobierno, con la reinstauración de la monarquía y la persona del rey como la expresión institucional del Estado español (Juan Carlos fue electo personalmente por Franco para esa función). La actual constitución española es tan reaccionaria en este sentido que incluso criticar al rey es considerado delito y hay varios activistas antimonárquicos enjuiciados por ello.
Al mismo tiempo, para eludir el reconocimiento de las nacionalidades, se implementó una política que podemos llamar de “café para todos”: se crearon las “comunidades autónomas” por todo el territorio, con gobiernos y parlamentos regionales, como espacio para sus burguesías. Pero es sólo una cobertura más “democrática” para la “cárcel de pueblos” porque las “comunidades”, si bien acabaron teniendo atribuciones administrativas y redistribuyen una parte de los gastos del Estado, no tienen ningún derecho real de autonomía. El criterio subyacente sigue siendo el lema de la derecha: “España única e indivisa”.
La transición, y el robo que ella representó a las aspiraciones democráticas del pueblo y de las nacionalidades, no hubiera podido ser exitosa sin la traición de aquellos partidos que dirigían a las masas como el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el Partido Comunista Español (PCE), cuyos dirigentes (Felipe González y Santiago Carrillo, respectivamente) firmaron, en 1977, los Pactos de la Moncloa, acuerdos económicos y políticos que sellaron la “transición”.
Cuarenta años después de la Revolución Española, los dirigentes de aquellos partidos cuyos militantes habían dado sus vidas en la guerra civil aceptaban la monarquía y, como un símbolo de su traición, realizaban la genuflexión ante el rey. El mismo camino seguían los dirigentes de las centrales obreras que influenciaban: Comisiones Obreras – CC.OO (el PCE), y la UGT (el PSOE).
El PCE fue perdiendo peso y sufrió diversas crisis, pero se mantuvo claramente dentro del régimen, como lo muestra sin dudas la posición de Willy Meyer (principal candidato de IU -coalición que integra el PCE- en estas elecciones) que respaldó la ilegalización de la lista de II-SP. El PSOE, por su parte, se transformó en uno de los pilares centrales de este régimen, gobernando varias veces el país, como sucede en la actualidad.
La crisis pega duro al imperialismo español
España fue uno de los primeros países imperialistas. Pero este carácter de “viejo” imperialismo se expresó también en una fuerte decadencia en el siglo XIX y la primera mitad del XX. A partir de los años 60 y 70 comenzó un proceso de modernización y desarrollo capitalista que se profundiza a partir de la integración a la UE, en la década del 90.
Como parte de este proceso, el país vive una reconversión productiva. Por un lado, la burguesía aceptó un plan de reducción de su industria (especialmente la metalurgia y la naval) Por el otro, amplió su espacio como centro turístico y comercial. Al mismo tiempo, se reforzó su papel de subimperialismo, especialmente de capitales alemanes y estadounidenses. De eso forma, ganó fuerte peso económico en Latinoamérica (a través de grandes empresas como Banco Santander, Telefónica, Repsol, etc.), e incluso en Cuba, especialmente en el sector de turismo.
Dentro del país, la economía se centró esencialmente en la creación de una gran “burbuja inmobiliaria” (proporcionalmente superior a la de EEUU) que impulsó una hipertrofia del sector de la construcción. Por ejemplo, España tenía, a finales de 2005, un parque de 23,7 millones de viviendas para un total de 15,4 millones de hogares (datos del Banco de España), Es decir, un promedio de 1,54 viviendas por cada hogar español, la tasa más alta del mundo.
En ese marco, la crisis económica internacional ha golpeado al país con mucha fuerza: la economía española se contrajo un 3% en la tasa interanual (comparada con el msmo período de 2008) en el primer trimestre de 2009 y un 1,9% en la tasa intertrimestral (comparada con el trimestre anterior), los peores resultados desde 1970. Como consecuencia de ello, en abril pasado, el desempleo alcanzó la alarmante cifra de 17,36% (3,45% más que el trimestre anterior), el más alto de la Unión Europea. Sólo en los últimos doce meses, se destruyeron 1.311.000 puestos de trabajo, lo que se suma a las cerca de 500.000 personas que no pudieron conseguir su primer trabajo. (datos extraídos de www.economiadehoy.com).
Las luchas
En ese marco, no es de extrañar que la situación previa a las elecciones mostrase un incremento de las luchas de diferentes sectores, especialmente trabajadores y estudiantes universitarios, que se suman a las históricas reivindicaciones de las nacionalidades.
Por un lado, han estado las luchas contra los ERE’s (Expedientes de Reestructuración de Empresas, mecanismo legal con que las empresas legalizan los despidos), con movilizaciones muy significativas, en particular, en el sector del automóvil. Trabajadores como los de la multinacional norteamericana del transporte de mercancías UPS protagonizaron una larga y victoriosa lucha en Madrid. También hubo importantes movilizaciones en defensa de la enseñanza pública y una manifestación de decenas de miles, en Madrid, que salieron a la calle en defensa de la sanidad pública y contra la privatización del sector, convocados por la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid.
Por el otro, han estado las movilizaciones que, en diferentes ocasiones, realizaron decenas de miles de estudiantes universitarios en su lucha contra la privatización de la enseñanza universitaria que representa el Plan Bolonia (impulsado por todos los gobiernos de la UE).
Incluso, pocos días antes de las elecciones, el 21 de mayo, se realizó una exitosa huelga general en el sur del País Vasco, con miles de personas participando de movilizaciones en Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria. En la última semana de mayo, también se produjeron fuertes enfrentamientos entre los metalúrgicos de Vigo (Galicia) y la Policía, durante movilizaciones de lucha por un convenio colectivo justo.
El surgimiento de II –SP
Lo cierto es que todas estas luchas, y la vanguardia que en ellas participa, no encuentran expresión sindical organizada en las principales centrales, como CCOO o UGT, dando lugar a un incipiente proceso de reorganización sindical. Ni tampoco en el actual mapa político español, con el PSOE como pilar del régimen, IU cada vez más a la derecha y los partidos burgueses de las nacionalidades (PNV, BNG, CiU, Esquerra Republicana) cada vez más integrados al régimen.
En ese marco, surge la coalición que lanza las candidaturas de II-SP en las elecciones al parlamento europeo. Por primera vez, se unían en un frente electoral de oposición al régimen organizaciones y personalidades de la izquierda de las nacionalidades, otras de actuación en el conjunto del estado español, como Corriente Roja (organización que integra el PRT-IR, sección española de la LIT-CI), y activistas y dirigentes de las recientes luchas obreras. Una unidad inédita que se expresaba tanto en la composición de la lista de candidatos como en el programa de la coalición. Por eso, en un corto plazo, II-SP recibió numerosas adhesiones de sectores de intelectuales, sindicalistas, otras organizaciones de izquierda, etc.
Un gran triunfo democrático
Su aparición preocupó a la derecha que inició una campaña de ataques de la que se hace eco el gobierno del PSOE que, a través de la Fiscalía, pide y logra la ilegalización de la lista de II-SP por parte del Tribunal Supremo (TSE), con la falsa acusación de que era la continuidad de Batasuna (organización de izquierda vasca, ilegalizada por considerarla el brazo político de la ETA).
Sin embargo, una fuerte campaña nacional e internacional, sumada a la propia falta de pruebas de la acusación, obligó al Tribunal Constitucional a revertir la decisión del TSE, e II-SP pudo presentarse en las elecciones.
Fue un gran triunfo democrático. Tal como señaló, antes de las elecciones, Alfonso Sastre, uno de los más prestigiosos dramaturgos contemporáneos de habla hispana y primer candidato de la lista: “Independientemente de obtener un escaño o no en Europa, el movimiento de solidaridad que se ha producido a raíz de la nulidad de la candidatura por el Tribunal Supremo, es ya un éxito".
Relacionado con esto, otro éxito de la campaña es que, como dice la declaración posterior de Corriente Roja: “La campaña ha servido para poner en tela de juicio a nivel estatal e internacional esa antidemocrática Ley de Partidos. Y a los que desde el gobierno (del PSOE o del PP) persiguen por delitos de opinión y hacen leyes propias de las dictaduras”.
Resultados y perspectivas
En el marco de una corta campaña, en la que debió sufrir tanto los ataques como el silencio de los grandes medios de prensa, II-SP obtuvo un muy buen resultado electoral, aún cuando no haya logrado elegir un diputado.
En el conjunto del Estado español logró una cifra significativa de votos: 175.895 (1,12%); destacándose claramente los resultados del País Vasco (115.281) y Navarra (22.985), donde se transformó en la tercera fuerza; También los de Cataluña (16.575 ). Para ver la importancia de este resultado, es bueno compararlo con las otras dos fuerzas de izquierda opositoras al régimen que se presentaron: la Izquierda Anticapitalista (ligada al Nuevo Partido Anticapitalista francés) obtuvo 25.280 votos y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), 15.093.
Por eso, nos parecen correctas las primeras conclusiones que hizo pública Corriente Roja, expresando su satisfacción por el resultado:
Esta candidatura nació con un objetivo claro: que se escuchara la voz de los trabajador@s y los pueblos, y sin duda que ese objetivo lo logramos con creces. [..] Pero sobre todo demostraron lo que verdaderamente significa una política de clase, intentar unir a toda la clase obrera y hacer suyas las demás tareas pendientes del resto de los oprimidos. […] Sin ceder a la ideología dominante, contra el atraso y los prejuicios, contra viento y marea se supo defender que no hay unidad de los trabajadores si los trabajadores no somos los máximos defensores del derecho de los pueblos a su autodeterminación, del ejercicio de la soberanía de los pueblos, defendiendo así las libertades democráticas más elementales. […] Estamos más que satisfechos porque la campaña ha permitido romper el cerco a Euskal Herria [País vasco, NdR], y volver a recuperar lazos de unidad entre las organizaciones vascas y la izquierda revolucionaria estatal, relanzando así la lucha por la soberanía de todos los pueblos.
Ahora, se abre un debate sobre como darle continuidad a la unidad y al espacio conquistado para que nazca una alternativa política para miles de luchadores de la clase trabajadora, la juventud y las nacionalidades, en España. Una herramienta imprescindible para todos los que están hartos de las traiciones de la “izquierda” del régimen.
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